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Cuando el pasado 8 de mayo la República Democrática del Congo declaró oficialmente un nuevo brote de ébola, un escalofrío recorrió los sistemas de alerta sanitaria de medio mundo. Hace solo dos años que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaraba cerrada la epidemia más devastadora de esta enfermedad hasta la fecha, con cerca de 30.000 infectados, 11.323 muertos y una decena de países afectados de forma directa. Liberia, Sierra Leona y Guinea Conakry sufrieron especialmente, pero el planeta entero se puso en guardia ante una epidemia de connotaciones medievales para la que sencillamente no estábamos preparados y para la que aún hoy no existe tratamiento eficaz.

El ébola nos recuerda una obviedad: que las enfermedades infecciosas no tienen fronteras. Pero también nos enfrenta al hecho de que algunas de ellas –las que interesan de manera particular a las sociedades más ricas– han recibido mucha más atención que otras. Esta desproporción atávica fue uno de los puntos de partida de la agenda de los Objetivos del Milenio (ODM), que a lo largo de una década y media consiguieron reducir a la mitad la mortalidad materno-infantil, desplomar en un 40% las nuevas infecciones por VIH o salvar la vida de 6,2 millones de niños víctimas de la malaria.

La extraordinaria movilización de recursos económicos, políticos e institucionales que está en la base de los ODM incluía un componente esencial: la investigación, innovación y desarrollo (I+D+i) como respuesta a los problemas para los que no tenemos aún solución. A lo largo de las dos últimas décadas, la comunidad internacional ha sido testigo del nacimiento de nuevos modelos de generación y financiación de conocimiento al servicio del interés público. En el campo de la salud, en particular, han proliferado nuevas formas de asociación público-privada, programas pioneros de intervención, tratamientos y tecnologías que han salvado y mejorado la vida de decenas de millones.

En cada una de estas innovaciones, los países y organizaciones participantes han podido experimentar que lo correcto es también lo más inteligente. Para el Reino Unido, España, Francia, Alemania y muchos otros, las inversiones en programas de I+D+i para el desarrollo no solo ayudaron a resolver problemas ajenos, sino también a consolidar sectores estratégicos de sus propias economías. Un análisis realizado por el Instituto de Salud Global de Barcelona acerca de la inversión española en enfermedades olvidadas muestra el potencial de esta estrategia: entre 2007 y 2010, España fue uno de los 12 donantes más importantes del planeta, con 50 millones de euros destinados a organizaciones como el Fondo Mundial contra el Sida, la Malaria y la Tuberculosis. Este esfuerzo se vio recompensado en forma de inversiones competitivas atraídas por grupos de investigación españoles, prestigio e influencia internacionales, y empuje a la transformación y diversificación de nuestra economía.

Diez años después, todo aquello parece parte de un buen sueño. La crisis financiera y los recortes presupuestarios han mermado nuestra ciencia y cooperación, desconectando a España de una realidad que había contribuido a construir con visión y talento.

La pregunta es si este camino puede ser retomado.

Hace un año, España, junto al resto de países del G20, aprobó la llamada Declaración de Berlín, que enfatiza la necesidad de incrementar los esfuerzos de inversión y cooperación en I+D+i a fin de asegurar la accesibilidad de medicamentos, diagnósticos, vacunas y demás tratamientos médicos a todas las personas. Igualmente, los líderes del G20 acordaron la resolución Dando forma a un mundo interconectado, que destaca la necesidad de hacer frente al desafío de la resistencia microbiana invirtiendo en mejores herramientas médicas contra patógenos particularmente afectados como la tuberculosis. Ambas declaraciones reconocen el papel clave de la I+D+i biomédica para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en general, y para erradicar las enfermedades vinculadas a la pobreza tales como el Sida, la malaria, la tuberculosis o las enfermedades tropicales desatendidas.

La crisis financiera y los recortes presupuestarios han mermado nuestra ciencia y cooperación, desconectando a España de una realidad que había contribuido a construir con visión y talento

Hoy, España y el resto de la Unión Europea tienen la oportunidad de pasar de la retórica a la acción. Las negociaciones del nuevo Marco Financiero Plurianual y del futuro programa marco de investigación Horizonte Europa abren una ventana para consolidar nuestro liderazgo en el campo de la salud y el bienestar. Un liderazgo más crucial que nunca cuando otros actores internacionales se están retirando de estos campos. Para ello, es esencial que el presupuesto de Horizonte Europa sea acorde a la magnitud de su tarea y, tal y como recomienda el grupo de alto nivel de la Comisión Europea presidido por Pascal Lamy, alcance como mínimo los 120.000 millones de euros. También es imprescindible aumentar la contribución anual de la UE a la I+D+i en enfermedades vinculadas a la pobreza y seguir apoyando las herramientas que permiten utilizar mejor estos recursos, por ejemplo, la Asociación de ensayos clínicos entre países europeos y países en vías de desarrollo (EDCTP, por su acrónimo en inglés) cuyo objetivo es acelerar el desarrollo de medicamentos, vacunas, microbicidas y diagnósticos para enfermedades desatendidas y vinculadas a la pobreza.

Todo este esfuerzo debe ser desplegado dentro de una Estrategia Europea en Salud Global que permita alinear y coordinar los esfuerzos de la Unión y sus Estados miembros con los del resto de países del mundo, y con la consecución de los ODS. Para ello se debe garantizar que la inversión pública en I+D+i se traduce en soluciones públicas. Dicho de otro modo, introducir criterios estrictos que aseguren el acceso a los datos de investigaciones y la sostenibilidad y asequibilidad de los productos y tecnologías derivadas de inversiones públicas.

Solo cabe esperar que el mundo no tenga que enfrentarse nunca más a una epidemia como la que asoló África occidental entre 2014 y 2016. Pero, si eso llegase a ocurrir, Europa debe poder decir con orgullo que nuestros recursos y nuestra inteligencia estuvieron siempre en el lado correcto de esta batalla. Los próximos meses demostrarán si esto es cierto.

Beatriz Becerra es eurodiputada del grupo liberal europeo (ALDE). Vicepresidenta de la Subcomisión de derechos humanos y miembro de la Comisión de Desarrollo.

Elena Valenciano es eurodiputada y vicepresidenta del grupo socialista europeo (S&D). Miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores y subcomisión de derechos humanos.

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