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África, en la lista negra sobre tráfico de seres humanos

El Departamento de Estado de EE UU acaba de presentar su informe anual 'Trafficking in Persons' con la situación en todo el mundo, país por país

Operación de rescate en aguas libias de una embarcación con 147 personas que intentaban llegar a Europa.
Operación de rescate en aguas libias de una embarcación con 147 personas que intentaban llegar a Europa.

Persecución de los traficantes de personas, protección de las víctimas y prevención del crimen son las 3 Ps que han guiado la elaboración de la lista negra de los países donde más se trafica con personas en el mundo, publicada esta semana por el Departamento de Estado de EE UU. Y en la que, una vez más, África está sobrerrepresentada.

El Informe sobre la Trata de Personas (Trafficking in Persons, TIP, aquí en pdf) es no sólo un documento relevante que describe bien la situación de respeto a los Derechos Humanos y la vida de las personas en todo el mundo, sino la principal herramienta diplomática del Gobierno de EE UU para involucrar a gobiernos extranjeros en avanzar en las reformas contra este problema y destinar recursos a programas de prevención, protección de las víctimas y llevar a los responsables ante la Justicia. Cado año, el Departamento de Estado elabora una clasificación de tres niveles que toma en cuenta los esfuerzos de los países para cumplir con los estándares mínimos para la eliminación de la trata. El Nivel 1 es el más alto, pero no significa que un país no tenga problemas en este ámbito, sino que su Gobierno ha reconocido la existencia de la trata de personas y se ha esforzado para encontrar soluciones.

Estar situado en el último nivel habla a las claras de situación descontrolada y dramática, de falta de medidas o incluso voluntad política para atajar el problema. Países africanos como Malí, la República Democrática del Congo, Congo y Guinea integran por primera vez el último escalón del informe anual, junto a Burundi, la República Centroafricana, las Comores, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Guinea-Bissau, Mauritania, Sudán del Sur y Sudán. Los acompañan Turkmenistán, Uzbekistán, Venezuela, Belice, Rusia, Corea del Norte, Irán, Siria y, por primera vez, China.

La Administración Trump dispone ahora de 90 días para decidir si aplica sanciones a estos países, que pueden ir desde la congelación de la ayuda no humanitaria y no comercial a la prohibición de recibir préstamos de instituciones multilaterales.

Argelia, Gambia y Zimbabue salieron de la lista de países que en el último año no cumplieron con los estándares mínimos de respeto de los derechos humanos en áreas como la explotación laboral o la sexual, la esclavitud doméstica o el reclutamiento de niños soldados.

Burundi

Burundi se mantiene en el último tramo de la clasificación. El informe considera que el Gobierno de este país no ha cumplido con los estándares mínimos de respeto de los derechos humanos, ni se ha esforzado lo suficiente para lograrlo, pese a pequeños avances. El Departamento de Estado destaca la importancia de incrementar la protección de las víctimas y la implementación de normas más severas. La actual legislación, por ejemplo, no contempla entre los casos de trabajo forzado aquellos en los que una persona podría haber consentido inicialmente aceptar un trabajo, pero después se vio forzada a continuar en él. El informe reprocha, además, a las autoridades burundesas no elaborar informes sobre el tráfico de personas, lo que dificulta determinar el número exacto de víctimas.

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Comoras

El archipiélago de las Comoras se mantiene en el último tramo del listado, pese a haber dado pequeños pasos adelante en el último año, como la adopción de leyes para luchar contra de la explotación laboral y sexual de menores. El país, no obstante, aún carece de un mecanismo para identificar y proteger a las víctimas y la legislación no prohíbe todas las formas de trata. Ante la ausencia de alojamientos para las víctimas, algunas ONG se vieron obligadas a ofrecer refugio temporal en domicilios particulares. Agencias del Gobierno, ONG y organizaciones internacionales están trabajando en la actualización del plan de acción nacional.

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Congo

Congo también desciende en la clasificación. El Gobierno, según el informe, no financió ni avanzó en la implementación del plan de acción nacional 2014-2017. Ningún traficante ha sido condenado y algunos casos han permanecido abiertos hasta seis años. Un elevado porcentaje de las víctimas de trata son mujeres de entre 7 y 19 años originarias de Benín y la República Democrática del Congo, atrapadas en la esclavitud del trabajo doméstico. Los niños obligados a desplazarse desde las zonas rurales a las ciudades también acaban a menudo en las redes de empleo doméstico, así como en la pesca y en la agricultura.

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Eritrea

Eritrea tampoco consiguió salir de la lista negra. El Gobierno está acusado de obligar a sus ciudadanos a permanecer periodos indefinidos en el Ejército “en condiciones muy duras”. Las autoridades, asegura el informe, “demuestran una incomprensión del crimen, con frecuencia confundido con contrabando o migración transnacional”. El trabajo forzoso es el principal problema que afecta al país, seguido por la explotación sexual. Las restricciones impuestas por el Gobierno sobre la migración empujan, según el informe, a muchos ciudadanos a cruzar las fronteras de manera ilegal, exponiéndose al riesgo de ser víctimas del tráfico de personas.

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Guinea

Después de cuatro años en el escalón anterior de la lista, el Departamento de Estado coloca a Guinea entre los países en los que más se trafica con personas en el mundo. Pese a que con frecuencia los alumnos de escuelas coránicas son obligados a pedir limosna, las autoridades no han enjuiciado a ningún responsable de los centros. La mayoría de las víctimas de trata en el país son extranjeros, especialmente niños. Mientras las chicas se destinan al trabajo doméstico o a la prostitución, los chicos se ven obligados a mendigar, a trabajar en minas de oro y diamantes, como agricultores, pescadores, ganaderos, vendedores callejeros o limpiabotas.

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Guinea-Bissau

Entre los pequeños avances del Gobierno en la lucha contra el tráfico de personas, está la elaboración de planes de acción para apoyar y repatriar a los estudiantes del país obligados a mendigar por escuelas coránicas en Senegal. Sin embargo, casos similares se siguen registrando en el país. Algunos dirigentes corruptos de estas escuelas aprovechan la debilidad de las instituciones y la porosidad de las fronteras para llevar numerosos niños a Senegal y forzarlos a pedir limosna, privándoles de la educación. Un gran número de chicas de Guinea-Bissau son engañadas con falsas promesas de trabajo en el mundo de la moda y acaban explotadas como prostitutas en Senegal.

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Guinea Ecuatorial

Guinea Ecuatorial no ha logrado salir de la lista negra. Si por un lado es un país emisor de mujeres y chicas víctimas de explotación sexual, por el otro es destino de personas vulnerables de caer en las redes del trabajo forzado, sobre todo en los sectores de la construcción. En las tres principales ciudades del país –Malabo, Bata, y Mongomo– la actividad económica y los ingresos generados por el crudo crean un mercado propicio para el desarrollo de la prostitución y de la explotación laboral. Niños provenientes de países vecinos –sobre todo Nigeria, Benín, Camerún, Togo y Gabón– suelen ser empleados en trabajo doméstico, en el mercado o en lavanderías. Estos delitos, según el informe, a menudo se realizan con la connivencia de autoridades corruptas.

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Libia

Libia se cuenta entre los "casos especiales" por segundo año consecutivo, ya que se ha revelado incapaz de enfrentarse a los retos más básicos de seguridad y, por ende, al tráfico de personas. El Código Penal prohíbe la explotación sexual, la prostitución, la esclavitud y el tráfico de niños, pero no incluye el trabajo forzoso. Sin embargo, el sistema judicial se paralizó el año pasado debido a la espiral de violencia que azota al país y no se enjuició a ningún traficante. Tampoco se investigó el reclutamiento de niños soldados. Los migrantes, tanto los que aspiran a integrarse en el país como los que se dirigen a Europa, representan una categoría especialmente vulnerable. El informe refiere también casos de detenciones arbitrarias entre ellos, incluidas potenciales víctimas de trata.

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Malí

Malí ha sido degradado al final de la lista por no haber incrementado los esfuerzos para luchar contra el tráfico en los últimos cuatro años. En el país, además operan milicias que enlistan a niños en sus filas, sin que el Gobierno investigue los abusos. El tráfico de personas afecta sobre todo a los nacionales, pero también se han registrado casos de menores de Guinea y Burkina Faso obligados a trabajar en minas de oro, o mujeres de otros países de África occidental explotadas como prostitutas. Varias organizaciones no gubernamentales denuncian que las altas tasas de desempleo, la inseguridad alimentaria y la inestabilidad del país empujan a las familias a vender sus hijos como trabajadores domésticos o mineros.

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Mauritania

A pesar de la existencia de juzgados especializados en trata de personas y casos de esclavitud heredada, solo se condenaron a dos traficantes. El informe acusa al Gobierno de no brindar el adecuado apoyo financiero a estas instituciones y de no formar al personal. Distintas ONG presentes en el territorio documentaron 7.100 casos de menores empleados en trabajo doméstico cuyos derechos son sistemáticamente vulnerados y la Policía identificó a unos 650 niños obligados a mendigar en 2016. No existen datos oficiales sobre la esclavitud heredada, pero el informe estima que “una parte significativa” de la población es víctima de esta práctica.

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República Centroafricana

También repite en la lista negra. Entre los escasos avances registrados por este país, el informe del Departamento de Estado de EE UU menciona la creación del Comité de Consulta sobre Desarme, Desmovilización, Reinserción y Repatriación. Sin embargo, se destaca que el Gobierno no enjuició o condenó a traficantes en el último año, ni ofreció apoyo a las víctimas. Distintas ONG sostienen que fueron acosadas por autoridades locales corruptas mientras luchaban contra el tráfico de personas. Entre las recomendaciones para el país, el informe menciona la reintegración de los niños soldados.

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República Democrática del Congo

Este país ha empeorado su posición en el listado a lo largo del último año. El informe hace referencia a la detención de algunas víctimas de tráfico, incluidos niños soldados, así como a la ejecución por parte de las fuerzas del orden de menores desarmados acusados de ser miembros de milicias locales. Como en los últimos cinco años, se acusa al país de ser origen, destino y lugar de tránsito para víctimas de tráfico de personas con fines de explotación laboral y sexual o para integrar grupos armados. Los niños soldados rescatados y reintegrados en la sociedad se mantienen vulnerables a ser reclutados, según el informe, ante la ausencia de servicios eficaces de rehabilitación para casos de traumas psicológicos o estigmatización.

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Somalia

Somalia integra los casos especiales desde hace 15 años. La insurgencia de Al Shabab es el principal obstáculo que impide la protección de los derechos humanos. El informe destaca que es extremadamente difícil obtener y comprobar información relativa a este ámbito. Las víctimas provienen en su mayoría de las regiones del sur y del centro. En Somaliland, las mujeres actúan como reclutadoras e intermediarias en las redes de tráfico con fines de explotación sexual o laboral. La pobreza y la imposibilidad de hacerse cargo de todos los miembros de la familia fomentan la venta de menores.

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Sudán

El Gobierno de este país, según el Departamento de Estado de EE UU, sigue negando la existencia de redes de tráfico de personas con fines de explotación sexual de adultos y menores. Sudán es un país de origen, tránsito y destino de víctimas de trabajo forzado y, en menor medida, de explotación sexual y niños soldados. El informe acusa a varios oficiales sudaneses de estar involucrados y lucrarse de las redes de trata sexual. Aunque la ley prohíbe el reclutamiento de niños soldados, en la práctica los menores siguen captados para grupos armados y milicias.

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Sudán del Sur

Una de las lacras del país es la presencia de niños soldados. Mujeres y niñas, sobre todo desplazadas internas, son empleadas como trabajadoras domésticas en todo el país y a menudo sufren agresiones sexuales por parte de sus empleadores. El informe explica que algunas menores de edad son obligadas a casarse como compensación por las matanzas entre tribus. Se acusa a las autoridades, además, de haber ayudado en varias ocasiones a los traficantes a cruzar la frontera. El clima de inseguridad que vive el país, sumergido en un sangriento conflicto desde 2013, el continuo deterioro de la situación económica y el incremento de la violencia han contribuido a agravar las vulneraciones de los derechos humanos en 2016.

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