Las dudas que hacen desconfiar a la oposición y a millones de venezolanos de un triunfo de Nicolás Maduro

Las sospechas de fraude cometido por el Gobierno en los comicios presidenciales del domingo en Venezuela siguen creciendo ante la renuencia del Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el chavismo, de entregar las actas de escrutinio de las votaciones, exigida por la oposición, Naciones Unidas, decenas de países de todo el mundo y organismos independientes como el Centro Carter, que acudieron a Venezuela como observadores. La autoridad electoral ya proclamó como presidente a Nicolás Maduro con un 51,2% de los votos frente al 44,2% del opositor Edmundo González Urrutia; pero la líder de la oposición, María Corina Machado, ha puesto a disposición una plataforma digital para revisar más del 80% de las actas digitalizadas que acreditaría una derrota aplastante del chavismo con más de dos décadas en el poder.

Pero la disputa no se reduce solo al entorno político. Tras el pronunciamiento del CNE, una multitud de venezolanos han salido a las calles del país sudamericano para protestar en contra de un tercer mandato de Maduro y por lo que están convencidos se trata de resultados amañados en las votaciones. Estos son algunos de los puntos que han sembrado dudas sobre el proceso electoral venezolano entre los opositores y la ciudadanía.

El sistema automatizado

El chavismo ha asegurado durante años que Venezuela tiene “el mejor sistema electoral del mundo”, que desde hace una década opera con un mecanismo automatizado de voto. Pero la empresa proveedora del servicio en ese país, Smartmatic, denunció la manipulación en los datos de participación de los comicios de la Asamblea Constituyente de 2017, convocada por el régimen para redactar una nueva Constitución y en medio de una encarnizada disputa con el opositor Parlamento; al cual el Ejecutivo desconoció y el Tribunal Supremo, de línea oficialista, consideró en desacato en ese momento.

Deslindada Smartmatic del ente comicial, el servicio pasó a las manos de la portuguesa ExClé, asentada en Argentina, y sancionada por Estados Unidos por sus vínculos con el régimen hace cuatro años.

La actas de votación

El forcejeó entre las fuerzas políticas se centra en la entrega de las actas de escrutinio, emanadas tras el cierre de las urnas y de la transmisión de resultados desde las máquinas electrónicas, encargadas de registrar los votos, hasta un sistema de totalización controlado por el órgano electoral. En este proceso, los testigos electorales acreditados de las organizaciones políticas tienen derecho a una copia, mientras que las originales quedan resguardadas por el CNE.

La oposición denunció que los comicios del domingo finalizaron con presuntas irregularidades en el sistema de transmisión de los resultados y con la emisión de un boletín anunciado por el presidente del CNE, Elvis Amoroso, que dio a un ganador, Maduro, cuando faltaba por totalizar un 20% de las actas.

Un boletín de la ONG Observatorio Venezolano Electoral de cuenta de irregularidades. La organización reportó denuncias por demoras o interrupciones durante las votaciones, ligadas principalmente a fallas en las máquinas (23,9%); la implementación de la llamada “operación morrocoy” en el país –en alusión a una especie de tortuga–, en el 16,6%; ausencia o dilatación en el personal del CNE (8,8%), irregularidades en la actuación de los militares del Plan República, milicia y cuerpos de seguridad (4,5%); fallas eléctricas en la zona de votación (3,4%); y otras dificultades.

Además de la publicación de las actas, otra clave para el escrutinio está en las cajas que contienen las papeletas físicas, llamadas comprobantes de voto, y depositadas por los electores. Esta es la primera “traza de papel” –comprobante físico– obtenida y al cierre de las urnas se realiza una auditoría del 51% de estas cajas, lo cual se escoge a través de un sorteo, y se verifica que lo que está en las actas de escrutinio coincide con las boletas. Según algunas denuncias de opositores, esto no se realizó en varios establecimientos.

La directiva del CNE

Uno de los poderes del Estado venezolano más cuestionados es el Consejo Nacional Electoral (CNE). Según la Constitución de ese país, es un organismo autónomo, sin financiamiento público de organizaciones ni de actividades políticas, y regido por la imparcialidad. Pero sus integrantes mayoritariamente están ligados al régimen.

Tres de los cinco rectores de la autoridad electoral son leales al chavismo. Su presidente, Elvis Amoroso, está con la revolución bolivariana desde su inicio, hace más de dos décadas, al punto de ser uno de los fundadores del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Se ha desempeñado como vicepresidente de la fallida Asamblea Constituyente, y fue el jefe de la Contraloría, una institución que inhabilitó a María Corina Machado para ser candidata presidencial. También otras autoridades como Carlos Quintero y Rosana Gil son cercanos al chavismo. No obstante, Asme Nogal y Juan Carlos Delpino, quien no ha ido a la proclamación de Maduro por el CNE este lunes, están ligados a la oposición.

Amoroso, ahora, está bajo sospecha de encabezar el posible fraude. Enríquez Márquez, quien fue candidato opositor en estas presidenciales, denunció que el boletín leído por el presidente del CNE, que dio el triunfo a Maduro, no se imprimió en la sala de totalización del organismo –aquella adonde llega la transmisión de todos los votos electrónicos– en presencia de testigos: “No sé de dónde sacó el señor Amoroso ese papel en el cual venía contenido el boletín”.

La observación internacional

En junio, el Gobierno venezolano condicionó la presencia de los observadores de la Unión Europea al levantamiento total de las sanciones que existen contra 50 funcionarios. Tampoco el equipo de la Organización de Estados Americanos (OEA) presenciar las elecciones, y expulsó del país, el pasado viernes, a numerosas delegaciones de distintos países, invitadas por la oposición, apenas aterrizaron en el aeropuerto internacional Simón Bolívar, cercano a Caracas.

Sí se contó con las misiones del Centro Carter y la ONU, que han pedido recientemente la publicación de todas las actas, al igual que la Casa Blanca, la Unión Europea, y los gobiernos de Chile, Argentina, Colombia, Brasil, entre otros.

El voto en el extranjero

Debido a las numerosas trabas impuestas por las autoridades de ese país, sólo el 1% de los casi millones de venezolanos con derecho al voto en el exterior pudieron inscribirse para participar en las elecciones presidenciales del 28 de julio.

El CNE estableció un lapso de 30 días para registrarse para sufragar –más acotado que en los comicios presidenciales previos–, y en la mayoría de las oficinas diplomáticas ese plazo fue menor, sin contar los múltiples requisitos exigidos para inscribirse. Todo esto derivó en que sólo 69.000 personas estuvieron habilitadas para votar fuera de Venezuela. En mayo, la oenegé Espacio Público documentó varias irregularidades del Registro Electoral, organizado y ejecutado por el CNE, centradas en la falta de información. En detalle, indican que en una jornada especial de inscripción y actualización del padrón electoral convocada entre el 18 de marzo y el 16 de abril de 2024, dentro y fuera del país, hubo desconocimiento sobre la llegada de los equipos electorales para este fin, retrasos en el proceso, falta de información de los requisitos exigidos para los venezolanos en el extranjero, y “ocurrieron excesos en exigencias adicionales e ilegales por parte de los Consulados venezolanos para la inscripción en el registro”, recordaron en un reporte de julio.

Los críticos apuntan a que los emigrantes podrían haber pesado en contra de Maduro debido a que muchos han abandonado el país por una emergencia humanitaria compleja, vulneraciones de derechos humanos, inseguridad y el colapso económico. Aún así, muchos de los venezolanos en el exterior, que no pudieron votar, se aglomeraron en embajadas de su país de residencia, como el caso de Chile, con el fin de esperar los resultados del domingo.

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