Futuro sacrificado

El crecimiento de la inversión, de las dotaciones de toda forma de capital (físico, tecnológico, humano), es una de las condiciones necesarias para que una economía sostenga y aumente su ritmo de crecimiento a medio plazo. Dependiendo de los destinos de la misma, puede ser también el fundamento de la modernización económica, del aumento de la capacidad competitiva y, en definitiva, del bienestar de la población. La materializada por las Administraciones Públicas es parte esencial de la inversión, en la medida en que se concreta en activos que normalmente no asume la iniciativa privada o son directamente complementarias de esta, ya sean infraestructuras físicas, infraestructuras educativas o sanitarias, o en las más estratégicas, como son aquellas basadas en el conocimiento. En España, la gestión de la crisis ha traído consigo una notable descapitalización de la economía que puede pasar factura en los próximos años.

La información proporcionada por el Banco de España revela el descenso continuo de la inversión pública en España desde el inicio de la crisis, hasta el punto de situar la correspondiente a 2017 en su mínimo de los últimos 50 años, el 1,9% del PIB, la más baja proporción desde 1970 y la menor de toda Europa, con la excepción de Portugal. Todas las dotaciones de capital han sufrido, y lo han hecho también en la práctica totalidad de las Administraciones Públicas, hasta el punto de que en muchos casos la nueva inversión ha sido inferior a la depreciación experimentada por la del stock existente.

La razón de ese descenso no es otra que la adopción de políticas de austeridad presupuestaria con las que hacer frente a la crisis, reveladas como inadecuadas. Esas contracciones en la inversión fueron superiores a las que experimentó el conjunto del gasto público. El Banco de España destaca que esta partida, que representa el 10% del gasto, soportó cerca del 60% del ajuste fiscal. Además de pronunciar la recesión existente, no facilita la sostenibilidad del crecimiento futuro. Es el caso de la inversión en infraestructuras educativas que ha caído a la mitad desde 2009, o las sanitarias que lo han hecho en un 37%, como señala un documento del IVIE.

Son exponentes no solo de respuestas inadecuadas a la crisis de la deuda soberana que sufrió la eurozona a partir de 2010, sino también de elecciones erróneas en el ajuste del gasto público. Un sacrificio tan severo en ese tipo de inversiones limita la capacidad de crecimiento, pero al centrarse en partidas como la educación y la sanidad, también lo hace con las más inmediatas posibilidades de bienestar para la mayoría de la población. En una economía con una de las tasas de paro más elevadas de Europa y con la mayor proporción de jóvenes desempleados, sacrificar la educación es hacerlo con las posibilidades futuras de empleo. En mucha mayor medida si tomamos en consideración las exigencias de adaptación de las habilidades y competencias del factor trabajo a las transformaciones tecnológicas que están teniendo lugar en el conjunto de la economía global. De poco sirve saludar ritmos de crecimiento actuales si estos siguen amparados básicamente en impulsos externos o en salarios más bajos que los competidores: es pan para hoy y estancamiento para mañana.