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La carrera docente universitaria, una necesidad urgente

No se puede pretender alcanzar la excelencia recortando a las universidades españolas

Estudiantes en el campus de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona.
Estudiantes en el campus de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona.

La educación, la ciencia y la innovación constituyen pilares básicos de la sociedad del conocimiento. Y los tres, muy particularmente los dos primeros, corresponden a funciones que caracterizan de manera esencial a la institución universitaria. Este hecho confiere a las universidades una responsabilidad y un papel claves, ya que hoy el conocimiento es la base de un modelo de crecimiento económico que garantiza un desarrollo sostenible y que este sea participado para todos los ciudadanos. En definitiva, el conocimiento será un elemento creciente para asegurar el desarrollo conjunto de la sociedad y el sistema universitario español es una pieza imprescindible como transmisor y creador del mismo. De ahí que los desajustes y los problemas que hacen que dicho sistema no funcione bien, tienen una repercusión social importante, tal y como sucede en estos momentos.

La mitad de la producción científica y gran parte de la transferencia del conocimiento se producen en las universidades públicas españolas y para ello lo más importante, el factor más determinante es el talento y el trabajo del personal docente investigador.

Desgraciadamente asistimos en estos momentos a la confluencia de dos procesos que han perpetrado un grave daño y nos han llevado a un desequilibrio grave: por un lado los recortes, especialmente la imposición durante años de manera irracional de una tasa de reposición que ha dejado un desequilibrio estructural entre necesidades docentes e investigadoras y recursos humanos. Por otro lado, encontramos una reforma de la Universidad de profundo calado ideológico que impide que la Universidad pública tenga el papel relevante en la generación de conocimiento y de transferencia del mismo, y que imposibilita además el derecho de acceso al mismo a todos.

Es cierto que frente a la LOMCE, esta no ha sido una reforma materializada de manera sistemática en una ley, pero no podemos obviar que todas las medidas parciales como la tasa de reposición, la subida de tasas y la reducción de los recursos han tenido como destino estos objetivos en contra del sistema universitario público.

El factor más determinante es el talento y el trabajo del personal docente investigador

Nos centraremos en analizar un grave problema que afecta de forma crucial a las universidades: las plantillas del personal docente e investigador. Estos últimos años, debido a la tasa de reposición, no se han podido crear nuevas plazas de profesores titulares y catedráticos, provocando una ausencia absoluta de renovación en las plantillas del profesorado de las universidades públicas españolas. El motivo, la política de mirar a otro lado del Ministerio de Educación, su normativa de restricción en permitir convocar plazas —cuyo resultado ha sido una grave situación de descompensación entre el número aconsejable de profesores estables, titulares o catedráticos y el de “interinos” entre los que se encuentran doctores ayudantes, doctores contratados— y una excesiva y desproporcionada cuantía de profesores asociados.

Las consecuencias de las políticas de estos últimos años implican un abuso de contratos de profesores asociados o falsos asociados, una ausencia de promoción docente, carrera profesional y precarias condiciones laborales, opuestas a la formación y preparación que se requieren para el papel y función que desempeñan.

La reducción del número de personal PDI (personal docente e investigador) en las universidades públicas en España ha pasado de 100.331 en 2011 a 94.453 en 2016, perdiéndose cerca de 5.500 docentes en el período; al tiempo hemos pasado de 49,5% en 2011 a prácticamente 48,5% en 2015 en el porcentaje de Funcionarios dentro del PDI total en las universidades públicas y todo indica que aún se reducirá más.

Esta situación ha dado lugar a un grave problema que deber ser abordado con urgencia. Es evidente que la calidad de nuestras universidades depende de los profesores dedicados a la docencia y a la labor investigadora indivisiblemente.

Las consecuencias de las políticas de estos últimos años implican un abuso de contratos de profesores asociados o falsos asociados, una ausencia de promoción docente, carrera profesional y precarias condiciones laborales

Es imprescindible que nuestras instituciones del conocimiento cuenten no solo con suficientes docentes e investigadores sino que además las plantillas sean proporcionadas y que se garantice un equilibrio del PDI con distintos niveles de acreditación, el sistema debe garantizar el futuro de la calidad de la docencia e investigación en nuestras universidades, algo crucial para el desarrollo actual y futuro de nuestro país y para la consecución de una sociedad preparada para aprovechar el impulso del conocimiento.

Sin embargo, el personal docente investigador está expuesto a una carrera difusa y coartada por decisiones sobrevenidas y carecen actualmente de una mínima previsión sobre la misma. Inexplicablemente, los mecanismos y criterios para la acreditación del personal docente e investigador que recaen en la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) están poniendo en grave riesgo la garantía de varios principios.

La ANECA nunca ha estado desprovista de controversia. Una agencia de control de calidad no lo es a gusto de todo el mundo, pero lo menos que se debe exigir es que cumpla con su objetivo principal: garantizar la objetividad en el proceso de acreditación y como tal, que el personal docente e investigador acreditado sea el mejor para lograr la calidad deseada en nuestro sistema universitario.

No obstante, la realidad y la historia de la ANECA nos indican que los tortuosos procesos seguidos en la aplicación informática, el excesivo peso de un determinado tipo de investigación como las publicaciones JCR, el desequilibrio entre la valoración de la docencia y la investigación, las idénticas resoluciones a alegaciones (independientemente de los motivos que las produjesen), la paralización del proceso de acreditación durante meses, impidiendo el desarrollo profesional de casi 1.000 docentes y los nuevos criterios recién aprobados (no consensuados y que no responden ni a la situación actual ni a las necesidades reales de las universidades españolas), no son las mejores maneras para hacer una universidad española competitiva y homologable con otras universidades internacionales y dice mucho del “funcionamiento” de esta Agencia.

No se puede pretender alcanzar la excelencia de determinadas universidades con un gran prestigio internacional en docencia e investigación y recortar más de 1.200 millones de euros a las universidades españolas

Por el contrario, se requiere un proceso de acreditación transparente y riguroso, que evalúe docencia, investigación y gestión con criterios “sensatos” y que garantice a su vez estabilidad en las plazas. Estos nuevos criterios de la ANECA ponen en grave riesgo la garantía de acceso a las plazas de titular y catedrático, las mejores plazas, por tanto, más precariedad.

Además, es tremendamente injusto que los casi 1.000 aspirantes a acreditarse cuyo expediente ha sido paralizado durante meses se vean en mitad del juego pero con las reglas cambiadas. Formar a un doctor, a un investigador, a un buen docente requiere tiempo, esfuerzo y recursos económicos, no se puede improvisar la carrera docente e investigadora ni dejarla al libre albedrío. Las plantillas de los departamentos envejecen, se prevén jubilaciones y no hay garantías con este nuevo sistema de la ANECA de garantizar la renovación de esas plazas.

No se puede pretender alcanzar la excelencia de determinadas universidades con un gran prestigio internacional en docencia e investigación y recortar más de 1.200 millones de euros a las universidades españolas, recortes en investigación y recortes para personal, total una pérdida de 3.500 plazas de personal docente e investigador.

El personal docente e investigador es el principal e imprescindible factor de calidad y capacidad de nuestro sistema universitario, y requiere realismo, sensatez, equilibrio, consenso y tanto estabilidad como suficiencia de recursos económicos, los que han desaparecido en los últimos años.

María Luz Martínez Seijo es secretaria de Educación y Universidades del PSOE.

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