¡Pero si ya llevamos cuatro referendos!
Siguen reconociendo subrepticiamente que carecen de "el mandato". ¿Hasta cuándo?
“Ahora más que nunca” es la hora del referéndum, dice Joan Tardà. “El referéndum de autodeterminación continúa siendo la única salida”, proclama Jordi Sànchez.
Eso es lo que la Generalitat reiterará hoy al Gobierno, ojalá que lo haga junto con otros asuntos más tangibles.
La cuestión del referéndum conlleva —en discurso lógico— sesgos alucinantes. Pues a juicio de la doctrina indepe, desde 2014 ya se han celebrado cuatro consultas de valor referendario. ¡Llevamos cuatro!
La tesis, repetida cinco años, es que todas fueron válidas. Todas dictaron a los Gobiernos un mandato popular, categórico, de independencia. Pero si la cosa está tan clara, si los catalanes ya se han autodeterminado válidamente, como certifican los dirigentes secesionistas, ¿por qué deberían repetir la operación de autodeterminarse hasta el infinito?
La pregunta es trascendental. Hagamos recuento. Uno, el 9-N de 2014 la Generalitat convocó un “proceso de participación ciudadana” en que el 29,88% de los censados (a ojo de buen plumero, pues se amplió la lista de votantes a menores y extranjeros) votó por un Estado propio e independiente (se respondían dos preguntas).
Aunque era más un referéndum para la (ratificación de la) independencia que sobre ella, pues el Govern creó ex-ante, a diferencia de Escocia, “estructuras de Estado”.
Dos, como no hubo nada, Artur Mas convocó unas elecciones “plebiscitarias”, con fecha 27-S de 2015 “para sustituir el referéndum que se impidió realizar” (¿?). Los indepes perdieron la vertiente de plebiscito en voto popular (47,7%) pero ganaron la vertiente electoral en escaños.
La famosa resolución subsiguiente del 9/11 convirtió aquella derrota en supuesta victoria: “El mandato democrático de creación de un Estado catalán independiente en forma de república”. El autonomismo era “pantalla pasada”, aseguraban.
Tampoco hubo nada. Más que tensión. Al poco resucitó la sospecha (silente) de que ese mandato no era tal. Empujado por la insatisfecha CUP, Carles Puigdemont concluía en otoño de 2016 que la solución volvía a ser “referéndum o referéndum”: para ampliar su base social.
Tres, ese llegó de nuevo el 1-O de 2017, tras las leyes de ruptura rechazadas por los letrados del Parlament, el Constitucional y el Consell de Garanties: fracasó, al lograr solo un 38,8% favorable del censo. Tras los famosos titubeos, se proclamó con tristeza la república el 27-0, que se fue de weekend.
Cuarto envite, las elecciones del 21-D. Esquerra se comprometió en su programa a procurar el “reconocimiento del derecho a la autodeterminación ejercido por el pueblo de Cataluña el 1-O”; y Junts per Catalunya, a “continuar, de acuerdo con el mandato democrático del 27-S y del 1-O, la construcción de la república catalana”.
Junto con la CUP, quedaron a distancia (47,50%) de la mayoría social, aunque con escuálida mayoría en escaños.
Volvían a presumir de mandato. Pero siguen reconociendo subrepticiamente que carecen de él. ¿Hasta cuándo?
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