Cifuentes dimite tarde y mal

La caída de Cristina Cifuentes debería pervivir en la memoria de este país como ejemplo de todos los comportamientos que dañan la democracia y ensucian el nombre de la política y las instituciones. Por un lado están los hechos en sí: un título fraudulento de un máster que produce vergüenza por el desprecio que supone a las Universidades y estudiantes y un supuesto hurto menor en un supermercado que aleja a la presidenta de la Comunidad de Madrid de la mínima ejemplaridad que se le debe exigir y suponer.

Pero no es esto lo único preocupante, sino la gestión que ha rodeado el escándalo hasta su dimisión, este miércoles. La negación y la mentira por parte de Cifuentes; la connivencia de profesores universitarios, prestos a socorrer a la presidenta falseando documentos oficiales; el silencio y la parálisis de Mariano Rajoy; el desfile de apoyos y aplausos por parte de los altos cargos del Partido Popular desde la convención en Sevilla hasta horas antes de su dimisión cuando el fraude ya era más que evidente, y, finalmente, la exhibición de trapos sucios guardados desde 2011 para su explotación política en un ataque de tono mafioso que nos arrastra a unas cloacas inadmisibles en democracia. No solo toda la cadena de responsables políticos del PP ha fallado, sino que desde las sombras se han añadido las peores prácticas de la lucha política mediante el golpe bajo y rastrero propio de grupos delincuentes.

El Partido Popular de Madrid ha alcanzado cotas de podredumbre solo similares a las del Partido Popular en la Comunidad de Valencia. Si allí han sido los casos Gürtel, Imelsa, Cooperación, Fabra o Taula, entre otros, los de la Comunidad de Madrid no le han ido a la zaga: también Gürtel y todas sus ramificaciones, Lezo, Púnica, etcétera. La corrupción ha llevado a la cárcel al expresidente Ignacio González, al exsecretario general del PP Francisco Granados y ha arrojado sospechas sobre las grandes operaciones económicas en la Comunidad. El lodazal en ambos feudos del PP, que sostuvo el poder en estas dos autonomías durante los años en que gobernó el PSOE en España y en varias comunidades, ha desbordado a las familias del PP y altos cargos municipales, autonómicos y de partido en múltiples instancias. La implosión es lo que cabe esperar en organizaciones con un reguero delictivo tan intenso y es seguramente a lo que estamos asistiendo en la Comunidad de Madrid, como antes fue en la de Valencia. La caída de Cifuentes —más allá de sus propias corruptelas— se enmarca en ese contexto de enfrentamientos y vendettas en su partido, de las que este capítulo podría no significar el final.

El Partido Popular debe enfrentarse de una vez con urgencia y determinación a esta realidad, limpiar sus filas de corrupción y revisar el lastre que supone su comportamiento ante los escándalos. Una vez que Cifuentes, que durante más de un mes se resistió a dimitir, delegó en Rajoy su futuro, el presidente del Gobierno y del partido ha sido el responsable de prolongar una crisis que no solo mancha al PP, sino a las instituciones y a los principios de ejemplaridad que deben guiar la gestión pública. El descrédito de la política y de los políticos es la consecuencia más dañina de tanta irresponsabilidad y dejar hacer.