Más allá del ‘Aquarius’

No es una heroicidad evitar que más de seiscientas personas que han sido rescatadas en el mar mueran de hambre y sed porque el barco que las ha atendido, de conformidad con lo establecido en la legislación internacional, no disponga de la oportuna autorización de un Estado para hacer entrada en un puerto seguro. O, al menos, no creo que debamos aceptar que así sea. Nos dignifica más como sociedad admitir que la compasión frente al que padece también puede impulsar a las instituciones públicas en determinadas circunstancias muy concretas a aliviar, remediar y, si es posible, evitar el sufrimiento humano. A mi juicio, esto es, muy resumidamente, lo que el Gobierno de España ha hecho ante la reacción difícilmente aceptable en términos morales y jurídicos del gobierno italiano.

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El caso Aquarius no es desgraciadamente el único que refleja la tragedia humanitaria que oculta el mar Mediterráneo. Con todo, el análisis de la cuestión de fondo exige no olvidar que es un objetivo de la Unión Europea construir un Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia sin fronteras interiores en el que esté garantizada la libre circulación de personas conjuntamente con medidas adecuadas en materia de control de las fronteras exteriores, asilo, inmigración y de prevención y lucha contra la delincuencia. Para lograrlo, la Unión Europea dispone de un poder de actuación que comparte con los Estados miembros y que comprende una atribución expresa de competencias suficiente como para poder garantizar una política común en materia de inmigración, asilo y control de fronteras adecuada a los desafíos a los que Europa tiene que hacer frente. También, por tanto, el relativo al de aquellos flujos migratorios que proceden de su frontera sur. Una frontera particularmente compleja de gestionar por la cercanía geográfica con países con los que existe una diferencia notable en términos de desarrollo económico, que ofrecen una inestabilidad político-institucional importante, en los que abundan los conflictos armados o en los que proliferan redes criminales y terroristas.

No hay nada que invite a pensar que un gesto como el ofrecido por el Gobierno de España en este caso vendrá acompañado de un cambio en la configuración actual del modelo de control de fronteras. Este movimiento político, tan celebrado por la ciudadanía, no sólo puede pretender impactar de forma sustantiva en la vida de esas seiscientas personas que pronto llegarán a territorio español. También debe aspirar a influir en la jerarquía con la que se ordenan los temas de inmigración y asilo en la agenda europea. Más difícil es, sin duda, pretender que la Unión modifique el tipo de soluciones que viene ofreciendo. El desafío, aunque loable, no parecería muy realista. Basta con comprobar cómo las posiciones de los Estados ni siquiera están alineadas. Con todo, es responsabilidad última de quien gobierna no desaprovechar ninguna oportunidad de las que ofrece la realidad para, al menos, intentarlo.