Amarga convención

El proyecto de convención del PP en Sevilla era muy distinto al que se ha vivido. Apremiado por unos sondeos que indican que su electorado huye en masa hacia Ciudadanos, el partido gubernamental planeaba lanzar desde Sevilla un mensaje firme en torno a la seguridad en un intento desesperado por recuperar a sus votantes. La puesta en libertad de Carles Puigdemont en Alemania, el apoyo a tal liberación por parte de un miembro del Gobierno de Angela Merkel y el caso Cifuentes han dado al traste con sus expectativas.

El Partido Popular está dando síntomas inequívocos de incapacidad para afrontar el declive que le adjudican todos los sondeos. Se puede alegar que la liberación del expresident es un acontecimiento imprevisible y que debería resultar inocuo para el Gobierno frente a las dudas que pudiera suscitar sobre el sistema judicial español y su marco jurídico. Pero fiar la solución de la crisis a la justicia ni exime al Gobierno de sus responsabilidades ni evita el riesgo político en sus dos vertientes: en la interior, en términos de erosión del Ejecutivo, y en la exterior, en términos de pérdida de credibilidad de la democracia española. Finalmente, en Sevilla, los miembros del Ejecutivo solo han podido manifestar su enfado con un Gobierno, el alemán, con el que, según Rajoy, no cabía ningún intercambio de impresiones respecto al caso. Nuevamente, las consecuencias de la inacción.

A ello se ha unido una gestión vergonzante del caso de Cristina Cifuentes, escenificada en toda su amplitud en ese largo y cerrado aplauso a la presidenta madrileña cuando arreciaban las pruebas de fraude y falsificación de ese máster que asegura haber cursado en una universidad pública. Cierre de filas y puesta en marcha del ventilador. El PP ha recurrido de nuevo a su vieja receta frente a la presunta corrupción de uno de los suyos, demostrando, otra vez, su escasa voluntad de combatir la mala política que tanto deploran ya los españoles. El PP llegó a Sevilla con el ánimo de erosionar a Ciudadanos, y en pleno cónclave ha tenido que aceptar a regañadientes su apoyo a la comisión de investigación que ha promovido la formación de Albert Rivera. Porque ni eso estaba dispuesto el PP a consentir, toda vez que tampoco había contemplado la dimisión de la desafiante Cifuentes.

El sondeo de Metroscopia para EL PAÍS publicado ayer indica que el 84% de los españoles considera que el tiempo de Rajoy ha pasado. Es la opinión mayoritaria, incluso, entre su electorado (un 63%). La ciudadanía, urgida por la ausencia de mejoría económica en su bolsillo a pesar de los mensajes oficiales triunfalistas, y la ilusión de tener un Gobierno dispuesto a afrontar las crisis con determinación y a regenerar la vida política, dice querer ya (un 57%) un acuerdo de la oposición para convocar elecciones. Ese acuerdo a pequeña escala en Madrid expulsaría del Gobierno regional a Cifuentes. El PP no parece dispuesto al recambio antes de las autonómicas. Siempre ha jugado con los tiempos para enfriar los problemas. Ahora lo sigue haciendo sin comprender que el ritmo es otro y que sus errores y su ausencia de reflejos quizá no pasen tan inadvertidos como antes en las urnas.