Europas distintas

El contenido y el tono de las cartas que países como España e Italia han recibido de la Comisión Europea comentando los proyectos de Presupuestos para el año próximo reflejan con exactitud la distancia que existe hoy entre las políticas económicas de ambos países. Cuando ha finalizado la fase más aguda de la crisis económica y se hace balance de sus consecuencias, emergen distintas Europas que se añaden a las divisiones ya existentes entre países acreedores y deudores, norte y sur, este y oeste, o centro y periferia, nacidas durante las dificultades.

En esencia, Bruselas ha demandado al Gobierno español —que ha pactado las líneas generales de ese Presupuesto con Podemos— más información sobre determinados ingresos y gastos y le avisa del riesgo de incumplir el porcentaje de déficit publico requerido, mientras que Italia corre nada menos que el peligro de que sus cuentas le sean devueltas por inaceptables para la Comisión Europea, lo que sería la primera vez que ocurre. La misiva enviada ahora por Bruselas a Madrid es mucho más suave en sus apreciaciones que las que recibieron en 2017 y 2016 los Gobiernos de Mariano Rajoy, por lo que el extremismo dialéctico de Pablo Casado, también en este caso, resulta demasiado artificioso.

Durante los últimos años, la política económica de los Ejecutivos populares se limitó a reducir el déficit público aplicando como principal instrumento el recorte del gasto. El resultado es el que cabía esperar: el Estado de bienestar ha sufrido un deterioro constante, sobre todo en sus capítulos de sanidad y educación, altamente demediados. Al mismo tiempo se aplicaron recortes profundos a la inversión, hasta invalidarla como herramienta de infraestructuras y de incentivo a la I+D+i.

El fracaso de las políticas de austeridad a ultranza exige una política distinta con el fin de trasladar a todos los ciudadanos los beneficios de la recuperación. El proyecto de Presupuestos para 2019 propone demorar el objetivo de cumplimiento de déficit de forma que el año que viene las cuentas públicas cuenten con un mayor margen de gasto, que se trasladaría, sobre todo, a las comunidades autónomas y al sistema de la Seguridad Social (las pensiones). Elevar el objetivo de déficit en unas cuantas décimas no es, precisamente, un ataque a la estabilidad financiera del país. Sobre todo, cuando la posibilidad de cumplir con el objetivo pactado con Bruselas había saltado ya por los aires desde que el último Gobierno del PP, en sus estertores, pactó con el PNV una revalorización de las pensiones en relación al índice de precios al consumo.

El Gobierno socialista y sus aliados están en su derecho de aplicar una política económica expansiva moderada en periodos de crecimiento (en cualquier caso, superior al 2,5% del PIB) con el fin de aliviar la carga de la recesión de tantos años sobre las rentas más bajas, y acorde con su manera de pensar. Dada la experiencia de estos años, no hay razones para mantener hoy la política de austeridad aplicada por los Gobiernos del PP como si fuera la única posible en Europa, tan dolorosa para tantos ciudadanos. España y Portugal representan hoy la posibilidad de una Europa diferente.