Monsanto, su pesticida y el coste de no informar

El gigante agroquímico Monsanto fue el viernes pasado condenado a indemnizar a un jardinero estadounidense con 289 millones de dólares (253 millones de euros). Ha sido un revés judicial que no presagia nada bueno para la marca contra la que hay abiertas miles de demandas en Estados Unidos y en Europa. El jardinero indemnizado, Dewayne Johnson, cree que el uso continuado que hizo durante años del pesticida de Monsanto Round Up, el más utilizado del mundo y fabricado con el ingrediente glifosato, es el causante del linfoma terminal que sufre, un tipo de cáncer que afecta al sistema linfático y no tiene cura. Los jueces le han dado la razón en un veredicto histórico, por ser el primero de estas características, y, paradójicamente, es la propia firma Monsanto la que ha facilitado su propia derrota judicial.

Johnson se ha beneficiado del escándalo generado por los llamados Monsanto papers. Se trata de informes, comunicaciones y correos electrónicos internos de la empresa desvelados el pasado año y que demuestran que ya en los años ochenta esta dudaba de la seguridad del glifosato porque sospechaba que era cancerígeno. Desde entonces, la firma intentaba ocultar los preocupantes datos de sus propios análisis y hasta presumía de tener contactos en los organismos públicos encargados de velar por la seguridad de los pesticidas, como la Agencia de Protección del Medio Ambiente americana (EPA); un extremo especialmente inquietante si se tiene en cuenta que la mayoría de estos organismos, incluida la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), no ven problema en el uso del glifosato. La Unión Europea le concedió, de hecho, en noviembre una prórroga de cinco años para seguir comercializándolo en el continente, a pesar de las peticiones en contra de millones de ciudadanos y de parte del Parlamento Europeo. Solo la Agencia de Investigación sobre el Cáncer, de la Organización Mundial de la Salud, ha alertado de que el glifosato es un “probable cancerígeno”.

Esta batalla retrotrae a la que a finales del siglo XX puso contra las cuerdas a las tabacaleras. También como entonces el problema legal no reside tanto en los efectos perniciosos contra la salud como en la ocultación de datos cruciales sobre ellos. Las grandes firmas ocultaron a los usuarios el poder adictivo de la nicotina, que reforzaban secretamente con todo tipo de ingredientes. Philip Morris llegó a tener que indemnizar en Estados Unidos a una fumadora aquejada de cáncer de pulmón con 28.000 millones de dólares. Pero las tabacaleras superaron la crisis y siguen vendiendo toneladas de cigarrillos a cambio, en el mundo más desarrollado, de soportar elevadísimas cargas fiscales y de informar cumplidamente a los usuarios de que el tabaco produce cáncer, problemas de fertilidad, impotencia y hasta la muerte.

Monsanto vende productos más imprescindibles. Sin pesticidas, la agricultura reduciría drásticamente su producción (hasta en un 90% en algunos casos). ¿Podría el planeta suministrar de alimento a tantos miles de personas sin la agricultura intensiva y los pesticidas? Greenpeace cree que sí. Pero la respuesta está, de momento, en el uso cuidadoso de este tipo de productos, en la prohibición de algunos y, en definitiva, en la información al usuario mientras no se hallen pesticidas menos dañinos.