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Aprender del pasado

El Gobierno debe responder al nuevo separatismo con todo el poder de la ley

Torra y Puigdemont. FOTO: Getty Images / VÍDEO: ATLAS

Si el desafío separatista pudo llegar tan lejos en la legislatura anterior fue en gran parte debido a que el Gobierno actuó tarde y mal. Entonces, Mariano Rajoy lo fio todo a la capacidad del Tribunal Constitucional de impedir el desbordamiento de la Constitución y el Estatuto de Autonomía. En paralelo, confió en que la intervención de las finanzas de la Generalitat, sumada a la tarea de prevención de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, impidiera la realización del referéndum ilegal convocado el 1-O.

Como sabemos, el Gobierno erró doblemente, pues las urnas acabaron en las mesas de los colegios electorales, mientras que los esfuerzos de Policía y Guardia Civil por impedir la votación no solo fueron infructuosos a la hora de impedir que se votara sino que dañaron gravemente la imagen de España en el exterior. Finalmente, ante la negativa del expresidente Puigdemont a disolver el Parlament y llamar a los catalanes a elecciones, el Gobierno solicitó al Senado la aplicación del artículo 155 de la Constitución con el fin de cesar al Govern, disolver el Parlament y convocar elecciones.

Con el artículo 155, al que hay que sumar la actuación de los tribunales de Justicia, el procés secesionista fue detenido en seco. La unidad de las fuerzas políticas, el rechazo ciudadano y la firme oposición de los socios e instituciones europeas completaron el bloqueo al unilateralismo y al desbordamiento de la ley.

Nada de lo hecho ni vivido en la lucha contra el desafío secesionista ha sido fácil. Por eso, hoy, mientras toma posesión un nuevo presidente de la Generalitat cuya intención declarada es retomar la senda unilateral e ilegal si cabe con mayor fuerza, la democracia y los demócratas deben mostrar que han aprendido la lección de los errores cometidos en el pasado y que, en consecuencia, están dispuestos a actuar de manera tan firme como temprana para impedir que los secesionistas materialicen, siquiera mínimamente, un nuevo desafío al Estado.

El presidente del Gobierno no puede equivocarse una segunda vez, sentándose a esperar y fiándolo todo, una vez más, a los tribunales. Donde antes actuó tarde y mal ahora deberá hacerlo pronto y bien con todos los medios a su alcance, que son muchos y muy variados dentro del actual marco legal. Estos permiten, además de seguir controlando estrechamente las finanzas de la Generalit, poner bajo su control los Mossos d’Esquadra para impedir que, como ocurriera en el pasado, se anulara la capacidad de ese cuerpo policial de hacer cumplir la Constitución.

Y si fuera el caso que careciera de ellos o que previera que son insuficientes a efectos disuasorios o preventivos, deberá acudir al Parlamento para lograr el apoyo de la Cámara a un plan de medidas, de carácter político y legislativo —incluyendo una posible modificación del Código Penal—, que impidan que el nuevo Govern pueda volver a desbordar la legalidad.

Al resto de las fuerzas políticas corresponde dar su apoyo al presidente Rajoy, pero es a él a quien compete liderar, convocando juntos y cuanto antes a los responsables de los cuatro principales partidos políticos, con vocación de ofrecer una verdadera imagen de unidad, sin cálculos políticos.

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