Las agricultoras africanas pagan cara la corrupción en las tierras

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Cuando una empresa fabricante de etanol llegó en 2008 al pueblo de Qhelani Mahanya, situado en el sureste de Zimbabue, para establecer un proyecto de biocombustible, esta agricultora de 29 años cuenta que muchos habitantes de la región pensaron que traería más oportunidades de desarrollo y empleo. Diez años después, dice que la empresa no ha traído más que miseria.

A los aldeanos no les consultaron durante el proceso de distribución de tierras y cuando asignaron los terrenos para compensarlos, a muchas campesinas –incluida ella misma– no las tuvieron en cuenta. Por eso ahora tiene dificultades para alimentar a sus dos hijos. “Antes de que llegara la empresa, podíamos sembrar maíz y alimentar a nuestras familias y todavía nos quedaba un poco para vender. Ahora no hacemos más que sufrir”, se queja. “Si intentamos plantar algo, nos destrozan los cultivos”.

Defensores de los Derechos Humanos aseguran que la compañía ha traspasado constantemente los límites de los terrenos inicialmente asignados, invadiendo los reservados para la comunidad. “Esto no es nuevo… y está claro que las cosas no se hicieron de la manera adecuada”, afirma Claris Madhuku, director de la Plataforma de Desarrollo Juvenil (PYD), una ONG local. “Se dan los elementos básicos para una corrupción relacionada con las tierras”, apunta.

En todo África subsahariana, las agricultoras son quienes salen perdiendo en estos casos de corrupción, asegura Transparencia Internacional en una nueva investigación presentada en marzo pasado que demuestra que el problema está extendido y afecta de manera desproporcionada a mujeres como Mahanya. “En todo el mundo, una de cada cinco personas admite haber pagado sobornos por servicios relacionados con la tierra; sin embargo, en África subsahariana, se ve afectado uno de cada dos usuarios de servicios de administración de terrenos”, especifica el estudio.

Las mujeres son más vulnerables en estos casos por una amplia gama de razones, como la discriminación social, el menor acceso a la enseñanza y a la información, la pobreza y la vulnerabilidad a la extorsión sexual. "Ellas dependen especialmente de la tierra. Suponen la mayoría de la población agrícola y tienen menos oportunidades que los hombres para obtener rentas por otros medios”, defiende el informe.

En Zimbabue, las mujeres aportan alrededor del 70% del trabajo agrícola, pero en 2016 solo el 18% de las mujeres rurales declaraba ser participante activa en las decisiones sobre la tierra

En Zimbabue, las mujeres aportan alrededor del 70% del trabajo agrícola y se calcula que generan el 60% de la producción, pero en 2016 solo el 18% de las mujeres rurales declaraba ser participante activa en las decisiones sobre la tierra, frente al 30% de los hombres, según el informe. “Las comunidades basadas en la agricultura a pequeña escala y familiar dependen significativamente del trabajo de ellas, pero a menudo las estructuras jurídicas y sociales y la dinámica familiar limitan el acceso de las mujeres a la propiedad y al control de la tierra y de las rentas derivadas de su uso”, señala Kate Muwoki, asesora regional de Transparencia Internacional para el sur de África. “En los casos en los que ellas son propietarias, a menudo su terreno es de menor calidad y más pequeño que la de los hombres. Incluso allí donde existe, la legislación para garantizar la igualdad en el derecho a la tierra tiene a menudo una eficacia limitada”, añade.

Hay organizaciones que trabajan para contrarrestar los incumplimientos del derecho al suelo, y el informe destaca algunas que han encontrado enfoques innovadores. Hay grupos que crean plataformas digitales para informar sobre casos de corrupción relacionada con tierras, otros que amplifican la voz de las mujeres con videos sobre su propiedad y organizaciones que forman asistentes jurídicos encargados de defender sus derechos.

Una de ellas es la Iniciativa por la Integridad de Ghana (GII), que promueve el uso del sistema comunitario de resolución de conflictos. El grupo ha formado a personas que trabajan como mediadores jurídicos y que proporcionan a las mujeres información y asesoramiento. Michael Okai, coordinador de proyectos de GII, explica que la organización inició el proyecto al comprender que en Ghana las mujeres pobres y vulnerables tienen dificultades para recibir ayuda legal: “Los procedimientos son muy complicados, los litigios tardan mucho en concluir, y a menudo la presentación de una demanda judicial exige la asistencia de abogados, cuyas tarifas son demasiado elevadas para muchas de estas agricultoras”.

Okai dice que el programa de asistentes jurídicos, que está en funcionamiento desde 2016, ha logrado ayudar a las mujeres a ser más conscientes de sus derechos. “Cuestiones que antes se habrían barrido bajo la alfombra están siendo ahora objeto de atención y resueltas, porque han podido ayudar a viudas y marginadas a conservar la tierra y sus derechos de propiedad”, apunta.

Al otro lado del continente, en Zimbabwe, Muhanya sigue aferrándose a la esperanza de que la comunidad logre algún día justicia. “No sé quién podrá ayudarnos, porque llevamos esperando ayuda desde 2008”, señala. “Pero la necesitamos, porque estamos sufriendo”.

Este texto fue publicado originalmente en inglés en la página web de Newsdeeply en este enlace.

Jumana Farouky es redactora jefa de Women & Girls. Nacida en El Cairo, criada y educada en Londres, ha trabajado para Newsweek y la Fundación Thomson Reuters. Rumbi Chakamba es una periodista autónoma radicada en el sur de África. Con formación en relaciones internacionales, está especializada en desarrollo regional y género. 

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