Trato de favor

La ministra Carmen Montón se ha esforzado por explicar detalladamente las irregularidades detectadas en su máster, pero la sombra del trato de favor empaña la obtención de un título con unas ventajas que no están al alcance de la población que no tiene privilegios.

Si el máster que era presencial (oficialmente) no lo era necesariamente para ella. Si sus notas fueron cambiadas en el sistema informático (y así lo ha confirmado la URJC). Si sus explicaciones se circunscriben a defender que su actuación estuvo en el marco de lo que "le pidieron", como hizo Pablo Casado. Y si el Gobierno ha puesto el listón de exigencia moral en donde lo ha puesto, sus posibilidades se estrechan.

El Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos ha sido clausurado ya, tras conocerse el trato de favor que dispensó a Cristina Cifuentes, y varios de sus responsables están imputados. El caso de Pablo Casado está pendiente del Supremo. Y el Gobierno puede verse arrollado por un título de máster en el que en el mejor de los casos no hay delito, pero en el peor ya hay indicios sobrados de trato de favor.

La permanencia de la ministra Montón en estas circunstancias menguaría las posibilidades del Gobierno de defender su intachabilidad y regalaría a Pablo Casado un balón de oxígeno ante los problemas que penden sobre él en su futuro cercano.

La salida de Montón supondría una muesca más en el historial de rectificaciones y pasos atrás de Pedro Sánchez, probablemente un nuevo récord en la historia democrática tras la caída del ministro de Cultura, Màxim Huerta, en pocas horas. Pero ofrecería también un nuevo capítulo en la demostración de que el listón de exigencia, para este Gobierno, sigue siendo alto.

El presidente aún puede elegir sopesando lo que pierde y lo que gana en cada caso. Pero debe tener en cuenta que dejar pudrir los asuntos sin tomar decisiones, como hacía Rajoy, también pasa una enorme factura.