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Temperaturas de otoño

La Generalitat debe garantizar el orden público de las movilizaciones que agita

FOTO: El presidente de la Generalitat Quim Torra. / VÍDEO: Declaraciones de Torra, este domingo, sobre la Diada.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, así como los partidos políticos y organizaciones privadas que defienden el programa de la independencia de Cataluña se proponen convertir la Diada en una jornada reivindicativa, según han venido haciendo en años anteriores. Han convocado, además, una movilización permanente para unir esta efeméride con las fechas de la nueva mitología que buscan crear en torno al 1 y el 27 de octubre, cuando los independentistas realizaron un supuesto referéndum y proclamaron una efímera independencia. La realidad de esa última jornada, que el independentismo presenta como heroica, queda de manifiesto en el hecho de que el presidente de entonces, Carles Puigdemont, engañó no sólo a los partidarios de su programa, sino también a los miembros de su Ejecutivo, a los que hizo creer que respetaría la consigna de presentarse al día siguiente en los despachos mientras preparaba en secreto la huida del país. Esa es la figura a la que el president Torra considera titular de la legitimidad democrática en Cataluña, y bajo cuya advocación convoca a los catalanes a esta Diada.

La contradicción en la que incurre el independentismo desde que se adueñó de la fiesta de todos los catalanes es que la marcha que se desarrolle ese día, como también el resto de las movilizaciones programadas, no hacen más que disponer de las libertades de expresión, manifestación y reunión establecidas por la Constitución del 78, cuyo sistema político se obstinan en comparar con las más feroces dictaduras. Cuantos más sean los partidarios de la independencia que participen en los actos de un otoño que sus líderes quieren caliente, más claramente quedará acreditado que las verdaderas razones por las que aspiran a la secesión de Cataluña serán las que sean, pero no el hecho de que vivan bajo ninguna dictadura. Esas razones que ocultan tras los intentos de desacreditar el sistema democrático español no son irrelevantes. Importan antes que a nadie a los catalanes no independentistas, pero también a todos los demócratas, en España, en Europa y en el resto del mundo. Porque el encuadramiento de ciudadanos para realizar vistosas coreografías de masas, así como los llamamientos a la acción directa en las calles mientras se cierran los parlamentos, todo ello realizado en nombre de un ideal nacional, parecen llevar la impronta de ideologías que preconizaban la destrucción de la democracia con la excusa de realizarla.

Las libertades que garantiza el sistema democrático español, y de las que los independentistas se proponen hacer uso, son tan amplias que amparan, incluso, la posibilidad de que la Generalitat llame a manifestarse contra el Estado del que forma parte. La única contrapartida que exige, como cualquier otro sistema democrático, es que no por promover esas movilizaciones deje de cumplir las responsabilidades institucionales que le corresponden, en particular las de orden público. Los independentistas parecen pensar que mantenerlo es solo evitar episodios de violencia, a fin de verse a sí mismos como Mandela; por sus años gobernando Cataluña deberían saber ya que el orden público incluye también la protección de los derechos de los ciudadanos que no desean protestar en las calles ni faltar a sus trabajos. La democracia que tanto invocan las fuerzas independentistas exige que la misma Generalitat que promueve altas temperaturas para este otoño los tome en cuenta.

 

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