El bloqueo de PP y Ciudadanos frena la actividad legislativa en el Congreso

El PP logró en las pasadas elecciones 134 escaños en el Congreso de los Diputados, a los que agrega los tres de sus coaligados (Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias). Una suma, con todo, insuficiente para alcanzar la mayoría de la Cámara, que está fijada en 176 votos. Sin embargo, no le han faltado recursos para preservar las leyes que impulsó bajo su mayoría absoluta y frenar las iniciativas de la oposición.

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Un Congreso con freno

La fantasía de que era un Gobierno en minoría que se iba a someter a la oposición se desmoronó rápidamente. Por una parte, dispone de capacidad de veto. Al cumplirse un año de legislatura el Gobierno ya había neutralizado 70 iniciativas legislativas de la oposición. Muchas de ellas, mediante el veto a través de la Mesa del Congreso bajo el argumento de que afectaban a los Presupuestos Generales del Estado, una prerrogativa que la Constitución y el reglamento de la Cámara conceden al Gobierno. El presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha considerado justificados los vetos aduciendo que hubieran incrementado el déficit en 30.000 millones, un 3% del PIB.

Como reprochó la portavoz del PSOE, Margarita Robles, a Rajoy en la última sesión de control, el Gobierno solo ha aprobado 14 proyectos de ley, nueve de ellos a instancias de la Unión Europea, y el resto relacionados con el Concierto y el Cupo vascos. Pero ha vetado 44 proposiciones de ley, la mayoría relacionadas con medidas para los parados, dependientes o sectores más débiles de la población, como la presentada por el PSOE para modificar el acceso y mantenimiento de pensiones no contributivas o la de medidas para el autoconsumo eléctrico, propuesta conjuntamente por PSOE, Unidos Podemos, ERC, PNV y Grupo Mixto. Doce de ellas provenían de los Parlamentos autonómicos; las otras 32, de los grupos de la oposición.

El Grupo Socialista ha denunciado que el Gobierno está vetando leyes que no tienen impacto presupuestario en el ejercicio en vigor, lo cual constituye una novedad y contradice el informe de los letrados de la Cámara. Pero la Mesa, con mayoría del PP y Ciudadanos, acepta vetos con supuesto impacto presupuestario a ejercicios futuros y “condiciona la iniciativa legislativa de forma injustificada y no prevista en la Constitución”.

Ante esa situación, la oposición aunó esfuerzos y el pleno de la Cámara aprobó el pasado 24 de octubre, con los votos en contra del PP y Ciudadanos, una propuesta de reforma del reglamento para limitar la capacidad de veto del Gobierno a las iniciativas legislativas de la oposición, un conflicto entre instituciones que ha llegado al Tribunal Constitucional y que Unidos Podemos quiere elevar al Tribunal Europeo. Pero esta medida, pese a salir adelante en la Cámara, inicia un tortuoso recorrido de resultados inciertos.

La Mesa es la barrera de defensa del PP. Y para su eficacia es básico el acuerdo de Gobierno que firmó con Ciudadanos. Aunque juntos no alcanzan la mayoría absoluta en la Cámara, en cambio, disponen de cinco de los nueve miembros de este órgano clave para la organización del trabajo parlamentario y buena sintonía en muchos asuntos. Para ello fue importante la abstención de los partidos nacionalistas, en julio de 2016, que propició que Ana Pastor fuera presidenta de la Cámara y ahormó la Mesa.

Prórrogas indefinidas

La ampliación de los plazos de enmienda de los proyectos aprobados por la Cámara constituye un eficaz instrumento retardatario para el Gobierno con la colaboración de Ciudadanos. La Mesa puede prorrogar de forma indefinida el plazo de enmiendas a las proposiciones y dejarlas obstruidas. En este apartado hay atascadas unas 20 iniciativas, como las que pretenden modificar el legado legislativo de la mayoría absoluta del PP. Entre ellas, las de derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana (aplazada en 27 ocasiones) o la de reforma de la LOMCE (30 aplazamientos en dos años).

En ese pozo yace también la propuesta de ERC para recuperar la justicia universal (30 aplazamientos); la iniciativa popular para modificar el copago en la dependencia (28); la del PSOE para la derogación de la ley mordaza (27); la de Unidos Podemos sobre la fijación de la cuantía del salario mínimo interprofesional (38); la del PNV para reformar la Ley de Secretos Oficiales (36), o la que presentaron los socialistas para reformar las reglas para el ejercicio de la gracia del indulto (28).

La oposición ha constatado en este tiempo que el Parlamento, como pudiera aparentar tras las elecciones, no es el que gobierna. Además, ve que las posibilidades de que salgan adelante las iniciativas aprobadas en contra del PP y Ciudadanos, a menudo, con gran impacto mediático, son “escasas”.