El corsé de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

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Uno de los mensajes más repetidos desde la aprobación en 2015 de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible es que nos encontramos ante una oportunidad única para acabar con los errores del pasado, que han conducido a un mundo injusto, sobreexplotado y desigual, y que podemos aprovecharla para empezar a trabajar en un futuro más equitativo y sostenible.

En España, los pocos representantes políticos e institucionales que se han referido a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) lo han hecho para mostrar su predisposición a recorrer la senda marcada. Las organizaciones de la sociedad civil, por su parte, advierten de que con la predisposición de las instituciones no es suficiente y que, o empiezan a actuar ya, o perderemos una oportunidad histórica. Y es cierto que ambos, el compromiso público y la inmediata puesta en marcha, son aspectos necesarios para su implementación.

Sin embargo, poco se ha hablado hasta ahora de la otra cara de la Agenda, la del estrecho corsé al que la clase política tendrá que ceñirse en el diseño de políticas públicas si realmente quieren llevar a cabo una aplicación significativa de lo pactado por la comunidad internacional. Cumplir con la Agenda 2030 no va a ser ningún camino de rosas para España. Nuestros representantes políticos hablan de “oportunidad”, de “consenso y participación” o de “visiones estratégicas a largo plazo” para referirse a la Agenda. Uno sospecha que no son conscientes del ingente trabajo que aún está por hacer, ni de que el statu quo (regulatorio y presupuestario) nos llevaría a un clamoroso incumplimiento de los ODS.

Además de un compromiso político real, para ajustarse a este corsé va a ser necesaria una constante actitud “prodesarrollo” que cale en la acción de todos los niveles administrativos. No solo para trabajar en aquellas políticas públicas relacionadas con la cooperación al desarrollo ni en las metas que España ya cumple de antemano, sino en el resto de “políticas duras” tan estrechamente vinculadas con los ODS y en las que España parte tan atrás (como son la calidad del empleo, la financiación de la educación o la sostenibilidad del modelo energético, por citar solo algunas). Será imprescindible aplicar una perspectiva coherente con los objetivos marcados, que deberá reflejarse día a día en el diseño e implementación de cientos de leyes, pactos, planes y presupuestos que se tramitarán en los próximos años. De momento, esta actitud no está presente y la acción política encaminada al cumplimiento de la Agenda brilla por su ausencia.

Por ejemplo, la creciente desigualdad en España es un problema innegable al que se dedica un ODS específico (el décimo). Sin embargo, no ha recibido una atención acorde por parte de los partidos políticos. Ninguno incorporó en sus programas electorales medidas específicas para medir, evaluar y atajar este problema, como la creación de un indicador de desigualdad y un órgano que lo fiscalice, y en el resto de políticas relacionadas (como salarios o protección social) a las promesas electorales les faltaba ambición. Lamentablemente, este no es el único caso de falta de voluntad política para el cumplimiento de los ODS.

La creciente desigualdad en España es un problema innegable al que se dedica un ODS específico. Sin embargo, no ha recibido una atención acorde por parte de los partidos políticos

Los sindicatos presentaron hace año y medio una Iniciativa Legislativa Popular, con el respaldo de 700.000 firmas, para otorgar una prestación no contributiva a las familias que viven con menos de 5.837 euros de ingresos al año y que ya han agotado los subsidios por desempleo. Una medida que combatiría la pobreza (ODS 1) y la desigualdad (ODS 10), pero que se ha visto bloqueada constantemente después de que la mayoría que conforman Ciudadanos y Partido Popular en la Mesa del Congreso haya permitido que el plazo de enmiendas se amplíe hasta en 21 ocasiones, según lo explica la plataforma Polétika en su análisis del primer año de legislatura. En este caso, la falta de voluntad política está permitiendo que una medida relevante para, al menos, dos de los ODS y con gran apoyo social, esté bloqueada por cuestiones de forma.

Y aún hay más ejemplos. España acogió dentro del plazo acordado, que finalizó en septiembre de 2017, a menos del 12% de los refugiados que había aceptado previamente recibir. Este incumplimiento del Gobierno no es coherente con la meta 10.7 de los ODS, que establece que España, como país comprometido con la Agenda 2030, deberá “facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso con la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas”.

De igual manera, tampoco ha cumplido sus compromisos presupuestarios. Por ejemplo, solo ha aportado dos de los 160,5 millones de dólares con los que se comprometió a contribuir con el Fondo Verde de Cambio Climático hasta 2018, según el informe presentado en septiembre de 2017 por Unicef, WWF y Oxfam Intermón sobre la Agenda 2030. Es urgente la promoción de una actitud de tolerancia cero de la ciudadanía con el incumplimiento injustificado de los compromisos voluntariamente adquiridos por España.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son, por su amplitud y ambición, el compromiso internacional más exigente jamás asumido por España. Para conseguir estar a la altura del reto, nuestros representantes públicos deben dejar ya atrás los discursos vacíos dedicados a describir el mundo de oportunidades que la Agenda 2030 brinda para comenzar a asumir públicamente el profundo cambio de prioridades que su cumplimiento va a conllevar.

Javier Pérez (@javipe_ciecode) es director del Centro de Investigación y Estudios de Coherencia y Desarrollo (@CIECODE).

María Vega (@mariavpaul) es periodista e investigadora en CIECODE.

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