Universidad, a examen

La presunta corrupción en la Universidad que pone de manifiesto el caso de los másteres es solo la gota que colma el vaso de una situación desatendida durante décadas: la enseñanza superior no ha alcanzado en su conjunto el nivel de calidad que España merece y necesita. El nepotismo que imperó en la vieja Universidad española ha adoptado formas nuevas a raíz de nuevas reglas, transformándose en un sistema de equilibrios entre figuras o escuelas para seleccionar a los docentes. La calidad y la originalidad de la investigación, por su parte, han sido sustituidas por una comprobación formal y no siempre transparente de los requisitos exigidos para progresar en la carrera académica. El argumento de que no es esta la situación de todos los centros es irrelevante, porque lo que importa a efectos del principio de igualdad de oportunidades, del que la enseñanza es el principal instrumento, es que todas las universidades alcancen un mínimo de calidad y de rigor para seguir expidiendo títulos, exigido entre otras instituciones por sus pares. Lo contrario es tanto como consentir simultáneamente la discriminación y el privilegio: unos jóvenes deben obtener con esfuerzo económico y personal, suyo y de sus familias, lo que a otros sencillamente se les regala, devaluando así los títulos de todos.

Lo increíble es que lo más cerca que han estado los diputados de abordar una materia en la que cualquier sociedad se juega la solidez del vínculo entre ciudadanos y sus posibilidades de progreso, es decir, la educación superior, son las escaramuzas de días pasados, movidas por la estrategia de utilizar el Congreso como caja de resonancia para crear climas de opinión y no de examinar con rigor un problema crucial.

La dimisión de responsables políticos por haberse beneficiado de un presunto delito de falsedad en documento público, un título universitario en este caso, no debería ser siquiera materia de discusión, y de ahí que proponer medidas de regeneración estrictamente vinculadas a estos hechos, como la supresión de los aforamientos o la publicación obligatoria de los trabajos académicos, solo parezca sugerir que el ordenamiento jurídico carece de instrumentos para prevenirlos y castigarlos. La realidad es la contraria, con el agravante de que orientar la actividad parlamentaria hacia esos remedios de menor cuantía distrae la atención de lo que verdaderamente se ha revelado esta semana: el depósito de confianza que la sociedad española ha hecho en su Universidad consagrando la libertad de cátedra y el principio de autonomía ha sido gravemente dañado.

Los responsables estatales y autonómicos de Educación bajo los que sucedieron los hechos, además de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y el Consejo de Rectores, deben una explicación que solo estaría en condiciones de exigirles un Parlamento comprometido con su función, y no convertido en un mero instrumento de agitación y propaganda.