Elecciones anticipadas

La gobernabilidad de España no puede estar en manos de un líder político que ha perdido toda credibilidad. El goteo de escándalos de corrupción con los que Mariano Rajoy y el Partido Popular pensaban que podían sobrevivir se ha visto truncado por la sentencia sobre el caso Gürtel, que inunda y anega a la formación gubernamental en una serie de hechos probados a cada cual más demoledor e inaceptable. Esa sentencia quiebra de forma irremediable la estrategia defensiva seguida hasta ahora y pone el foco de forma inexorable en los dos elementos que hasta ahora había logrado salvaguardar: la organización, el PP, que queda descalificado en su integridad por su carácter delictivo; y el líder, Rajoy, cuya declaración sobre la existencia de una estructura contable, corrupta, paralela, carece, a juicio del fiscal y del tribunal, de credibilidad alguna.

Que en un Estado de derecho democrático los tribunales de justicia pronuncien una descalificación tan severa del partido que sustenta al Gobierno no puede sino tener las más graves de las consecuencias. El PP quiso posponer la asunción de responsabilidades políticas a la decisión de los tribunales. Ahora estos se han pronunciado y la escapada de la corrupción ha llegado a su fin. El daño que el partido se ha hecho a sí mismo con esa estrategia es enorme, puede que incluso suicida en términos de su continuidad como fuerza política con capacidad de gobernar. Más grave aún es el daño que se puede hacer al sistema democrático, ya muy erosionado a causa de los casos de corrupción y de una mala gestión de los problemas más acuciantes que sacuden a España, con el independentismo catalán como principal amenaza a su estabilidad.

Perdida la confianza en el líder y el partido que gobierna este país toca, por tanto, dar la palabra a los ciudadanos para que se pronuncien. Dada la situación y la correlación de fuerzas políticas en el Parlamento, ir a las urnas asoma como la única opción para lograr una alternativa de Gobierno estable y coherente que tome el timón y rescate a España de la grave crisis política producida por la devastadora sentencia del caso Gürtel y el desafío secesionista. No apreciamos en la actual composición del Parlamento ninguna combinación estable y coherente que ofrezca la alternativa de Gobierno que se precisa cuanto antes.

Es un momento de emergencia nacional que no se puede resolver con componendas partidistas

Es un momento de emergencia nacional que no se puede resolver con meras componendas partidistas. Es el bien supremo de la gobernabilidad del país, claramente amenazado en este momento, el que hay que preservar por encima de todo. Por lo tanto, cualquier acuerdo ha de pasar por unas elecciones anticipadas que pongan fin a una legislatura que, en la actual situación, sería agónica, toda vez que Ciudadanos ha retirado su apoyo al Ejecutivo.

El liderazgo de Mariano Rajoy se ha quedado sin recorrido y el todavía presidente del Gobierno ha desaprovechado la oportunidad de marcharse airoso con una convocatoria de elecciones anticipadas. Se equivoca de nuevo el líder del PP respecto a los escándalos de corrupción. En lugar de tener una estrategia para luchar contra ella, ha optado por minimizar las acusaciones en los casos que le afectaban rebajándolas a campañas o intereses espurios y después por negarlas. Ha soslayado también sistemáticamente la asunción de responsabilidades políticas, trasladando a los tribunales de justicia el esclarecimiento de los hechos en la confianza de que los tiempos y la lógica de la justicia, por obligación lentos y garantistas, terminara por exonerar a su partido de la corrupción.

Ni la moción de censura ni Ciudadanos han logrado sacar a Rajoy de su dañina pasividad

El desgaste acumulado en este erróneo empeño en mirar hacia otro lado ha sido enorme. En lugar de depurar las responsabilidades individuales de forma ejemplarizante y cortar de raíz cualquier atisbo de connivencia con la corrupción, el partido ha mantenido en sus cargos a políticos cuestionados hasta que se han visto abrasados por su exposición mediática y la indignación popular, dañando de forma irremediable la imagen del partido. De la misma manera, el tiempo ganado con la judicialización ha terminado por convertirse en un goteo de testimonios, acusaciones y sentencias que han extendido la percepción de la extensión generalizada de la corrupción en el PP.

Ni la retirada del apoyo de su socio de gobierno ni la presentación (previsible) de una moción de censura por parte del principal partido de la oposición han sido capaces de obligar a Rajoy a moverse un ápice de esa pasividad que tanto daño ha hecho a su partido y a este país. Su ataque al PSOE sobre la inconveniencia de su moción de censura y el perjuicio que esa decisión puede acarrear a España es otra forma de negar la realidad: no estamos juzgando ahora la táctica política de otros sino la capacidad de Rajoy de seguir gobernando, y esto no puede basarse en posibles aciertos económicos del pasado sino en su autoridad política y moral; al día de hoy, ninguna.

Llegados a este momento, lo menos lesivo para la estabilidad política y económica es forzar un adelanto electoral lo antes posible. Es prematuro pronunciarse sobre el mejor instrumento para alcanzar ese fin, pero lo que es seguro es que las principales fuerzas políticas deberían ser capaces de llegar a un acuerdo sobre ello. La atomización parlamentaria y la concurrencia de partidos que han apostado por la independencia unilateral a costa de vulnerar las leyes son elementos que dificultan la toma de decisiones. Hacer concesiones a los secesionistas es cruzar una línea roja. Pero es necesario pensar en una mayoría capaz de obligar a Rajoy a consultar a los ciudadanos. La Bolsa y la prima de riesgo ya han alertado hoy mismo sobre el peligro de mantener la incertidumbre política.