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El bloqueo de PP y Ciudadanos frena la actividad legislativa en el Congreso

La mayoría de las proposiciones se estrellan contra los vetos del Gobierno y ampliaciones de plazos de enmiendas

“Nos quieren entretener con la actualidad para que nos olvidemos del presente”. La sentencia pertenece a la cosecha de Andrés Rábago, El Roto, y podría funcionar como diagnóstico del Congreso de los Diputados, donde todos los focos apuntan a la convulsión de Cataluña mientras otros asuntos, como la baja actividad legislativa de la Cámara y el bloqueo de iniciativas de la oposición por parte del PP y Ciudadanos, pasan casi desapercibidos. La mayoría de las proposiciones se estrellan contra los vetos del Gobierno y ampliaciones de plazos de enmiendas de ambos partidos.

Rafael Hernando (PP), con Juan Carlos Girauta y Albert Rivera (Ciudadanos) en el Congreso. Ampliar foto
Rafael Hernando (PP), con Juan Carlos Girauta y Albert Rivera (Ciudadanos) en el Congreso.

El PP logró en las pasadas elecciones 134 escaños en el Congreso de los Diputados, a los que agrega los tres de sus coaligados (Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias). Una suma, con todo, insuficiente para alcanzar la mayoría de la Cámara, que está fijada en 176 votos. Sin embargo, no le han faltado recursos para preservar las leyes que impulsó bajo su mayoría absoluta y frenar las iniciativas de la oposición.

La fantasía de que era un Gobierno en minoría que se iba a someter a la oposición se desmoronó rápidamente. Por una parte, dispone de capacidad de veto. Al cumplirse un año de legislatura el Gobierno ya había neutralizado 70 iniciativas legislativas de la oposición. Muchas de ellas, mediante el veto a través de la Mesa del Congreso bajo el argumento de que afectaban a los Presupuestos Generales del Estado, una prerrogativa que la Constitución y el reglamento de la Cámara conceden al Gobierno. El presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha considerado justificados los vetos aduciendo que hubieran incrementado el déficit en 30.000 millones, un 3% del PIB.

Como reprochó la portavoz del PSOE, Margarita Robles, a Rajoy en la última sesión de control, el Gobierno solo ha aprobado 14 proyectos de ley, nueve de ellos a instancias de la Unión Europea, y el resto relacionados con el Concierto y el Cupo vascos. Pero ha vetado 44 proposiciones de ley, la mayoría relacionadas con medidas para los parados, dependientes o sectores más débiles de la población, como la presentada por el PSOE para modificar el acceso y mantenimiento de pensiones no contributivas o la de medidas para el autoconsumo eléctrico, propuesta conjuntamente por PSOE, Unidos Podemos, ERC, PNV y Grupo Mixto. Doce de ellas provenían de los Parlamentos autonómicos; las otras 32, de los grupos de la oposición.

El Grupo Socialista ha denunciado que el Gobierno está vetando leyes que no tienen impacto presupuestario en el ejercicio en vigor, lo cual constituye una novedad y contradice el informe de los letrados de la Cámara. Pero la Mesa, con mayoría del PP y Ciudadanos, acepta vetos con supuesto impacto presupuestario a ejercicios futuros y “condiciona la iniciativa legislativa de forma injustificada y no prevista en la Constitución”.

Ante esa situación, la oposición aunó esfuerzos y el pleno de la Cámara aprobó el pasado 24 de octubre, con los votos en contra del PP y Ciudadanos, una propuesta de reforma del reglamento para limitar la capacidad de veto del Gobierno a las iniciativas legislativas de la oposición, un conflicto entre instituciones que ha llegado al Tribunal Constitucional y que Unidos Podemos quiere elevar al Tribunal Europeo. Pero esta medida, pese a salir adelante en la Cámara, inicia un tortuoso recorrido de resultados inciertos.

La Mesa es la barrera de defensa del PP. Y para su eficacia es básico el acuerdo de Gobierno que firmó con Ciudadanos. Aunque juntos no alcanzan la mayoría absoluta en la Cámara, en cambio, disponen de cinco de los nueve miembros de este órgano clave para la organización del trabajo parlamentario y buena sintonía en muchos asuntos. Para ello fue importante la abstención de los partidos nacionalistas, en julio de 2016, que propició que Ana Pastor fuera presidenta de la Cámara y ahormó la Mesa.

Prórrogas indefinidas

La ampliación de los plazos de enmienda de los proyectos aprobados por la Cámara constituye un eficaz instrumento retardatario para el Gobierno con la colaboración de Ciudadanos. La Mesa puede prorrogar de forma indefinida el plazo de enmiendas a las proposiciones y dejarlas obstruidas. En este apartado hay atascadas unas 20 iniciativas, como las que pretenden modificar el legado legislativo de la mayoría absoluta del PP. Entre ellas, las de derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana (aplazada en 27 ocasiones) o la de reforma de la LOMCE (30 aplazamientos en dos años).

En ese pozo yace también la propuesta de ERC para recuperar la justicia universal (30 aplazamientos); la iniciativa popular para modificar el copago en la dependencia (28); la del PSOE para la derogación de la ley mordaza (27); la de Unidos Podemos sobre la fijación de la cuantía del salario mínimo interprofesional (38); la del PNV para reformar la Ley de Secretos Oficiales (36), o la que presentaron los socialistas para reformar las reglas para el ejercicio de la gracia del indulto (28).

La oposición ha constatado en este tiempo que el Parlamento, como pudiera aparentar tras las elecciones, no es el que gobierna. Además, ve que las posibilidades de que salgan adelante las iniciativas aprobadas en contra del PP y Ciudadanos, a menudo, con gran impacto mediático, son “escasas”.

Si falla el veto, está la Mesa

A pesar de la capacidad de veto de que dispone el Gobierno para neutralizar iniciativas de la oposición, Unidos Podemos ha conseguido colar una proposición para reformar la regulación del gasto local en contra de los criterios del Ministerio de Hacienda.

La modificación de la regla de gasto en la ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera permitiría a los Ayuntamientos que cumplen con los criterios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera reinvertir su superávit fiscal para garantizar la prestación de los servicios públicos de su competencia.

El Congreso ha tenido que tramitar la proposición de ley después de que la Mesa del Congreso rechazara el veto del Gobierno al haber sido registrada fuera de tiempo, concretamente cuatro minutos después de haber expirado el plazo de un mes para su cumplimentación. El Gobierno, después de que la Cámara haya apoyado la reforma, intentará que la proposición de ley “cause el menor daño posible en las cuentas públicas” durante su tramitación parlamentaria. Es decir, el PP la espera en la Mesa del Congreso con los plazos de enmiendas.

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