Con permiso de residencia, pero sin acceso a la sanidad

Las historias de Patricia Forero y de Olga Lucía Rodríguez, ambas españolas, comenzaron en el mismo sitio: una sala de urgencias. Hasta allí acompañaron a sus padres, ciudadanos suramericanos con permiso de residencia en nuestro país, para que fuesen atendidos en centros de la sanidad pública. Ambas descubrieron que, aunque el permiso de residencia habilita el acceso a la cobertura sanitaria, sus padres no podían acceder a este derecho. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), encargado de conceder la titularidad para la tarjeta sanitaria, les había denegado esta cobertura.

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Las denegaciones siguen ocurriendo a pesar del Real Decreto aprobado el pasado viernes en Consejo de Ministros que derogaba la anterior ley de exclusión sanitaria. Desde la plataforma Yo Sí Sanidad Universal, que asiste al grupo de personas afectadas por el INSS, aseguran que han recibido este martes la denuncia de otra mujer afectada por el rechazo de la tarjeta sanitaria que solicitó para su madre.

"Están excluyendo a ciudadanos que tienen permiso de residencia comunitario. Son padres de ciudadanos españoles a los que están denegando la tarjeta sanitaria", apunta Lluc Sánchez, abogado de algunas de las personas afectadas por parte del INSS. Actualmente, Sánchez lleva dos casos sobre este tema. Desde Yo Sí Sanidad Universal, aseguran que desde el año 2014 más de 40 sentencias judiciales se han resuelto a favor de los afectados.

Desde el INSS responden que no cometen ninguna ilegalidad en este sentido, y argumentan la negativa a conceder tarjetas sanitarias en base a lo que dice la Ley de Extranjería. Las mismas fuentes de la Seguridad Social aseguran que los ciudadanos no comunitarios no pueden tener acceso a una tarjeta sanitaria hasta que no obtienen un permiso de residencia permanente. El que se concede por primera vez es temporal y tiene una duración de cinco años. Por este motivo, derivan a los padres de las personas afectadas a la sanidad privada.

No obstante, la Seguridad Social está a la expectativa de lo que dicte el Tribunal Supremo. El INSS presentó un recurso de casación ante el Supremo para que establezca doctrina sobre el procedimiento que debe seguir el organismo en este tipo de casos.

Para Sánchez, "el INSS mezcla la legislación de extranjería con el tema sanitario. Les dicen que necesitan contratar un seguro privado, en virtud de extranjería, y que como tienen este seguro no necesitan sanidad pública".

Este fue el caso de Olga Lucía. “Desde la Seguridad Social siempre nos dijeron que no tenía derecho a una tarjeta sanitaria. Que teníamos que contratar un seguro privado”, cuenta. Cuando acudió a las urgencias del Hospital Ramón y Cajal de Madrid junto a su madre, aquejada de una enfermedad respiratoria, les dijeron que tenían que "firmar un compromiso" que cubriera los gastos económicos de la atención sanitaria.

A Patricia le comentaron que el precio por atender en urgencias a su padre, que sufrió una hemorragia en la nariz durante unas vacaciones en Torrevieja (Alicante), era de 200 euros. "No nos atendían si no pagábamos esa cantidad, así que la acabamos abonando", reconoce. Hoy, su padre tiene una tarjeta sanitaria tras ganar en los tribunales. Su madre todavía está en proceso judicial para obtenerla.

Hace una semana, Patricia y Olga fueron las protagonistas en la presentación del grupo de afectadas por el INSS, que engloba a personas que se encuentran en la misma situación que ellas y que han recurrido a la plataforma Yo Sí Sanidad Universal. El grupo se compone por alrededor de 30 personas que mantienen abierto un proceso judicial contra la Seguridad Social.