Expulsados para embellecer las ciudades
El multimillonario plan indio 'Smart City Project' barre a los más desfavorecidos de las ciudades. Cientos de personas han sido desalojadas de Dharamsala, residencia del Dalai Lama
De noche, el termómetro se desploma y la humedad cala hasta el tuétano entre las cumbres del Himalaya indio. De día, la lluvia empapa bajo lonas y plásticos rotos que sirven de techumbres al centenar de chozas desabrigadas en el bosque de Chetru. Decenas de niños desnudos juegan en el arroyo adyacente a los esqueletos de viviendas en los que medio millar de personas malvive cerca de la turística ciudad de Dharamsala, en el norte de India. Su situación empeoró hace algo más de un año, cuando las autoridades los desalojaron violentamente de su anterior slum durante el monzón veraniego.
“Nos arrastraron a la calle como a perros. Dormí en el asfalto y bajo la lluvia durante un mes”, se queja Shyam, de 30 años y parapléjico. Perennemente sentado en el camastro hediondo de su chamizo, espera a que uno de sus dos hijos regrese con agua potable. La mayor, de solo 12 años, confiesa tener miedo de las serpientes y otros animales que rodean el campamento. “Echo de menos nuestra antigua casa y el colegio”, explica Raj Nandani en cuclillas, mientras hierve arroz sobre un puñado de ramas.
En junio de 2016, la Corporación Municipal de Dharamsala y la policía local desahuciaron a la fuerza varios centenares de familias de su asentamiento en Charan Khan, en el centro de la emblemática ciudad donde reside el Dalai Lama. Pese a haber ocupado ese suburbio durante 30 años, unos 1.500 trabajadores de la construcción, vendedores callejeros y traperos se vieron en la calle de la noche a la mañana. Un tercio de esas familias se asentó en Chetru, a pocos kilómetros de Dharamsala.
“La policía irrumpió en nuestras casas con palos. Destruyó nuestras pertenencias. Nos golpeó y nos sacó a la fuerza”, se queja Sumita, de 45 años, quien describe cómo familias enteras fueron hacinadas en camiones que les abandonaron en localidades cercanas, de donde los lugareños también les echaron. El informe posterior sobre los hechos, publicado por el Foro de Delhi y la organización Mujeres Contra la Represión Estatal y la Violencia Sexual, describe los acontecimientos como "inhumanos".
El desalojo de los habitantes siguió una orden judicial que alegaba "riesgo de salud pública" por la falta de higiene en el antiguo asentamiento de Charan Khan. Sin embargo, activistas locales consideran que la defecación al aire libre —un problema extendido en toda India— no puede justificar el desalojo de miles de personas sin un plan de rehabilitación. “La Corporación Municipal de Dharamsala nunca se reunió con la comunidad ni realizó un muestreo de aguas o un estudio de salud para evaluar cualquier problema”, explica Manshi Asher, miembro de Himachal Amenazado, una plataforma regional que organiza campañas de movilización y ofrece asistencia legal a las familias desahuciadas desde hace un año.
“Tong-Len nunca informó de ningún problema de salud. La expulsión por riesgo de salud pública es una excusa”, razona Manshi Asher. Tiempo después del desahucio y tras las manifestaciones, se conoció que ese espacio urbano, junto al estadio de críquet municipal y en ubicación privilegiada, había sido seleccionado para la construcción de un Jardín Botánico como parte del proyecto nacional Cuidad Inteligente.
“Las autoridades nunca nos ayudaron. Al menos, en Charan Khan había instalación de agua potable. Ahora tenemos que obtenerla de un pozo lleno de insectos o beber del arroyo”, se queja Bahu Das, trapero de 60 años. Con apenas cuatro euros de ganancias semanales recogiendo basura y vendiendo chatarra, Bahu encuentra dificultades para ahorrar los nueve euros mensuales que cada familia debe pagar a un constructor local por el alquiler de la parcela de terreno sobre la que se levanta sus tiendas de campaña.
El agua potable de la que disfrutaban los habitantes del slum de Charan Khan no había sido facilitada por las autoridades, sino por la Fundación Benéfica Tong-Len. Durante un lustro, esta organización de caridad tibetana ayudaba a las familias con asistencia educativa y sanitaria. En el actual asentamiento en Chetru también ha instalado iluminación y un centro para menores de cinco años.
Esta gente fue desahuciada no sólo porque ocupaban tierras ilegalmente, sino por ser pobres y sucios
Designada como una de las 100 Smart Cities que el primer ministro indio Modi promete desarrollar para 2022, las autoridades de Dharamsala destinarán unos 26 millones de euros a proveer a la ciudad de conexión a internet, electricidad ininterrumpida, suministro de agua, transporte público eficiente y condiciones de vida comparables a las de urbes europeas; satisfaciendo a sus 70.000 residentes y a los 15.000 turistas que visitan la ciudad del Dalai Lama.
Sin embargo, un informe publicado recientemente por la Red por los Derechos de Tierras y Viviendas —Housing and Land Rights Network (HLRN), en sus siglas en inglés— indica que los 6.313 millones de euros que el plan nacional Smart Cities Project desembolsará no satisface las necesidades ni protege los derechos de grupos marginales, incluidos minorías y migrantes.
El informe de la organización nacional subraya: “La mitad de las ciudades con más polución del planeta están en India, uno de cada seis residentes vive en asentamientos inadecuados, un tercio de la población urbana de India no tiene acceso a agua potable (...) La cuestión que subyace es si el país debe centrarse en crear 100 enclaves de alta tecnología”.
50.000 habitantes de barriadas han sido desahuciados en Bhubaneswar y varias demoliciones dejaron sin techo a 1.200 familias en Indore para el embellecimiento urbano
Shivani Chaudhary, directora ejecutiva del HLRN, solicita una visión más holística del ambicioso proyecto Smart Cities: “Necesitamos una programa de inversión y desarrollo urbano y rural más integrador para asegurar que las áreas rurales crecen de forma simultánea y que la gente no se ve obligada a migrar a las ciudades”. Más del 65% de la población india vive en el campo, pero la precariedad y falta de infraestructuras en este entorno prevé un éxodo a la ciudad de más de 500 millones de personas para 2050.
El actual director de la Corporación Municipal de Dharamsala, Lalit Jain, niega que el plan de desarrollo urbano sea excluyente: “El desahucio se produjo porque el asentamiento ocupaba tierras gubernamentales de forma ilegal”. El responsable ejecutivo de Smart City Project en Dharamsala, Jain, desmiente también a activistas y afectados. “Las familias desalojadas tienen la opción de participar en programas da viviendas alternativas. Lo que ocurre es que no quieren informarse”, justifica.
Sin embargo, una noticia del diario regional The Tribune describe que las autoridades municipales cortaron la electricidad de siete hoteles construidos ilegalmente en Dharamsala, mientras otros 70 casos están siendo investigados en una ciudad conocida por su urbanización descontrolada fruto del turismo. Lo que demuestra un criterio de acción diferente dependiendo de la naturaleza de los ocupantes ilegales.
“Los hoteles también tiran sus desechos al arroyo, como casi todos los negocios. Si el problema era la falta de higiene, nos podían haber facilitado letrinas”, se queja Rajesh Kumar, de 45 años y limpiabotas. Desahuciado el pasado año junto con su mujer y sus dos hijos, Rajesh también niega la versión oficial y dice no haber recibido acceso alguno a viviendas de protección oficial.
El corresponsal del diario The Tribune, Lalit Mohan, también desmiente la versión oficial: “Se están construyendo 147 pisos cerca del estadio de críquet gestionados por un programa para personas sin recursos. Pero ninguno de los beneficiarios son del slum de Charan Khan. Esta gente fue desahuciada no solo porque ocupaban tierras ilegalmente, sino por ser pobres y sucios”.
Dharamsala no es un caso aislado. Según el informe de HLRN, alrededor de 50.000 habitantes de barriadas han sido expulsados en Bhubaneswar (Odisha) y varias demoliciones dejaron sin techo a 1.200 familias en Indore (Madhya Pradesh) para el embellecimiento urbano. Bhanu Joshi, analista del Centro de Investigación Política de Delhi, concluye que la mayoría de las ciudades postuladas para el Proyecto Smart City invertirán más del 70% de los fondos en el desarrollo de áreas que solo beneficiarán al 4% de la población; dejando de lado a los más desfavorecidos.
“No somos criminales, sino ciudadanos”, clama Sunny Shinde, de 22 años. Nacido y criado en el slum de Charan Khan, emigró para estudiar turismo en la universidad gracias a una beca, pero regresa con frecuencia para ayudar a sus padres en el asentamiento. Pese a que las autoridades municipales desalojaron a su familia, Sunny sueña con abrir un negocio en Dharamsala y dar así trabajo a su comunidad: “Si quieren mejorar las ciudades del futuro, ¿porqué no incluir también a los pobres?”.
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