Todo por la gobernabilidad

Una vez, en un diario, un director se negó a publicar una información relevante y bien verificada. Como imaginan, eso no ha sucedido una vez, sino muchas. Pero esa vez el director en cuestión, lleno de buenas intenciones, justificó su decisión con esta frase: “Hay que contribuir a la gobernabilidad”. Nunca estuve de acuerdo. Quien debe gobernar es el Gobierno, por malas que sean las condiciones. Los demás han de hacer su trabajo.

El difícil tránsito del franquismo a la democracia parlamentaria, y la conciencia de una historia turbulenta y en ocasiones penosa, nos dejó en herencia una excesiva preocupación por la gobernabilidad, es decir, por extremar las medidas de seguridad contra posibles descarrilamientos colectivos. En ese mismo difícil tránsito se mantuvieron privilegios inadmisibles de los entonces llamados “poderes fácticos”.

Los dos grandes partidos políticos, PP y PSOE, se han beneficiado de las cautelas establecidas hace 40 años. La ley electoral, las reglas parlamentarias, los mecanismos de financiación, la propia Constitución y un largo etcétera les han favorecido. Luego, a lo largo de los años, ellos (y otros ­partidos menores) han aportado lo suyo a la “gobernabilidad”. Han invadido las instituciones y los organismos intermedios (la prensa, por ejemplo), se han asegurado puestos en consejos de administración privados, han saqueado el patrimonio público en más de una privatización. También han robado, han espiado, han encubierto y han abusado. Y matado. Tengo la sospecha, sustentada por varias conversaciones confidenciales, de que cuando cometen excesos o delitos, acaban justificándose con la gobernabilidad. Su gestión, piensan, asegura el progreso, o la paz social, o la estabilidad, o lo que sea. En último extremo, se dicen, a nosotros nos votan y pueden echarnos. Nos ampara la bendición popular.

Creo que en el fondo tienen la conciencia tranquila. En serio.

Gobernar España es complicado porque el país es complicado. Pero la gobernabilidad ha estado siempre garantizada por el único sujeto que puede garantizarla: el conjunto de los ciudadanos. Si echamos la vista atrás y contemplamos el paisaje de estas últimas cuatro décadas, el factor esencial de sensatez ha sido la ciudadanía. Como los jugadores ingleses en aquel mítico Argentina-Inglaterra de 1986, cuando Maradona marcó con la mano (“la mano de Dios”) antes de marcar el dios de los goles, hemos aceptado deportivamente tanto las injusticias como los fracasos. Trabajamos (cuando podemos), votamos razonablemente y, al menos de momento, nos aguantamos las ganas de enviarlo todo a hacer puñetas.

Quizá los jueces del Tribunal Supremo, o lo que queda de él tras tantos años de manipulación partidista, han pensado también en la gobernabilidad. Es fácil caer en el error: ¿quién no ha confundido alguna vez las cotizaciones de la Bolsa con la gobernabilidad del país? Dicen que la ley era confusa y, en su afán por ayudar, han tratado de establecer una jurisprudencia aún más confusa. En fin, han hecho lo que suelen: besar la mano de quien les puso ahí. Y lo han hecho de la peor manera.

Cuando el ciudadano vota opciones estrambóticas, todo son preguntas. Las respuestas, en realidad, llevan tiempo sobre la mesa.