Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

“España tiene que asegurarse de que su ayuda no se utilice contra los defensores de derechos humanos”

La activista Lala Aicha Ouedraogo alerta de un incremento de la represión de los activistas que luchan en contra de la esclavitud y la discriminación racial en Mauritania

La defensora de los derechos humanos mauritana Lala Aicha Ouedraogo en Madrid.
La defensora de los derechos humanos mauritana Lala Aicha Ouedraogo en Madrid.

Casarse, divorciarse o quedar soltero, estudiar o no... son decisiones que no todos pueden permitirse tomar libremente en Mauritania. En este país africano aún hay alrededor de 43.000 esclavos (aproximadamente el 1% de la población), según estimaciones de organizaciones como Amnistía Internacional, pese a que esta práctica está formalmente prohibida por ley desde hace casi 40 años. No obstante, el Gobierno niega su existencia y activistas como Lala Aicha Ouedraogo alertan de un incremento de la represión para los defensores de los derechos humanos que luchan por la abolición.

"En este siglo, no podemos estar aún hablando de esclavitud", lamenta Ouedraogo (1956), de paso por Madrid a principio de este mes para reunirse con autoridades españolas. "En Mauritania puedes heredar la condición de esclavo de tus padres. Es decir, que naces para trabajar para tu patrón desde que eres pequeño. Sin derechos, sin descanso, sin sueldo mínimo". También se da el caso de mujeres que, pese a nacer libres, se convierten en esclavas en Arabia Saudí y en los países del Golfo, donde supuestamente son contratadas para trabajar como empleadas del hogar.

"Hemos registrado 250 casos de mujeres de edad comprendida entre los 18 y los 40 años que firman contratos para ocuparse de la cocina, del hogar y del cuidado de los niños sin saber lo que les espera en realidad. Son personas sin recursos en un país que está a la cola en la estadística mundial de desarrollo humano. Ante la falta de trabajo y los sueldos ínfimos que encuentran aquí, aceptan irse al extranjero por la promesa de unas ganancias tres veces mayores y la tentadora posibilidad de realizar la peregrinación a La Meca. La mayoría de las veces, en cambio, acaban siendo también víctimas de explotación sexual. El Gobierno mauritano no hace nada por ellas y nos acusa de exagerar con estas denuncias".

En Alemania, todos conocen la historia del nazismo. En Sudáfrica, todos saben lo que ha pasado con el 'apartheid'. Los mauritanos también tienen derecho a saber

Ouedraogo supo que no podía callar antes las injusticias desde muy joven. Primero fue delegada de los estudiantes y luego sindicalista para defender los intereses de los trabajadores. Fue arrestada en varias ocasiones, pero ni esto la detuvo. "Mi pasión siempre ha sido luchar por las personas cuyos derechos son violados", explica. "Recibo amenazas constantemente, pero no tengo miedo. Más bien, estoy preocupada por la evolución de los derechos humanos en mi país y quiero aportar mi granito de arena a la construcción de un entorno más libre".

En la actualidad, es secretaria ejecutiva del Foro de las Organizaciones Nacionales de Derechos Humanos y presidenta del Comité para la Solidaridad con las Víctimas, una organización creada en 1991 después de las graves violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar en Mauritania entre 1989 y 1990. "No nos dimos cuenta de lo que había ocurrido hasta un año más tarde porque muchas víctimas tenían miedo a hablar o se habían refugiado en el extranjero, mientras que las autoridades intentaban tapar la verdad". Ouedraogo se refiere a los supervivientes de los campos de exterminio en los que se encerraba a los soldados mauritanos de piel negra.

"Las mujeres, madres y esposas nos unimos en un movimiento espontáneo. Hemos contabilizado a 685 militares desaparecidos o muertos, además de 250 civiles, pero el listado no es exhaustivo. El Gobierno les acusó de tramar un golpe de Estado y de haber envenenado las fuentes de agua de la capital para justificar un exterminio fomentado por el racismo, planeado por alguien que cree que Mauritania es un país estrictamente árabe y que todas las poblaciones negras han llegado desde otros lugares". La asociación de Ouedraogo ha pedido en varias ocasiones que se realice un censo de población, sin obtener respuesta. "Las autoridades no quieren ni hablar del tema, al contrario, insisten en reforzar la idea de que hay una etnia que predomina sobre las demás y los responsables de los abusos siguen campando a sus anchas. Algunos de ellos incluso han obtenido promociones. En Alemania, todos conocen la historia del nazismo. En Sudáfrica, todos saben lo que ha pasado con el apartheid. Los mauritanos también tienen derecho a saber". El Estado, por su parte, cerró el capítulo de la historia en 1993, cuando se aprobó una ley de amnistía para los mandos del Ejército implicados y se otorgó una pequeña compensación económica a los familiares de las víctimas.

"Hoy en día aún existen muchas prácticas discriminatorias hacia los negros y no podemos aceptarlo, pero el problema es que todos los defensores de los derechos humanos que se ocupan de esclavitud y racismo son víctimas de intimidaciones que a veces llegan hasta la tortura o la violación", añade. "España tiene que asegurarse de que su ayuda a Mauritania no se utilice contra los defensores de derechos humanos y las minorías".

El Ministerio del Interior español ha gastado hasta el momento 135 millones de euros para evitar la llegada de inmigrantes desde las costas de Mauritania y Senegal. El viaje de Ouedraogo a Madrid tiene como objetivo pedir a las autoridades extremar los controles para cerciorarse de no estar contribuyendo a abusos. "No vemos inconvenientes en que España contribuya a la lucha contra el terrorismo y la migración clandestina con fondos públicos, pero hay que hacer mención de los derechos humanos en todos los programas de cooperación. No se puede estar en contra de la pena de muerte y financiar a un régimen como el de Mauritania, que ha aprobado un proyecto de ley que castiga con la ejecución a la apostasía".

Así se silencia a los activistas

En su último informe sobre Mauritania, Amnistía Internacional denuncia un incremento de la represión de los activistas que se ocupan de discriminación racial y esclavitud. “Los que defienden estas causas se enfrentan a detenciones arbitrarias, campañas de desprestigio, tortura, reclusión en prisiones remotas y la prohibición sistemática de sus reuniones”, alerta François Patuel, investigador de la organización experto en el país africano.

“Las autoridades no aceptan que se hable de estas cuestiones y silencia a las organizaciones denegando la autorización para trabajar. La libertad de asociación en Mauritania ya no es un derecho, sino un privilegio”, señala. El Gobierno se escuda tras el paragua de la lucha al terrorismo y la necesidad de preservar la unidad de la nación. “Cuando una organización solicita reconocimiento y obtiene silencio como respuesta, se convierte en ilegal. Esto significa que sus miembros pueden ser detenidos y que es mucho más difícil obtener financiación”. Incluso cuando las asociaciones están reconocidas, su espacio de acción está limitado: desde noviembre de 2016 también hay que pedir autorización para organizar actividades públicas. “Es un trabajo administrativo sin fin, completamente liberticida, hecho adrede para entorpecer la actividad de las organizaciones”.

En 2016, los tribunales contra la esclavitud del país solo condenaron a dos personas, a pesar de haber recibido 47 casos para investigar en los que estaban implicadas 53 personas sospechosas.

“Con unas importantes elecciones a punto de celebrarse, existe un elevado riesgo de disturbios sociales si no se respetan todas las voces, incluidas las críticas”, alerta Patuel.

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter y Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra newsletter.

Más información