El bien común y los impuestos

Mientras esperaba el autobús que me llevaría a la capital, observaba a aquel niño que no dejaba de llorar. Su madre se esforzaba en sujetarlo y a la vez intentar que la bolsa de suero que llevaba conectada a su brazo se mantuviera elevada. Su tez morena estaba empapada de sudor. Intenté ayudarla a sostener el suero mientras subían al autobús. Le pregunté qué le pasaba al niño y me dijo que no sabía, pero que en el hospital de su ciudad le habían dicho que se fuera a la capital porque allí tal vez podrían atenderlo mejor. Ella veía que el niño empeoraba y, como no había ambulancia, consiguió que el padre le diera el dinero para el autobús y arrancó con su pequeño y su bolsa de suero, a ver si en la capital lo salvaban.

En aquellos días se discutía el presupuesto nacional. Una vez más, la inversión pública en salud quedaba relegada, siendo menos de 2% del PIB. No había recursos, decían. Mientras tanto, nadie cuestionaba por qué se les eximía del pago de impuestos a las grandes empresas multinacionales o por qué había dinero para tener tanta gente contratada por motivos políticos. Aquella mujer tampoco se lo preguntaba. Cuando llegamos a la capital, el niño ya no lloraba. Se lo veía muy débil. Pensé que quizás en el hospital infantil tampoco encontraría atención para su niño.

Los debates sobre impuestos o gasto público quedan muy lejos de la gente, aunque en el fondo estemos discutiendo sobre cuestiones tan fundamentales como el derecho a la vida o a la salud de las personas más pobres. Parecería que el debate fiscal, principalmente el tributario, es algo meramente técnico, muy complicado y difícil para los que no son economistas. Un debate que, en apariencia, no tiene nada que ver con los derechos o con la democracia.

Política fiscal, ciudadanía y derechos

Según el último informe de la Encuesta de Presupuesto Abierto que desarrolla el International Budget Partnership, ningún país de América Latina proporciona oportunidades adecuadas de participación ciudadana en la creación del presupuesto nacional. Los 17 países analizados tienen poca o ninguna participación de la población en las decisiones de inversión pública. La nota promedio es de 12 puntos sobre 100. La participación ciudadana en la discusión tributaria es aún más insignificante. El simple hecho de que ni siquiera se monitoree la política impositiva expresa la imposibilidad de participación en decisiones gubernamentales que, de modo general, la ciudadanía desconoce.

En realidad, la política fiscal está en el corazón del contrato social entre ciudadanía y Estado, y debería estar también en el centro del debate sobre el bienestar colectivo. Cuando hablamos de política fiscal hablamos de qué tipo de Estado queremos, cuáles son las prioridades colectivas y quienes las deciden, así como quiénes y cuánto pagan para financiar estas prioridades. En los Estados democráticos, es fundamental que la ciudadanía pueda participar en las grandes decisiones fiscales, ya que es allí donde se define y concreta, o donde se niega y cercena, la realización del bien común. Lamentablemente, un velo técnico excluye a la mayoría de la gente de estas decisiones y permite que sectores sociales con más poder económico y político influyan de forma desmedida en las decisiones fiscales, llegando a moldearlas en función de sus propios intereses y en contra del interés colectivo.

Con la intención de ayudar a democratizar las decisiones gubernamentales sobre impuestos y presupuestos públicos, Oxfam, Latindadd e Icefi lanzaron la plataforma digital Dataigualdad, acercando a la ciudadanía el impacto que tienen estas decisiones en su día a día. Dataigualdad, contiene más de 70 indicadores con datos sobre impuestos, gasto social, democracia, corrupción, transparencia, participación y garantía de derechos como salud, educación y vivienda de 18 países de América Latina y el Caribe, desde 1990 a 2016. Permite visualizar, descargar y exportar datos y compartirlos en redes sociales de forma sencilla y amigable. Esta plataforma, única en Latinoamérica, impulsa el análisis de la fiscalidad desde una perspectiva de derechos y de participación ciudadana, y no como un ámbito meramente técnico o especializado.

Dataigualdad compila indicadores de diferentes instituciones y centros de investigación como la OCDE, Cepal, Banco Mundial, Latinobarómetro o la Encuesta de Presupuesto Abierto, así como de fuentes oficiales de los diferentes Estados de la región. Los datos están disponibles y organizados de forma fácil e intuitiva.

Una maestra o una enfermera aportan al Estado una parte mayor de sus ingresos que cualquier persona de los sectores más ricos de la sociedad

El análisis cruzado de los indicadores de Dataigualdad arroja información para impulsar a la ciudadanía a participar y poder fundamentar sus intereses en el debate fiscal.

Asombra saber que una maestra o una enfermera aportan al Estado una parte mayor de sus ingresos que cualquier persona de los sectores más ricos de la sociedad. El 10% más rico de los países latinoamericanos debería pagar, en promedio, 28% de impuesto sobre sus ingresos, pero sólo pagan 4.8%, gracias a la existencia de múltiples deducciones y exenciones que los benefician.

La política tributaria, lejos de ayudar a reducir la desigualdad y la pobreza, acaba contribuyendo a que los pobres se vuelvan más pobres. De hecho, en casi todos los países, la política fiscal profundiza la gran desigualdad existente, al concentrar 61% de la carga tributaria en impuestos al consumo o al comercio.

Mientras en algunos países vuelve a imponerse el discurso de la austeridad y se recortan programas esenciales para enfrentar la pobreza, las grandes empresas en la región reciben exenciones tributarias que sólo, en el impuesto sobre la renta, ascienden en promedio al 0.7% del PIB. Este monto sería suficiente para aumentar en 65% la inversión pública en vivienda, agua potable y saneamiento de la región. Estos privilegios se aprueban muy a menudo fuera del debate público, sin una evaluación o análisis del costo y de los beneficios que tienen para nuestras sociedades.

También sorprende enterarse que las empresas en América Latina y el Caribe evaden en promedio un 48.5% de impuesto sobre la renta, dinero que se podría utilizar para más y mejores escuelas y hospitales públicos para todas las personas.

Una foto del sistema tributario nos muestra cómo las decisiones fiscales en Latinoamérica están beneficiando a unos pocos, a costa de los derechos de las grandes mayorías.

La información sobre gasto público muestra cómo la inversión en educación, salud o protección social ha ido aumentando en toda la región. Sin embargo, esta inversión ha sido insuficiente para reducir las enormes brechas de desigualdad y para garantizar derechos iguales al conjunto de la ciudadanía. Además de proteger e incrementar la inversión social, en América Latina y el Caribe, un reto esencial es mejorar la calidad de los servicios públicos y enfrentar la corrupción.

La política tributaria, lejos de ayudar a reducir la desigualdad y la pobreza, acaba contribuyendo a que los pobres se vuelvan más pobres. De hecho, en casi todos los países, la política fiscal profundiza la gran desigualdad existente, al concentrar 61% de la carga tributaria en impuestos al consumo o al comercio.

Los escándalos de corrupción han golpeado la región en los últimos años y esto ha incrementado la desconfianza de la ciudadanía en el manejo de los fondos públicos. Esta desconfianza hace cuestionar el rol del Estado, fragmenta el contrato social y, por tanto, debilita el apoyo al sistema democrático. Según los datos que recoge Dataigualdad, el apoyo a la democracia como la forma de gobierno preferida ha ido bajando de forma lenta pero constante desde 2010. La ciudadanía de la región está crecientemente insatisfecha: un 65% de los y las latinoamericanas dicen estar insatisfechos con la democracia.

El desencanto con la política avanza del mismo modo que la percepción de corrupción. Hace menos de 10 años la corrupción no aparecía en la lista de problemas nacionales, pero ahora se ha apoderado de la agenda y llega a ser identificada en cuarto lugar como el problema más importante de los países.

Pese a que muchos utilizan el argumento de la corrupción para plantear la necesidad de reducir el gasto público y el tamaño del Estado, pocos hablan de cómo la corrupción también es impulsada por el sector empresarial. Escándalos como el de Odebrecht son un claro ejemplo de ello. América Latina y el Caribe no necesitan Estados más pequeños, sino más fuertes y más eficientes en la garantía de derechos. De hecho, observamos en la plataforma que 8 países de la región no llegan a recaudar el 20% del PIB, mínimo planteado por Naciones Unidas para poder cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles.

La corrupción debería deslegitimar a las personas corruptas, pero no a una institución como el Estado, necesaria sobre todo para las personas más vulnerables y las clases medias que dependen de los servicios públicos para garantizar sus derechos. Para fortalecer la eficiencia de los Estados y reducir la corrupción es indispensable una ciudadanía organizada e informada, con capacidad de vigilancia y participación. Para esto, DataIgualdad no solo pondrá a disposición más de 70 indicadores de manera actualizada, sino que lanzará pronto una serie de cálculos e imágenes que faciliten a la ciudadanía comprender el impacto de la política fiscal en sus derechos. Por ejemplo, se contará con información para todos los países de la región sobre cuántos médicos y médicas se podría contratar con el dinero que evaden empresas o personas; cuántas maestras se podrían contratar con el dinero que se perdona a las empresas cada año gracias a los incentivos tributarios. Las respuestas a estas preguntas son abrumadoras y pronto estarán disponibles para informar, facilitar la participación e impulsar el activismo digital. Se espera que no sólo economistas o investigadores la utilicen sino que una organización estudiantil o una plataforma por el derecho a la salud o una asociación de mujeres campesinas puedan acceder a este tipo de información para fortalecer sus propuestas demandas.

Resulta imperativo evaluar la política económica y la política fiscal desde una perspectiva de los derechos que se garantizan o vulneran, y que la ciudadanía pueda opinar sobre las decisiones que la afectan. Es una responsabilidad de los Estados democráticos facilitar esa participación y asegurar que la voz de la gente se tome en cuenta cuando se decide entre poner impuestos a las herencias o a la leche, cuando se decide eximir del pago de impuestos a grandes transnacionales o asegurar recursos para una sanidad pública de calidad.

La democracia debe garantizar que los intereses de las grandes mayorías sean representados en las decisiones fiscales y se limiten los privilegios que aún tienen las élites económicas y políticas de la región. Cuando decidimos sobre impuestos o gastos, no se puede olvidar que detrás de esos números está la desesperación de aquella mujer con su niño enfermo. Nunca supe qué pasó con ellos. Los llevé al hospital infantil y, con vergüenza, le di a la madre el dinero que llevaba, sabiendo que eso no resolvería mucho las cosas. También, convencida de que, en la discusión del presupuesto de salud de ese año, no se oiría el llanto de aquel niño ni se hablaría de aquel derecho vulnerado.

Rosa Cañete Alonso, economista española. Ejerce como responsable regional de "Desigualdad y captura de la democracia para América Latina y el Caribe" de OXFAM, con sede en República Dominicana. Ha coordinado el estudio Privilegios que niegan derechos, desigualdad extrema y secuestro de la democracia en América Latina (OXFAM, 2015).