Municipios morosos

La política de estabilización financiera del Gobierno ha ofrecido hasta ahora resultados manifiestamente mejorables. Es verdad que, por fin, se ha conseguido controlar el déficit público en los límites fijados (generosamente ampliados) por Bruselas, después de una evolución de las cuentas públicas que ha dañado los parámetros de protección social y de haber incumplido sistemáticamente los objetivos desde 2012. Pero también es cierto que la gestión presupuestaria ha debilitado la posición financiera en términos generales; el volumen de la deuda española, duplicado en los últimos cinco años, sería un grave hándicap para el conjunto de la economía en caso de una nueva crisis global de los mercados.

La advertencia del Ministerio de Hacienda a 14 entidades locales (13 ayuntamientos más la Diputación de Cádiz) permite entrever que por debajo de la euforia oficial por el control del déficit aparecen grietas en la coordinación financiera de las instituciones públicas. Catorce ayuntamientos es una cantidad ínfima en relación con el total de municipios, pero ratifica que los efectos del despilfarro público anterior a la crisis no se han superado todavía. Es probable que algunos de ellos no puedan remontarlos y tengan que entrar en programas especiales de ayuda.

Pero lo más llamativo en el requerimiento perentorio de Hacienda (intervendrá los ingresos de los ayuntamientos señalados para pagar directamente a los proveedores si no corrigen su morosidad) es la pertinacia de Hacienda en tratar los síntomas (lo cual está bien) y olvidarse de las causas (lo cual está mal). La seca advertencia a los ayuntamientos debería ir acompañada de una mejora en los sistemas de financiación municipal. Los municipios necesitan fuentes estables de ingresos que, a pesar de su esfuerzo en la reducción del déficit, no tienen. De hecho, esa mejora debería haberse producido, o al menos negociado, ya.