Burda maniobra en Venezuela

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, un órgano controlado por el chavismo y que carece de independencia, consumó este jueves la argucia con la que el presidente, Nicolás Maduro, quería revestir de legalidad el supuesto triunfo electoral que obtuvo el pasado 28 de julio y del que aún no ha mostrado una sola prueba. El Supremo no solo validó la victoria del líder chavista, pese a la falta notable de transparencia, sino que pidió responsabilidades al candidato opositor, Edmundo González, y a quienes publicaron las actas que están en poder de la oposición, que contradicen la versión oficial y muestran una victoria de González. La decisión apunta a un recrudecimiento de la represión en Venezuela.

Haciendo caso omiso al llamamiento de la comunidad internacional para que hubiese una verificación imparcial de los resultados tras las crisis poselectoral, el Supremo convalidó los resultados de la autoridad electoral del 28 de julio y pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE), también en manos del chavismo, que publique los datos definitivos. El órgano máximo de la justicia venezolana aseguró que pudo validar el material presentado por el CNE tras un proceso opaco en el que supuestamente participaron peritos venezolanos e internacionales, sin aportar información sobre quiénes son los citados expertos.

Lo más preocupante va más allá de este nuevo capítulo en el manual de maniobras del Gobierno de Maduro para atrincherarse en el poder. La sentencia leída por la presidenta del TSJ, una exconcejal del partido oficialista, declara en desacato a Edmundo González y asegura que se deberá someter a las sanciones que impone la ley venezolana. Además, pidió a la Fiscalía que presente cargos contra quienes participaron en la publicación de las actas en la página web que activó la oposición para demostrar al mundo su triunfo. Ante esa investigación por usurpación de funciones y desacato, y a tenor de cómo se ha comportado el régimen tras el 28 de julio, los peores augurios van cobrando forma. Todo apunta a que el chavismo va a incrementar la represión sobre los líderes opositores y contra cualquier persona que participase en la recolección de actas la noche electoral, lo que es a todas luces intolerable. El candidato opositor ha pedido en repetidas ocasiones en el último mes que se respete la soberanía popular y que no es el TSJ, sino la autoridad electoral, quien debe responder ante la falta de transparencia.

Es un hecho que Nicolás Maduro y su círculo de poder, sostenidos por las Fuerzas Armadas, no han hecho ni el menor gesto de querer escuchar la posibilidad de lograr una salida negociada a esta nueva crisis en Venezuela. De poco ha servido la intención de los líderes de izquierda de la región, especialmente los presidentes Lula da Silva y Gustavo Petro, aliados o cuando menos condescendientes con Maduro en el pasado, de proponer iniciativas para desbloquear la situación. La comunidad internacional, con el liderazgo de Brasil y Colombia por su cercanía geográfica y sus canales con el régimen, debe persistir en su presión para que Maduro abandone su aislamiento. Lo único que consigue con su atrincheramiento es profundizar en el dolor de un pueblo, el venezolano, que vive preso del miedo y de la deriva autoritaria del líder chavista. La paradoja trágica de la senda hacia el autoritarismo se produce cuando quienes atentan contra la democracia utilizan las propias instituciones de manera sutil e incluso legal para liquidarla. En Venezuela no hay sutileza y es dudoso que haya legalidad con maniobras como esta.