Hacia el cambio fiscal

El déficit de la Seguridad Social (18.000 millones) y la financiación de las pensiones, cuyo coste aumentará de forma inmediata con el acuerdo presupuestario para revalorizarlas con el IPC, colocan al nuevo Gobierno en la delicada situación de adoptar medidas fiscales drásticas, algunas de aplicación inmediata y otras diferidas en el tiempo. La solución óptima sería aprobar una reforma tributaria integral que acabe con las deficiencias y desigualdades de todos los impuestos y que se traducen en una presión fiscal seis puntos por debajo de la media europea. Pero una reforma de esta naturaleza requiere tiempo y una mayoría parlamentaria que quizá hoy no sea posible. Las urgencias conducirán a una política de cambios parciales en la normativa, subidas impositivas y, quizá, la creación de nuevos impuestos (sobre las transacciones financieras, a las tecnológicas o medioambiente).

La estructura fiscal española es un puro desequilibrio. El Impuesto sobre la Renta exige retoques para gravar más las rentas más altas. El Impuesto de Sociedades es el gran deudor de la economía española. La recaudación del impuesto, que antes de la crisis superaba los 44.000 millones, apenas pasa hoy de 25.000 millones aunque los beneficios de las empresas se han recuperado holgadamente al menos desde 2015. La causa de esta recaudación mermada es una maraña de normas tributarias que favorecen las deducciónes, las desgravaciones y la creación de voluminosos créditos fiscales. Y los impuestos especiales también están muy por debajo de la media europea (en los carburantes, sobre todo el diesel y el alcohol, por ejemplo)

La tributación de los carburantes y al alcohol tienen que subir en el Presupuesto para 2019. No es menos evidente que las deducciones en Sociedades tienen que ser revisadas una a una y suprimidas en su mayoría. No es aceptable que grandes empresas acumulen créditos fiscales que les permiten no pagar por beneficios y que muchas apenas tengan una tributación real del 7%, cuatro veces por debajo del tipo nominal. Sin una reforma integral, la única opción para aproximar la recaudación real por Sociedades a su potencial es cambiar las normas para limitar los gastos fiscales; como, por ejemplo, reducir las deducciones de los activos fiscales diferidos.

Nada impide crear nuevos impuestos que ayuden a superar las dificultades actuales. Algunos, los medioambientales, son urgentes; otros, como la tasa a las tecnológicas, debería aplicarse en sintonía con Europa; y un hipotético impuesto a la banca tendría que pactarse después de explorar las correcciones mencionadas en Sociedades. No hay que olvidar el gran problema fiscal español: el fraude. Es obligado destinar más recursos a la inspección de medianas y grandes empresas; e imponer normas jurídico administrativas para evitar el diferimiento en los pagos de los fraudes comprobados para bajar la morosidad (15.300 millones en 2018).