¿Qué deben hacer los demás?

¿Qué deben hacer los constitucionalistas? En su cualidad de defensores de la legalidad democrática, su primer deber es cumplirla.

Por tanto, desde el minuto cero en que haya Govern, deben atenerse al decreto de intervención de la Generalitat por el artículo 155. Y, como aquel ordena, dejarlo decaer. Un discurso, un programa, un catálogo de propósitos, por disparatados que sean, no por ello constituyen materia susceptible de intervención.

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Enseguida deben adaptarse a la nueva situación. El procés-bis reinstaurado ayer es un circunloquio. Un proceso de nuevo cuño, que busca multiplicar las habilidades para sortear la ley; una renovada y más perfilada astucia; un enmascaramiento de la continuación del golpe endosando su autoría a los demás en todas sus aristas ilegales: a Bruselas, el Consejo de la República; al activismo callejero de las plataformas indepes, el “proceso constituyente”.

Si eso es así, el procés-bis será un monumental y continuado fraude de ley. Aquel en que incurren los autores o inductores de “actos realizados al amparo del texto de una norma, que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él” (artículo 6.4 del Código Civil).

Precisamente por eso, por la máscara y la doblez que implica, será de más ardua, prolija y procelosa persecución legal.

Eso significa que si la mera defensa del ordenamiento y la simple apelación a su árbitro —la judicatura—, siendo imprescindibles nunca fueron suficientes, ahora lo son aún menos. El corsé correctivo del 155 autoriza medidas para reparar los desaguisados efectivos, no intencionales.

Además, se ha comprobado ya que el primer envite no es entre Cataluña y el conjunto de España, sino entre los propios catalanes. Conviene pues que sean estos, antes que nadie, quienes traten de reenderezar el estropicio.

Ha llegado el momento para hacer política, para emprender otras formas de hacer política. De oposición, ese vacío.

Imaginen una oposición (plural, claro, pero debería ser también efectiva) que monitorice todas las actuaciones dudosas y sectarias (que las habrá) de la nueva Administración.

Que examine la relación cost-benefit (para los ciudadanos) de cada embajada restituida. Que instaure en el Parlament una auténtica oficina de reclamaciones sobre los abusos cometidos en favor de una parte de la sociedad, que falsamente se reclama como el todo. Que establezca un rígido control financiero sobre los gastos y subvenciones a las operaciones de secesión, llamando todas las semanas a capítulo a interventores, a contables y toda suerte de comisarios. Que vigile estrechamente la deriva insurreccional planteada como un angelical sucedáneo.

Un Gobierno en la sombra sería excesivo para una oposición fragmentada. Pero es recomendable un comité de coordinación, con transparencia, de todos los disidentes. Vigilancia milimétrica. Y así no habría que recurrir al palo y tente tieso.