La “okupación” de viviendas en perspectiva
Una práctica social que pertenece al pasado, presente y futuro de las ciudades y que no se debería criminalizar
La toma de un solar o inmueble en desuso como arreglo inmediato a una necesidad habitacional, lo que ha venido a denominarse la ocupación u "okupación" de viviendas, es una práctica social de largo recorrido en la ciudad. En vez de considerarse la expresión de una problemática de fondo, relacionada con la desigualdad social y los desequilibrios de los procesos de urbanización, entre ciertos sectores ha venido a considerarse un problema en sí mismo. Esto es debido a que es una práctica que desafía las relaciones de propiedad (y por lo tanto de poder) existentes en la ciudad. El acto de "okupar" plantea un choque de legitimidades: entre los usos concretos que ha facilitado y la preservación del más abstracto derecho a la propiedad del titular ausente.
Es ante este choque de legitimidades que se suele recurrir a tópicos negativos para deslegitimar a la parte "okupante". A las acusaciones de suciedad, ruido y problemas de convivencia, se le suman reproches por un supuesto buen vivir a expensas del resto de la sociedad y, en particular, en perjuicio de pequeños propietarios industriosos. También se suele relacionar con la criminalidad y explicar el fenómeno vinculándolo con actividades mafiosas. Pero en el terreno del sensacionalismo mediático interesado, se pierde toda perspectiva real sobre el fenómeno.
Aproximadamente un 15% de la población mundial son técnicamente "okupas", según estudios de la ONU
La realidad es que aproximadamente un 15% de la población mundial son técnicamente "okupas", según estudios de la ONU. En su libro, "Ciudades Sombra, Mil Millones de Ocupantes Ilegales: El Nuevo Mundo Urbano", el periodista Robert Neuwirth apunta que en el año 2030, puede que 2 mil millones de personas, una de cada cuatro personas en el planeta, sean "okupas". Estas estimaciones reflejan sobre todo los desarrollos urbanos que se están dando en el llamado "Sur Global". En el "Norte Global", estos escenarios recuerdan a un pasado de migración campo-ciudad. En los últimos años de turbulencias inmobiliario-financieras y crecientes desigualdades, sin embargo, es un fenómeno que está volviendo a repuntar.
En el Estado español, unas 117.454 personas fueron denunciadas entre 2009 y 2017 por la "usurpación" de inmuebles. Un estudio del Institut Cerdà en el año 2017 estimaba que había unas 87.500 familias, aproximadamente 262,500 personas, ocupando viviendas. Aunque cifras considerables, estas no llegan al 0,5% de hogares ni al 0,35% del stock de viviendas total. Ni la magnitud del fenómeno, ni el perfil de las ocupaciones, como demuestra un estudio reciente en Cataluña, justifican la alarma social que se ha generado sobre esta cuestión.
Según este último informe de Obra Social Barcelona, el más riguroso y exhaustivo realizado hasta la fecha sobre el perfil de las ocupaciones, el fenómeno se caracteriza principalmente por familias de nacionalidad española en situaciones económicas precarias y en viviendas vacías de grandes propietarios. 8 de cada 10 de estos hogares tiene ingresos mensuales por debajo de los 705 euros y del 61% que no tiene trabajo remunerado, la mitad no recibe ningún tipo de prestación pública. Las viviendas ocupadas, por su parte, pertenecen a bancos, inmobiliarias, fondos de inversión y grandes tenedores en un 89%, mientras que un 6% son de titularidad pública y un 5% de pequeños propietarios. Solo un 6% de todos los casos generan una relación negativa con el vecindario. Sólo un 13% de las personas que ocupan han tenido que pagar a alguien para hacerlo. Eso es, existen actores que buscan lucrarse con esta actividad, pero son minoritarios. La ocupación es el último recurso para la inmensa mayoría de estos hogares, que además suelen tratar de negociar con la propiedad del inmueble para regularizar su situación.
La ocupación es el último recurso para la inmensa mayoría de estos hogares, que además suelen tratar de negociar con la propiedad del inmueble para regularizar su situación.
Los marcos legales y de políticas públicas deberían asentarse sobre estudios rigurosos, en vez de responder a la distorsión y amplificación mediática de casos y situaciones minoritarias. No ha sido el caso con la ley de "desalojo exprés" promovida por PdCat y aprobada en el Congreso el junio pasado con apoyos de PP, Ciudadanos y PNV. Esta ley se promocionó principalmente como defensa de la pequeña propiedad, supuestamente desamparada ante la ocupación de su hogar habitual o de su segunda residencia de fin de semana. La inmediata ejecución de un desalojo cautelar en casos de este tipo, sin embargo, era una herramienta que ya estaba previamente a disposición de los jueces. Lo que agiliza la nueva ley son los desalojos de los ocupantes de todas las propiedades de personas titulares físicas, lo sean tanto de 2 como de 200 propiedades.
Así, a partir de un fenómeno muy minoritario —un 5% de las ocupaciones afectan a pequeños propietarios según el estudio mencionado— y de la agitación de miedos sobre situaciones extremas mayoritariamente ya contempladas en la ley, se ha acabado protegiendo aún más a los grandes propietarios que acaparan viviendas vacías. Por otra parte, sin garantía de realojo ni de un juicio en el que defenderse, se ahonda en la vulnerabilidad de los más vulnerables. El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite recientemente un recurso de inconstitucionalidad presentado por Unidos Podemos, alegando que la norma vulnera el derecho a la vivienda, la inviolabilidad del domicilio y el principio de tutela judicial efectiva.
La dimensión de la propiedad que sí requiere más protección y reglamentación es su función social, regida como parte integrante del derecho de propiedad por la Constitución española, así como por muchas otras constituciones en Europa y América Latina. De esta manera, se proporcionarían herramientas adicionales a los jueces para poder realmente aspirar a repartir justicia según las particularidades de cada caso. Distinguiendo entre el pequeño propietario que ha tenido la remota mala suerte de volver de vacaciones y encontrarse su casa ocupada, por ejemplo, y el gran tenedor que mantiene sus propiedades vacantes.
La ocupación de viviendas, además, no debería verse solamente como expresión de un problema de fondo, sino que también puede formar parte de la solución. En este sentido, ocupaciones de viviendas realizadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y colectivos de vivienda de barrio, por ejemplo, han conseguido que inmuebles en desuso estén ahora habitados con alquileres asequibles. Las únicas soluciones reales a la problemática de los "narcopisos", por su parte, están viniendo de la mano de su ocupación por parte de colectivos barriales como Acció Raval.
En países tan dispares como Argentina o Alemania, hay cuantiosos ejemplos de inmuebles ocupados que han sido transformados en cooperativas de vivienda, a menudo tras la intermediación de las autoridades municipales.
En países tan dispares como Argentina o Alemania, hay cuantiosos ejemplos de inmuebles ocupados que han sido transformados en cooperativas de vivienda, a menudo tras la intermediación de las autoridades municipales. En países con regulaciones innovadoras en este campo, como Brasil, también existen experiencias de regularización de situaciones residenciales "informales" a partir de la concesión de títulos alternativos como la concesión de uso especial para fines de vivienda, la concesión colectiva de uso y/o el derecho de superficie. En Inglaterra, la dejadez de los propietarios de inmuebles abandonadas durante más de 10 años puede incluso conllevar la pérdida de la propiedad, frente a ocupantes que demuestren un uso adecuado del lugar durante ese periodo.
En definitiva, la ocupación es una práctica social que surge y resurge en el contexto de los desiguales procesos de urbanización planetaria y que abarca realidades muy diversas. Cualquier aproximación al fenómeno debería partir de una perspectiva que dé cuenta de esta complejidad y diversidad que está ausente del relato populista punitivo emergente. Este discurso revanchista apunta el dedo acusador hacia los pobres urbanos, mientras que exime a los poderes políticos y económicos de responsabilidad por las casas sin gente y la gente sin casa.
Lorenzo Vidal es investigador del Programa Ciudades Globales del CIDOB.
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