Alineación de poderes

No es fácil llegar al poder cuando uno no se lo espera. En ese momento, mientras te invisten presidente cuando hace sólo unos meses estabas luchando por tu supervivencia política, puede parecer un regalo. Tu salvación.

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Pero el espejismo se disipa tan pronto como te das cuenta de que no sólo es que tu futuro dependa de unos aliados con expectativas muy distintas entre sí, sino que también está en las manos de aquellos a quienes has arrebatado el gobierno.

Más que de separación de poderes (particularmente entre el legislativo y el ejecutivo) el sistema español ha favorecido históricamente la alineación de poderes. El partido que controlaba la mayoría parlamentaria hacía lo propio con la Mesa del Congreso, Moncloa, los primeros niveles de la Administración, los medios de comunicación públicos… y (normalmente) un Senado que tampoco importaba demasiado pues apenas disponía de poderes de veto.

La primera moción de censura exitosa de la democracia ha resquebrajado la alineación de poderes. El PSOE mantiene la rama ejecutiva y una frágil, voluble, incierta mayoría en el Congreso. A partir de ahí, Sánchez ha intentado seguir la ruta natural para las formaciones del bipartidismo, que es la de forzar la colonización del resto de áreas de poder. Y, cuando no ha podido, ha buscado la ruta alternativa de menor resistencia.

Tal es el intento de enmendar la capacidad de veto del Senado sobre los objetivos de déficit a través de una adenda a otra proposición, que no tiene nada que ver, pero que encerraba la virtud de no poder ser ya vetada por la Mesa controlada por PP y Ciudadanos. Tal fue, también, la búsqueda de una solución a medida para RTVE, o los numerosos nombramientos de afines para distintos cargos en la Administración.

En definitiva, Sánchez está intentando que el nuevo mundo se parezca lo más posible al viejo. Pero lo tiene difícil. La mera fragmentación del sistema de partidos hace que alinear poderes ya no sea tan sencillo. Sin embargo, si queremos consolidar la división y el control cruzado, es necesaria una serie de reformas que más o menos todos conocemos bien a estas alturas: garantizar la independencia de la Administración, y muy particularmente de sus cargos técnicos en primera y segunda línea; aumentar los recursos y la capacidad de control de ambas Cámaras (sí, también del Senado: ¿por qué no?); considerar un cambio en el sistema de nombramiento de los más altos jueces del Estado; y darle una pensada seria a la reforma electoral.

Claro, que para activar todas esas reformas es imprescindible que los viejos partidos abracen el nuevo contexto. Empezando por quien ahora gobierna negándose a aceptarlo. Solo hay una manera para que ello suceda: que sus votantes se lo exijan. Nada les motivaría más.