Maduro endurece la represión y anuncia la creación de dos cárceles de máxima seguridad ante las denuncias de fraude

En medio de la profunda tensión política y de una ola de protestas populares que ha generado el anuncio del resultado electoral en las elecciones presidenciales de Venezuela, el Gobierno de Nicolás Maduro ha optado por apretar el puño y radicalizar la respuesta del aparato chavista. El mandatario ha endurecido la represión y ha anunciado la creación de dos cárceles de máxima seguridad para castigar a quienes protestas por las denuncias de fraude electoral.

La respuesta de las fuerzas de seguridad ante la indignación pública ha dejado un número indeterminado de muertos -distintos balances de organismos en defensa de los derechos humanos los cifran entre 10 y 20-, decenas de heridos y cientos de detenidos. María Corina Machado, la líder de la oposición, emitió un comunicado pensado para la comunidad internacional, en inglés y publicado por el diario The Wall Street Journal, en el cual afirma que pasa a la clandestinidad y que es escribe esas líneas “temerosa” por su “vida y libertad”.

“El señor Maduro no ganó las elecciones presidenciales de Venezuela el domingo. Perdió arrolladoramente contra Edmundo González, 67% contra 30%. Sé que es verdad, porque lo puedo demostrar. Tengo comprobantes obtenidos directamente de más del 80% de las mesas electorales de la nación”, señaló Machado en la carta, refiriéndose al trabajo de los activistas y testigos de su euiopo de campaña, que han ido obteniendo y digitalizando las actas de votación, filtradas incluso de lugares en los cuales no pudieron estar presentes, y colgadas luego en una página web. Una evidencia y un golpe de efecto que ha convencido a la comunidad internacional e incluso a importantes antiguas figuras del chavismo, y que no ha podido ser desmentida, ni el PSUV ni por nadie.

A pesar del anuncio, Machado convocó a sus seguidores a otra concentración en Caracas y todas las ciudades del país este sábado por la mañana, para dar “una nueva demostración de fuerza”, y respaldar el triunfo de Edmundo González Urrutia. La respuesta del estado chavista, sobre todo a través de la Fiscalía General de la República, ha sido criminalizar el trabajo de los llamados “comanditos” -los equipos de cuadros técnicos de la oposición, a cargo de Machado, encargados del trabajo en las mesas y la defensa del voto-, y situarlos a la cabeza de un plan para promover la violencia fascista y quebrar la legalidad en el país. Esta semana, Maduro y Cabello han prometido varias veces la cárcel para Machado y Edmundo González Urrutia y este viernes el mandatario ha afirmado sin pruebas que los “comanditos” preparan “un atentado” en Caracas el sábado, en la zona de Bello Monte

Los graves señalamientos de la alta dirigencia oficialista aumentan de velocidad y espectro luego del resultado electoral. Diosdado Cabello, número dos del aparato, acusó en su programa de televisión a Felix Seijas, director de la encuestadora Delphos; al periodista y especialista en temas electorales, Eugenio Martínez; al analista y académico Benigno Alarcón; y al activista civil Roberto Picón, de confabularse para generar el ataque cibernético en contra del Consejo Nacional Electoral, que de acuerdo con lo afirmado por el fiscal general, Tarek William Saab, fue organizada Macedonia del Norte (hipótesis que el Gobierno de ese país ya ha negado)

Dirigentes políticos como Freddy Superlano, coordinador nacional de Voluntad Popular, o activistas civiles como Ricardo Estévez, de la ONG Súmate, fueron llevados a la cárcel en operativos expresos. Cunde el silencio y el hermetismo en la mayoría de los políticos.

Las indignadas protestas populares que tuvieron lugar en muchas zonas populares del perímetro urbano de Caracas y en los pueblos del resto del país, en las cuales fueron derribadas hasta nueve estatuas de Hugo Chávez, están siendo duramente penalizadas por las autoridades. Se desarrollan precisos operativos de inteligencia para ir a buscar a sus casas a los acusados de provocar disturbios callejeros desde el lunes 29 de julio, en su gran mayoría ciudadanos de Mariara, Petare, Paraguaná o Maiquetía.

Más de 10 muertos, decenas de heridos, y unos 700 detenidos es el balance preliminar de los enfrentamientos con la policía luego de las denuncias de fraude en Venezuela. “He decidido crear dos cárceles de máxima seguridad para todas las bandas que están metidas en el ataque criminal de estos días”, dijo Maduro, refiriéndose a los detenidos, en una reunión con empresarios celebrada en el Palacio Blanco. “No va a haber perdón, ni contemplaciones acá; todo lo haremos en el marco de la Constitución y las leyes. Veremos si es posible que se reeduquen [los presos]; convertir esos espacios en granjas productivas, que trabajen. Antes a los presos los sacaban a hacer carreteras. Bueno quedan muchos caminos por hacer, que vayan a hacer carreteras”.

Esta madrugada, entre tanto, la quinta Bejucal, ubicada en la urbanización Altamira, sede del partido Vente Venezuela, y oficina de trabajo de María Corina Machado, fue violentada por hombres armados sin identificarse, que maniataron al personal de guardia, y a continuación rayaron las oficinas con grafitis, produjeron destrozos y se llevaron varias computadoras de la organización.

Mientras todo esto sucede, el Consejo Nacional Electoral sigue sin mostrar las actas ni los resultados detallados de las elecciones en las cuales proclamó ganador a Nicolás Maduro. El presidente de la institución, Elvis Amoroso, ha guardado silencio esta semana, y nuevamente quedó suspendido el segundo boletín electoral con los resultados.

Nicolás Maduro ha apelado a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, con el objeto de “dirimir esta polémica”, y, aunque no las ha mostrado, afirma tener “el 100 por ciento de las actas”, que piensa consignar ante esta instancia, totalmente controlada por los intereses del chavismo.

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