Costosa parálisis

Hay gestos que contradicen las palabras. El presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, aplazó ayer el debate de investidura de Carles Puigdemont para no incurrir en delito flagrante; pero lo hizo con un áspero alegato independentista que aparentaba una combatividad impostada. Si tan seguro está el dirigente republicano de que el único candidato posible es el expresidente, mantener el pleno hubiera sido un acto de gallardía. De la misma manera, no se entiende su crítica feroz al Tribunal Constitucional para, a renglón seguido, recurrir a él para dirimir las diferencias. Pero llegados a este punto del procés resulta ocioso pedir a las filas independentistas un poco de coherencia.

Los hechos son incontestables. El aplazamiento tiene un resultado evidente: la continuidad del artículo 155 y, en consecuencia, la prórroga de la suspensión del autogobierno de Cataluña. Torrent escapó ayer con su decisión de la acción de la justicia a cambio de perjudicar a sus conciudadanos y sacrificar la autonomía. Y eso va a seguir siendo así mientras el independentismo se niegue a consensuar una candidatura viable para presidir la Generalitat. Bélgica, donde está huido Puigdemont, batió en 2011 el récord de país sin gobierno (514 días). A manos de los suyos, Cataluña puede sufrir un castigo similar, lo que no parece importarles demasiado.

Desde todos los frentes se le ha exigido al Gobierno de Rajoy que haga política. Ahora, una vez que el Tribunal Constitucional ha marcado el camino de lo legalmente correcto, es, en efecto, la hora de la política; pero en Cataluña y por parte de sus líderes. Si la política es el arte de lo posible, el bloque ganador de las elecciones del 21-D está obligado a buscar una salida porque la alternativa al autogobierno no es la independencia, sino el artículo 155. Pero de momento solo parece dominar el arte de prender la mecha de la agitación callejera hasta obligar a diputados a salir escoltados del Parlament.

El independentismo ha convertido a Puigdemont en un emblema. Pero al igual que el lazo amarillo sustituyó a la estelada, las caretas del expresidente pueden caer, con la misma rapidez, en la papelera de la historia. El bienestar de Cataluña debiera imponerse. En enero de 2016, por imposición de la CUP, Junts pel sí renunció a sus cabezas de lista y entronizó a Puigdemont. Se impuso la fantasía de una nueva república que sus propios patrocinadoras sabían imposible. Se abren hoy fisuras formales en el independentismo, pero lo cierto es que ese bloque sigue apostando por la estrategia contraria abocando a Cataluña a la parálisis.

Este procés está agotando incluso a los ciudadanos que deseaban la independencia. Es un cansancio tóxico porque amenaza con desembocar en el desinterés de unos y otros por la política; una catástrofe, en definitiva, para una de las regiones más prósperas y dinámicas de Europa gracias, entre otras cosas, a su crucial participación en las instituciones españolas y a sus cuarenta años de autogobierno. El Estado español ya está sufriendo las consecuencias en términos políticos. Pero que nadie se engañe, la factura de esta profunda crisis la pagan, fundamentalmente, los catalanes.