Pasos contados

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y algunos de sus ministros han sugerido la posibilidad de un adelanto electoral en el supuesto de no alcanzar una mayoría parlamentaria para aprobar los Presupuestos. La nueva alternativa que parece contemplar el Ejecutivo desmiente la que manejaba hace pocas semanas, en el sentido de prorrogar las cuentas en vigor e introducir correcciones mediante decretos leyes. Estos vaivenes a cuenta de los Presupuestos y la continuidad de la legislatura están deteriorando el crédito político de un Gobierno que ha jugado innecesariamente con él en demasiadas ocasiones, pero han provocado ahora el paradójico efecto de abrir un estrecho resquicio que podría conducir al debate parlamentario de las cuentas públicas, y a su difícil, pero no imposible, aprobación.

La razón de fondo detrás de este aparente contrasentido se encuentra en la pugna por el liderazgo en el campo independentista, atrapado entre la necesidad de recuperar un cierto pragmatismo tras el fracaso de la vía unilateral y el deber de reconocer su error ante unas bases a las que movilizaron con un programa de máximos. El president Torra apuesta por no enfrentar siquiera esta disyuntiva, pero la necesidad de que la Generalitat apruebe sus propios Presupuestos le obliga a buscar un equilibrio más sofisticado.

La modulación del discurso independentista ante la posibilidad de provocar el fin de la legislatura, observado en los últimos días, demuestra que especular con no presentar los Presupuestos en el plazo señalado por la Constitución no era una opción políticamente ventajosa para el Gobierno, además de atentar contra el correcto funcionamiento de las instituciones: un Ejecutivo que no logra articular una mayoría en torno a la ley de Presupuestos está obligado a disolver las Cámaras y convocar a las urnas. Con todo, la realidad política sobre la que deben operar estos principios no es sencilla, puesto que el Gobierno se apoya en un grupo parlamentario minoritario, la Mesa del Congreso y el Senado están bajo el control de una oposición cerrada a los acuerdos, y el país sigue enfrentado a dos tareas inaplazables: aliviar la situación de los ciudadanos más afectados por la crisis económica y encauzar el conflicto con el independentismo catalán. A ello se suma la alta probabilidad de que esta encrucijada política endiablada no quede despejada por unas elecciones que, a tenor de las encuestas, no modificarían sustancialmente el panorama parlamentario.

Pero ninguna de estas circunstancias aconseja recurrir a vías extraordinarias para prolongar la legislatura, como ha considerado el Gobierno, ni tampoco a obviar los pasos contados que exige el sistema, como da a entender la oposición. Las líneas de fractura detrás de una situación como la actual son suficientemente graves como para permitir que se sigan ocultando mediante gestos cada vez más broncos, convirtiendo los Presupuestos en el simple daño colateral de una irresponsable batalla de todos contra todos. El sector independentista que se sirve del president Torra como ariete promueve un cuanto peor, mejor, intentando que un nuevo Gobierno central opte por la confrontación y confiando en obtener una mayoría independentista reforzada una vez que el Tribunal Supremo dicte las sentencias, de manera que la quimera de la mediación internacional a la que todavía se aferra tenga sentido. Frente a esta estrategia, los sectores más pragmáticos del independentismo no pueden seguir manteniéndose a la expectativa, siempre recelando del atractivo que los discursos más radicales puedan conservar entre sus respectivos electorados. Pero tampoco el Partido Popular y Ciudadanos pueden seguir ignorando el riesgo de convertirse en sus cooperadores necesarios, empeñados en arrebatarse mutuamente el espacio electoral que comparten por la vía de bloquear las salidas políticas que todavía ofrece el sistema, antes de una convocatoria electoral anticipada.