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En 1995 Jeremy Rifkin profetizaba que "las tecnologías de software más sofisticadas van a llevar la civilización cada vez más a un mundo casi sin trabajo. El proceso ya ha comenzado". El segundo semestre de 2018 Amazon abrió su tercer smart store, Amazon Go, donde cajeros y dependientes son substituidos por cámaras infrarrojas, sensores electrónicos y algoritmos de aprendizaje profundo y automático con capacidad para gestionar tanto el stock como el cobro a clientes.

Tan solo es un ejemplo de lo que Rifkin avanzó treinta años atrás. Probablemente uno de los más recurrentes cuando se debate acerca de la cuarta revolución industrial, la nueva e imparable revolución digital visible ya en todo tipo de sectores como la movilidad (Uber vs Taxi; Blablacar/autobuses), el alojamiento (Airbnb/hoteles), el financiero (blockchain/bancos), el formativo (digital/presencial) o el de la producción y comercialización cinematográfica (plataformas digitales vs cine tradicional).

Entre un tercio y la mitad de los empleos son susceptibles de ser automatizados durante los próximos 25 años.

En las sociedades económicamente más pudientes se estima que entre un tercio y la mitad de los empleos son susceptibles de ser automatizados durante los próximos 25 años, siendo en buena lógica las ciudades con usos más intensivos en mano de obra aquellas que notarán antes sus efectos, respecto a aquellas cuyo sector tecnológico esté mucho más avanzado y cuente con un mercado laboral más adaptado a los nuevos perfiles que exija el mercado.

Hay quien solo ve ventajas en ello (eficiencia, optimización, democratización, empoderamiento, autonomía, etc…) pero parece indudable que también plantea un futuro amenazador para la estabilidad y la cohesión social, especialmente si no se abordan y toman medidas con suficiente antelación.

El salario ciudadano como alternativa a la sociedad asalariada

El salario ciudadano emerge como una solución destinada a aportar los recursos básicos que posibiliten el ejercicio pleno de la ciudadanía.

Desde la democracia clásica, pasando por toda la tradición republicana, no puede considerarse ciudadano con plenos derechos aquel que no tenga unos medios de subsistencia suficientes. Es la disposición de recursos económicos propios lo que permite la libertad ciudadana: cívica, política, social y económica. Por ello el salario ciudadano emerge como una solución destinada a aportar los recursos básicos que posibiliten el ejercicio pleno de la ciudadanía en ausencia de un mercado laboral capaz de absorber toda la demanda.

Entre sus detractores, el salario ciudadano suele considerarse una suerte de igualitarismo a la baja.

Operativamente, el salario ciudadano se plantea habitualmente con carácter universal, individual, de modo que cualquiera lo percibiría por el mero hecho de ser ciudadano, sin condiciones ni requisitos previos, por la misma cuantía monetaria, independientemente de sus circunstancias personales, fuese rico o pobre, o de otras rentas que ya percibiese o de que se tenga o no un trabajo remunerado. Sería simplemente exigible por el hecho de pertenecer a la comunidad política que lo garantizase.

Más allá de facilitar el pleno ejercicio de la ciudadanía, el salario ciudadano podría conllevar además otros aspectos positivos: respecto a la pobreza crónica y a sectores de economía sumergida o bien respecto a una mayor eficiencia de la administración pública simplificando, por ejemplo, los complejos modelos actuales de prestación social. Igualmente, podría contribuir positivamente a un mejor reparto del trabajo existente, incrementando las jornadas laborales parciales y complementarias o incluso, en sus perspectivas más optimistas, influyendo en un aumento de la capacidad de emprendimiento.

El salario ciudadano cuenta también con importantes críticas. Básicamente se arguye el importante gasto público que supondría, incluso respecto al actual sistema de prestaciones condicionadas; el efecto desincentivador hacia el trabajo, especialmente cuando su cuantía fuese demasiado, de modo que la financiación total del sistema podría quedar comprometida en una nueva versión de la tragedia de los comunes. Hay quien enfatiza que dicha desincentivación se produciría especialmente en los puestos de baja remuneración penalizando aquellos con rentas más altas o cuyo esfuerzo laboral fuera superior. Además podría generar una tendencia inflacionista poniendo en riesgo los objetivos iniciales. En general, entre sus detractores, el salario ciudadano suele considerarse una suerte de igualitarismo a la baja.

Del debate económico al político

"De todos los derechos, el primero es el de existir. Por lo tanto, la primera ley social es aquella que garantiza a todos los miembros de la sociedad los medios para existir; todas las demás leyes están subordinadas a esta ley social" (Robespierre, 1794).

Desde una perspectiva republicana, no hay, sin embargo, marcha atrás. La disposición de estos recursos económicos es lo que permite autogobierno, autonomía e independencia económica que a su vez posibilita el pleno ejercicio de la libertad de pensamiento y de opinión, liberarse de situaciones de dominación o, simplemente, ser menos vulnerable a la coerción, presión o de coacción por parte de un empresario, de un partido político, de un sindicato, de un determinado grupo de interés o de cualquier persona o institución social. No es casualidad que Robespierre dijera en 1794: "De todos los derechos, el primero es el de existir. Por lo tanto, la primera ley social es aquella que garantiza a todos los miembros de la sociedad los medios para existir; todas las demás leyes están subordinadas a esta ley social", respondiendo al clamor de una revolución impulsada en gran medida por la hambruna de millones de súbditos indignados ante la pasividad, arrogancia y desatención de la élite versallesca.

En un futuro cercano de ausencia estructural de trabajo es previsible que un laissez faire sin límites, una prepotencia persistente de los grandes grupos económicos en connivencia con los estados, de acuerdo al modelo neoliberal, pudiera despertar nuevamente la épica de la revolución social. Por ello los grandes grupos económico-financieros que dominan el mercado global deberían anticiparse y ser los primeros en estar interesados —en realidad muchos ya lo están— en construir un nuevo marco de juego relativamente estable que permita seguir reproduciendo los ingentes beneficios que ya generan en las condiciones del mercado actual.

Proliferan en todo el mundo infinidad de estudios y experiencias con evidencias económicas y científicas sobre las bondades y defectos del salario ciudadano. Es incuestionable que deberán perfilarse muchos detalles, establecerse medidas correctoras, identificar potenciales usos fraudulentos o anticipar distintos escenarios económicos. Sin embargo, más allá de su operatividad, de la cuestión técnica, debe abordarse cuanto antes el núcleo de la cuestión que es fundamentalmente política. Lejos de la profecía del fin de las ideologías, debemos confrontar visiones políticas acerca de qué sociedad queremos ser, del nivel de libertad al que aspiramos, respecto de la igualdad de oportunidades que consideramos exigible o del nivel de desigualdad que estamos dispuestos a aceptar.

Por todo ello, cuanto antes empiece el debate político, mejor para todos.

Roger Sunyer Tacher. Politólogo, Máster en Gestión Pública (ESADE), autor de Hacia una economía ciudadana y Profesor Colaborador del Máster universitario de Ciudad y urbanismo de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)