Resistencia incivil ¿no violenta?

La inclinación a considerar que “la resistencia no violenta es violencia”, asumida por diferentes Gobiernos, estuvo en el centro del debate político en sectores radicales de izquierda después del 68. En Alemania, singularmente. Pero el debate se disolvió en cuanto los atentados de la Baader-Meinhof evidenciaron la diferencia —dice Jürgen Habermas— “entre actos criminales y desobediencia civil”: no son lo mismo.

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En España, especialmente en el País Vasco y Cataluña, el asunto ha vuelto a primer plano con la renuncia de ETA a la violencia sin disolverse, adoptando fórmulas de desobediencia en sustitución de la lucha armada; y de la aparición en los bordes del proceso catalán de unos autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR), protagonistas de actos de sabotaje que podrían encajar en la definición de desobediencia civil de John Rawls: un “acto público, no violento, consciente y político, contrario a la ley y cometido con el propósito de provocar un cambio en la legislación”. Hace unos cinco años aparecieron los escraches. Se tramitaba en el Parlamento una reforma de la ley hipotecaria y organizaciones de afectados trataban de condicionar su desenlace mediante actos de presión contra diputados del partido del Gobierno: para que votaran, o no votaran, determinadas enmiendas. El fiscal general de entonces, Eduardo Torres Dulce, declaró que no debía “criminalizarse” cualquier reunión o manifestación y que la fiscalía solo analizaría los escraches que tuvieran “trascendencia penal”.

Para ser legítima esa presión, ciertamente coactiva (gritos de “asesinos, criminales” ante los domicilios de los diputados), sus autores deberían asumir las consecuencias penales de su acción. Esa condición, subrayada por Habermas como rasgo esencial de la desobediencia civil, sería aplicable a las acciones de los CDR, una de cuyos dirigentes ha sido detenida bajo la acusación de rebelión y terrorismo, rebajada luego por el juez a desórdenes públicos y puesta en libertad a las 48 horas.

La mención al terrorismo, identificada como equiparación con actuaciones del tipo kale borroka, ha desatado reacciones indignadas. Sin embargo, que no sean comparables con ETA (o con los nazis) no convierte en democrática esa forma de acción. En Euskadi y Cataluña ha existido la pretensión contraria. La de que es legítimo infringir la legalidad si se hace en nombre de los derechos de la nación.

Rawls plantea tres condiciones para que se dé una resistencia civil justificada: que se dirija contra casos de injusticia manifiesta, que se haya agotado la posibilidad de acciones legales y que no alcance dimensiones que pongan en riesgo el ordenamiento constitucional. Tal vez podría añadirse una cuarta: que puedan ser libremente criticadas aunque no sean delictivas (pero sí de imposición abusiva). Buscando seguramente un equilibrio entre derechos en pugna, Habermas sostiene a modo de ejemplo que el de manifestación puede implicar el derecho a impedir que los coches circulen por determinada avenida, pero no el de quemar esos coches o hacer barricadas con ellos. Pero ambas cosas son injustas y merecen el deber de crítica; y no solo por los directamente afectados.