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Más protección frente al paro

El Gobierno propone una modificación modesta que permite favorecer a los mayores sin empleo

I Congreso de Parados de más de 45 años, realizado en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) en 2013.
I Congreso de Parados de más de 45 años, realizado en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) en 2013.

El ministerio de Trabajo se propone hacer una modificación modesta (en términos de impacto presupuestario) pero significativa en la normativa sobre subsidios no contributivos. Quiere extender la cobertura a los parados de más edad, por encima de los 52 años y situar su base de cotización en el 125% del salario mínimo. Estos son los parámetros de las ayudas públicas a los parados de más edad vigentes antes de 2012; pero el primer Gobierno de Mariano Rajoy subió la edad de percepción a los 55 años y rebajó la cotización al 100% del salario mínimo. Estos recortes sociales fueron uno de tantos ajustes, mal coordinados en su mayoría, que se hicieron cargar sobre los trabajadores para conseguir una estabilidad presupuestaria que ha resultado poco firma en la práctica. Volver a la situación anterior a 2012 costará unos 200 millones anuales a partir de 2019.

Este es el tipo de decisiones, pequeñas y alentadoras, que el Gobierno puede hacer sin poner a prueba su debilidad en el Congreso. Si no se puede recurrir a grandes cambíos legales, siempre es posible modificar normas de menor alcance. Mejorar la situación de los parados de mayor edad indica que el nuevo Gobierno, rehén de su minoría, entiende no obstante que uno de los problemas fundamentales del mercado laboral es la situación de los parados mayores de 45 años. Junto con el paro juvenil, es la distorsión más grave del mercado de trabajo y una causa de desmoralización social. Los jóvenes, muy preparados, pueden albergar alguna esperanza de obtener un puesto de trabajo estable; para los mayores de 45 años, esa posibilidad es extremadamente remota.

Por otra parte, hay que hacer frente al hecho de que hoy la cobertura de protección a los parados es insuficiente. Es necesario frenar el descenso continuo del número de protegidos (1.936.000 en 2016, 1.716.000 en 2018) y situar la protección al desempleo en niveles más razonables.

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