Dos observaciones sobre el ‘impuesto de Sánchez’

Pasada la primera impresión causada por la propuesta del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de imponer un impuesto a la banca para financiar el sistema de pensiones, en estado menesteroso gracias a la pésima situación del mercado laboral y a las no menos pésimas decisiones del Gobierno, parece hoy oportuno volver sobre la idea del secretario general del PSOE para examinar de cerca los motivos por los cuales debe desecharse (en principio). El sistema tributario español adolece de una gran indigencia, entendiendo por indigencia el hecho de que existe una distancia sideral entre su capacidad potencial de recaudación y los ingresos que consigue de forma efectiva. Antes de fabricar un impuesto específico sería prudente agotar las potencialidades del sistema tributario en su conjunto; así se evitaría, por ejemplo, la incomodidad que produce la creación de un impuesto finalista. El último tributo finalista fue flor de un día: creado para financiar el déficit de tarifa eléctrica, fue absorbido sin contemplaciones por el ministro de Hacienda y ahora contribuye a compensar no el déficit eléctrico, sino el general.

Pero hay otro motivo, de carácter práctico, que desaconseja la creación de un impuesto específico para pagar las pensiones. Resulta que los activos fiscales de la banca, sobre cuyas bases imponibles se aplicaría el hipotético impuesto, se valoran aplicando el tipo de sociedades vigente (hoy, para la banca, el 30%); esa valoración es la que permite compensar ante Hacienda. Ejemplo: por cada millón de euros, a un tipo nominal de sociedades del 30%, la compensación fiscal que beneficiaría al banco sería de 300.000 euros; pero si se aumentara, como pretende el impuesto de Sánchez, al 35%, la compensación subiría hasta los 350.000 euros. De donde se obtendría el curioso y paradójico resultado de que el dinero que pretende recaudar con una subida impositiva se pierde por las compensaciones fiscales implícitas en la legislación societaria.

Eso sí, subir el tipo impositivo aumentaría de golpe el activo y la solvencia del banco; pero, por otra parte, como el Estado garantiza los activos fiscales de la banca a cambio de una pequeña prestación patrimonial, ese aumento de valor que (inadvertidamente) se habría producido por el aumento del gravamen implicaría de rebote un aumento del riesgo para el Estado, que tendría que abonar el importe del activo fiscal en caso de que un banco tuviera que ser liquidado. No es una hipótesis que se materialice todos los días, pero no está mal tenerla en cuenta.

La regulación tributaria ofrece aspectos complejos y delicados; merece más atención que un simple vistazo para columbrar por dónde se puede recaudar más dinero. Si el PSOE y Podemos estuvieran interesados en fabricar un impuesto finalista para contribuir a pagar las pensiones (ningún instrumento impositivo actual bastaría para enjugar el déficit en su totalidad), podrían proponer un impuesto o recargo sobre los beneficios contabilizados, en lugar de un recargo impositivo. Una decisión de ese cariz llevaría a un rumbo de colisión con las empresas.