La cuarta revolución industrial, ¿en la agenda de los gobiernos latinoamericanos?

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Las innovaciones tecnológicas que abanderan la cuarta revolución industrial están llamadas a introducir cambios de enormes dimensiones en nuestras sociedades. El big data, el blockchain,  internet de las cosas, la realidad virtual o la inteligencia artificial forman un nuevo ecosistema que modificará la forma en que la gente trabaja y vive. Cada una de esas tecnologías representa para el sector público oportunidades para mejorar la productividad y reducir los costos de los servicios ciudadanos, pero también presenta riesgos, como un aumento de la brecha digital y el diseño de algoritmos que contravengan el bien social. Y el desafío es mayor en un contexto marcado por la inequidad social, como es el de América Latina y el Caribe.

Esta coyuntura exige de los gobiernos un esfuerzo de planificación y evaluación de los riesgos, como apunta un informe reciente publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Las tecnologías 4.0 permitirán reducir los costos de los servicios sociales sin mermar su calidad —o, incluso, aumentándola—, pero además posibilitarán adaptar el servicio al usuario, mejorar la transparencia y aumentar la participación ciudadana. Para ello, las administraciones deben entender no sólo cada tecnología individualmente, sino el nuevo ecosistema que confirman las diferentes innovaciones, que están llamadas a diseñar una economía digital donde la función sigue a la forma y que, más que una opción, se convierte en una necesidad impostergable.

Una de las áreas donde la revolución 4.0 se hará más visible es en la salud. Las visitas médicas virtuales ampliarán su cobertura a lugares remotos a menor costo, y la inteligencia artificial ayudará a los dermatólogos a distinguir manchas inocuas de las cancerígenas, o a diagnosticar enfermedades genéticas poco comunes a través de algoritmos. La tecnología del big data permitirá identificar patrones que prevengan la depresión o el suicidio, y las cadenas de bloques de datos (blockchains) permitirán compartir el registro médico electrónico del ciclo de vida del paciente entre diferentes agencias de forma segura e interoperable.

Las mejoras del servicio de salud que proporciona la cuarta revolución industrial resultan aún más evidentes en el caso de los países en vías de desarrollo. Así, la posibilidad de guardar información en la nube permitirá acceder a amplias plataformas de crowdsourcing —esto es, externalización abierta de tareas—, lo que supondrá, para los países de escasos recursos, la posibilidad de acceder al conocimiento acumulado por especialistas de todo el mundo. También mejorará, gracias al internet de las cosas, la atención en unidades sanitarias rurales, que podrán conectarse con los grandes hospitales. Más aún, la impresión en 3D permite bajar los costos de producción y prácticamente eliminar los costos de distribución de ciertos insumos necesarios para la atención médica. Esto puede ser —y de hecho ya es— muy útil en caso de sufrir catástrofes naturales: por ejemplo, en Haití se ha instalado un laboratorio de impresión 3D que produce grapas umbilicales.

Una de las áreas donde la revolución 4.0 se hará más visible es en la salud. Las visitas médicas virtuales ampliarán su cobertura a lugares remotos a menor costo

Las posibilidades son casi infinitas y atañen a otros muchos ámbitos del sector público, en especial la educación, el empleo y las políticas de género y diversidad. Pero, para que los avances puedan ser aprovechados por los gobiernos latinoamericanos, estos deben entender el desafío que presentan. La cuarta revolución industrial no sólo representa la posibilidad de aumentar la eficiencia y el desarrollo socioeconómico; también nos coloca frente a un cambio de paradigma en las puertas de una nueva economía digital.

La amplitud de ese reto también se hace evidente en los cambios que afronta el mundo del trabajo. Por una parte, los avances en la robótica llevarán a la automatización de buena parte de las tareas que hoy realizan los trabajadores, y esto será más prominente en América Latina y el Caribe, donde la mitad del tiempo de trabajo será automatizable, debido a que se trata de economías concentradas en actividades en con alto potencial de automatización. Pero las tecnologías 4.0 no afectarán sólo a quién realiza las tareas, sino al propio modelo de organización, como han demostrado hasta ahora plataformas como Uber y Airbnb.

Esta revolución no ha hecho más que empezar: algunas estimaciones plantean que un 65% de los niños que están comenzando estudios primarios tendrá ocupaciones que actualmente no existen. Será necesario que, también de la mano de las innovaciones de la cuarta revolución industrial, los sistemas educativos se flexibilicen para amoldarse a esos cambios, que se producen además con una celeridad sin precedentes: mientras que la primera revolución industrial se demoró más de un siglo de transición para dejar atrás las sociedades agrícolas tradicionales, se calcula que la cuarta podría desplazar al 10% de la fuerza laboral en apenas 15 años. Aquí se evidencia la necesidad de que los gobiernos sepan combinar planificación y flexibilidad.

Queramos o no aceptarlo, el hecho es que esta revolución ya está en marcha. Los gobiernos latinoamericanos son cada vez más conscientes de la brecha existente entre las tecnologías 4.0 y unas políticas públicas 1.0. De ahí que los enfoques digitales para afrontar retos comunes ya cobren protagonismo en urbes, como Buenos Aires, Ciudad de México, Quito, Rio de Janeiro y Montevideo; ciudades que son conscientes de la urgencia de usar tecnologías en los servicios que prestan a ciudadanos cada vez más digitales. Su mayor desafío será garantizar a esa ciudadanía un fácil acceso a esas tecnologías, de modo que se supere la brecha digital y se mitiguen los riesgos de aumentar de la inequidad social. Aunque la región perdió el tren de la anterior revolución industrial, hoy tiene ante sí la oportunidad de aprovechar al máximo las oportunidades que abre la cuarta revolución industrial para crear servicios sociales más ágiles, eficientes y diseñados alrededor de las necesidades del usuario. Sin esa digitalización personalizada de los servicios públicos, América Latina y el Caribe truncaría la oportunidad de reducir, de manera significativa, las brechas que aún hacen de esta región la más desigual del mundo.

Cristina Pombo es asesora en economía digital del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

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