Palabras de más

El president de la Generalitat, Quim Torra, aprovechó ayer la reapertura del Parlament para amenazar con retirar el apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez y el retorno a la unilateralidad si este, por su parte, no reconoce el derecho a la autodeterminación de Cataluña. Pese a la espectacularidad del anuncio, el president Torra no dirigía su discurso al Ejecutivo central, cuya continuidad no depende del apoyo de los independentistas catalanes sino de su propia reflexión y su propia decisión acerca de gobernar o no con los Presupuestos ya aprobados. En realidad, se lo dirigía al Partido Popular y a Ciudadanos, en la confianza de que estos redoblen la presión sobre el Gobierno de Sánchez a fin de que aplique de nuevo el artículo 155 o se avenga a convocar elecciones. En cualquiera de ambas opciones, el independentismo se sabe vencedor. En un caso, porque una eventual aplicación del artículo 155 le facilitaría una unidad que el president Torra ha querido sostener mediante una retórica inflamada, y que el 1 de octubre saltó por los aires. En el otro, porque confía en que unas elecciones generales cambien el signo del Gobierno central, consiguiendo el mismo resultado anterior por diferente camino.

El peor error en que podrían incurrir los partidos contrarios a la secesión de Cataluña es profundizar su división subrogándose en la que ahora padecen los independentistas. Nada les obliga a asumir como ultimátum al Gobierno lo que es solo el burdo envite de un líder que ha perdido el crédito entre los suyos, que no dispone de ninguna mayoría democrática que avale sus propósitos y que hasta ahora siempre ha debido desdecirse de cada una de sus amenazas. La responsabilidad de que el president Torra regrese a la unilateralidad —esto es, a la imposición autoritaria de su programa— le corresponde por entero, sin que sea preciso siquiera recordarle las consecuencias. La guerra de nervios que el president Torra ha querido provocar entre los partidos que no secundan sus planes es, en realidad, la que padecen él y quienes los apoyan, bien expresamente, bien consintiendo que los arrastre a su propio callejón sin salida. Son la Generalitat y su presidente quienes, jugando con un pie dentro de las instituciones y otro fuera, se encuentran hoy atrapados entre los extremistas que les exigen cumplir con una palabra tantas veces irresponsablemente dada y la realidad de que, de atender esas reclamaciones, retrotraerán a Cataluña a una situación estéril y ya conocida, solo que con los riesgos de fractura civil multiplicados.

El Gobierno de Pedro Sánchez respondió al president Torra por boca de la ministra portavoz, Isabel Celáa, rechazando la aplicación del 155 y haciendo una llamada al consenso de las fuerzas no independentistas. Que estas no quisieran atenderla no significa que no sea el camino acertado, el único que ha proporcionado resultados incontestables para el triunfo de la democracia y del Estado de derecho ante cada desafío en el que una opción política ha querido imponer ilegítimamente su voluntad. Las amenazas del president Torra en el Parlament estaban de más, como también lo han estado muchas de las palabras que ha pronunciado estos días adoptando alternativamente el papel de bombero y el de pirómano. La simple imagen de los partidos reunidos para rechazar la imposición de la secesión a la mayoría de catalanes que la rechaza sería la respuesta más acertada para que el president Torra tenga que optar por uno u otro papel y para que el independentismo, que el lunes asaltó el Parlament, entreviera el abismo hacia el que está empujando a Cataluña.