El ébola y más allá

Estados Unidos y Europa han reaccionado de manera exagerada y burda ante unos pocos casos aislados del virus del Ébola al interior de sus fronteras. Estas respuestas aterrorizadas no sólo son inútiles. Al violar principios científicos básicos, desafían el criterio ético fundamental para una acción obligatoria en materia de salud pública. Y cuando se trata de proteger a los ciudadanos del ébola —y más aún, para impedir que crisis sanitarias globales similares ocurran en el futuro—, estas respuestas bien pueden ser contraproducentes.

Los ejemplos más indignantes de reacción exagerada se produjeron en Estados Unidos, donde la respuesta inicial implicó una inspección más profunda a los viajeros provenientes de Guinea, Liberia y Sierra Leona. Más problemático fue el hecho de que varios estados del país instituyeran cuarentenas de 21 días obligatorias para los sanitarios voluntarios que regresaban de países afectados. Afortunadamente, la reacción política en contra llevó a algunos gobernadores redijeran rápidamente las exigencias.

Es hora de que los países desarrollados reconozcan que la mejor manera de proteger a sus ciudadanos del ébola es ayudando a frenar la propagación del virus en África occidental. Esto exige, en primer lugar, y principalmente, una respuesta rápida y duradera en los tres países más afectados. Una actuación de esas características debe estar respaldada por un presupuesto adecuado (y considerable); así como de médicos, enfermeros y demás personal sanitario comunitario que estén bien entrenados, además de una mejor capacidad local para el diagnóstico, el tratamiento, la localización de contactos y el aislamiento de los individuos infectados.

No hay tiempo que perder. De hecho, la falta de un liderazgo audaz ya ha demorado demasiado una respuesta internacional efectiva, aumentando drásticamente los costos de la crisis.

Más allá de frenar la propagación de la enfermedad, la comunidad internacional debe aplicar las lecciones de la epidemia actual a potenciales riesgos sanitarios en el futuro, desarrollando una respuesta creíble que haga hincapié en una acción temprana, contundente y basada en evidencias. Con este objetivo, deberían lanzarse tres iniciativas clave.

Primero, la Organización Mundial de la Salud debería comprometerse a la creación de un fondo de contingencia para emergencias que pudiera activarse de manera acelerada tan pronto como se declare una "emergencia de salud pública de preocupación internacional". Si un mecanismo financiero así hubiera estado disponible para montar una respuesta inicial sólida cuando estalló el ébola, la OMS habría tenido un fuerte incentivo para declarar una emergencia internacional a tiempo.

Por cierto, en 2011, un comité de revisión de la OMS recomendó un fondo de este tipo, que debía ascender, al menos, a 100 millones de dólares. Si bien habría sido una suma perfectamente abordable —ya que representaba menos del 0,5% de la asistencia sanitaria internacional—, la OMS no logró crearlo. Lo disparatado hoy de aquella decisión es dolorosamente obvio, como lo es el hecho de que el fondo de contingencia debería ser significativamente mayor —hasta 500 millones de dólares.

El segundo pilar de una estrategia efectiva de respuesta ante una crisis es contar con recursos humanos de reserva para emergencias —establecida por la OMS, en cooperación con los gobiernos nacionales— que esté integrada por profesionales de la salud bien entrenados y preparados para un despliegue rápido en contextos de escasos recursos. Esto les proporcionaría a los países con sistemas sanitarios deficientes —que son particularmente susceptibles a los brotes de enfermedades— los recursos humanos que necesitan para poder controlar rápidamente las crisis.

Por supuesto, estas medidas no les restan responsabilidad a los países a la hora de fortalecer sus sistemas de atención médica y salvaguardar a sus poblaciones. Por este motivo el último paso, y el más importante, para impedir futuras crisis sanitarias globales es la creación de un fondo para el sistema de salud internacional que sirva para respaldar los esfuerzos nacionales para adquirir la capacidad tanto para responder de manera efectiva en emergencias como para ofrecer servicios médicos integrales en tiempos normales. Un fondo de esta naturaleza encajaría en el marco de las regulaciones internacionales de salud acordadas en 2005, y se avanzaría en el objetivo de alcanzar la atención médica universal, basada en el principio de que todas las personas tienen derecho a la salud.

Los gobiernos también deberían asignar fondos domésticos adecuados para alcanzar estos objetivos. Los jefes de Estado africanos, por ejemplo, deberían cumplir la promesa de la Declaración de Abuja de 2001 de asignar, por lo menos, el 15% de los presupuestos nacionales al sector de la salud. Pero, en el caso de los países de menores ingresos, cualquier progreso significativo a la hora de establecer sistemas de atención médica sólidos sería prácticamente imposible sin el respaldo de un fondo internacional sostenible.

Considerando que la creación de un fondo de estas características implicaría una inversión masiva de varios miles de millones de dólares en los países de menores ingresos, la movilización social es la clave para generar el respaldo político necesario. En este sentido, la respuesta global al SIDA —espoleada por el Plan de Emergencia del presidente de Estados Unidos para la Lucha contra el SIDA y el Fondo Mundial contra el VIH/SIDA, la Tuberculosis y la Malaria— podrían servir como un modelo útil.

Más allá de establecer una infraestructura sólida de atención médica, los gobiernos nacionales necesitarán desarrollar sistemas de responsabilidad para ofrecer servicios de salud a sus poblaciones. Esto incluye una administración transparente y justa de los recursos, salvaguardas contra la corrupción, herramientas para monitorear el progreso, compromiso de la sociedad civil y responsabilidad ante cualquier incompetencia.

Para que estos objetivos avancen, una coalición internacional está presionando para que se constituya una Convención Marco sobre Salud Global, destinada a fomentar una buena gobernanza en cuestiones de salud a nivel local, nacional y global. El tratado, basado en el principio de un derecho a la salud, ofrecería lineamientos claros para la asignación de la financiación y otras responsabilidades.

La epidemia del ébola en África occidental debería provocar correcciones en materia de políticas sanitarias internacionales, reforzando la necesidad de herramientas de respuesta rápida y una sólida infraestructura de atención médica. Establecer marcos para ofrecer un financiamiento escalable y sostenible para alcanzar estos objetivos es una inversión inteligente y asumible. Por el interés de todos. Esta es una respuesta humanitaria que ofrecería vastos beneficios a nivel mundial, ahora y en el futuro.

Lawrence O. Gostin es profesor de Derecho de Salud Global y director del cuerpo docente del Instituto O’Neill para el Derecho de Salud Nacional y Global, es director del Centro Colaborativo de la OMS en Derecho de Salud Pública en la Universidad Georgetown.

Copyright: Project Syndicate, 2014.