Aniversario de un recuento

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha exigido del Gobierno de Pedro Sánchez la convocatoria de un referéndum de autodeterminación como los celebrados en Quebec, después de reivindicar el modelo de Escocia. Lo más destacable de la iniciativa no es su escasa novedad, sino el hecho de que tenga lugar apenas días antes de una fecha que las fuerzas independentistas desean incorporar a una mitología nacional para uso exclusivo de sus partidarios. Mañana hará un año que la Generalitat convocó como referéndum de autodeterminación lo que, en realidad, fue un recuento extraoficial de sus partidarios, a quienes citaron ante unas urnas traídas en secreto desde China y contabilizaron según un censo obtenido violentando el secreto de sus datos personales. Los propios partidos independentistas saben que el principal problema de las cifras ofrecidas como resultados de aquella jornada no es que carecieran de garantías, sino que eran tautológicas, puesto que lo único que demostraron es que los partidarios de la independencia de Cataluña son, en efecto, partidarios de la independencia de Cataluña.

El discurso mantenido hasta hace pocas semanas por el president Torra pretendía fundar en el primero de octubre la supuesta legitimidad, no ya de una efímera declaración unilateral de independencia que juzgarán los tribunales, sino de la totalidad de las decisiones de ruptura que anunció al comienzo de su mandato, y de las que ha ido desdiciéndose. De ahí que la reciente invocación al modelo de Quebec solo tenga significado si se interpreta en el sentido de que, finalmente, el president Torra ha reconocido que los partidos independentistas no pueden hacer rigurosamente nada con los supuestos resultados del 1 de octubre que se disponen a conmemorar mañana. Los ciudadanos que se oponen al programa político de la independencia nunca dejaron de saberlo, como también han comenzado a sospecharlo muchos de los que lo apoyan.

Unos y otros se merecen, sin embargo, que el president Torra lo reconozca públicamente, en lugar de seguir respaldando manifestaciones con las que alimentar la fantasía de una república que no existe y de una lucha épica que, en realidad, se desarrolla en el marco de una Constitución democrática. Cataluña no es independiente, no porque la asfixie ningún Estado represor, como aseguran los partidos independentistas haciendo paradójicamente uso de los derechos y libertades de los que gozan dentro de él, sino porque la mayoría de sus ciudadanos ha rechazado dejarse imponer la secesión por vías de hecho, expresando su voluntad a través de urnas verdaderas y de elecciones celebradas con garantías.

Hace un año los cuerpos de seguridad del Estado intervinieron por orden del Gobierno central, intentando impedir que los partidarios de la independencia llegasen hasta las urnas desplegadas ilegalmente por la Generalitat. No basta con decir que la decisión política fue un error; fue, además, una temeridad, en la medida en que puso en peligro la integridad de ciudadanos cuya responsabilidad se limitaba a haber acudido a la llamada de un Gobierno aún más temerario, que los convocó a cometer una ilegalidad y que dio orden a su propia policía de que se inhibiera ante ella. Un único contusionado hubiera bastado para condenar la manera en la que el Estado, del que también forma parte la Generalitat, arrojó a las calles un problema que debía haber resuelto en las instituciones. Pero la manipulación de las cifras de personas atendidas en los hospitales, así como de la gravedad de sus lesiones, es un estigma que perseguirá a los líderes independentistas cada vez que invoquen una jornada que ellos mismos quieren olvidar, pero no saben cómo.