Tiempo de reformas

La correlación de fuerzas parlamentarias que arrojó el resultado electoral del 21 de diciembre pasado en Cataluña invita a imaginar que, en los próximos meses, será nuevamente el proceso de normalización institucional en Cataluña y las consecuencias que del mismo pudieran derivarse los elementos que ordenarán, otra vez, las prioridades de las agendas políticas más relevantes. Desde fuera de Cataluña, no resulta fácil aceptar que el grupo de dirigentes que quiso materializar un proyecto de independencia planteado sin contar con una mayoría suficiente, de forma unilateral y violentando la legislación vigente, estén de nuevo en disposición de poder sumar el número de escaños suficientes para formar gobierno y presidir la Generalitat.

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Editorial | La desconexión

Sin restar importancia a los resultados electorales que ha obtenido Ciudadanos, parece obvio que Cataluña será gobernada por una mayoría parlamentaria independentista que ha diseñado su programa político en torno a la idea de lograr la restitución de los miembros del Govern, desalojados de sus responsabilidades tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Con todo, la conformación del nuevo Gobierno catalán no resultará tarea sencilla. De hecho, habrá tensiones internas considerables entre los sectores independentistas si, como parece, persiste la voluntad de Carles Puigdemont de aspirar de forma incondicional a presidir la Generalitat. Veremos si esta opción resulta viable sin recurrir para ello a fórmulas parlamentarias contrarias a la legalidad vigente que exigirían, de nuevo, una respuesta contundente por parte del Estado.

Más allá de cómo vaya evolucionando la realidad política de Cataluña, parece claro que los resultados del 21-D desmienten aquellos análisis políticos de quienes creían que las soluciones judiciales permitirían encauzar la crisis política de más envergadura a la que se enfrenta España y, además, confiaban en estas últimas elecciones como instrumento para resolver con claridad el mapa de preferencias políticas de los ciudadanos catalanes. Quienes así pensaban es obvio que se han equivocado.La fortaleza del Estado de derecho pasa necesariamente por hacer cumplir la ley, pero como estrategia política para ordenar la solución a problemas de estructura territorial del Estado resulta insuficiente. De ahí que sea imprescindible, también, mostrar cierta capacidad para rediseñar proyectos políticos que ilusionen y conciten en torno a ellos amplias mayorías, en Cataluña y fuera de ella.

La realidad política y social que deja Cataluña tras las elecciones se impone para todos y, nos guste o no, nos permite evaluar la solvencia de las estrategias que han sido exploradas hasta la fecha. Desde este planteamiento, resulta valiente la referencia del Rey cuando, en su discurso de Nochebuena, señaló que “nadie desea una España paralizada o conformista, sino moderna y atractiva (...). Una España serena, pero en movimiento y dispuesta a evolucionar y adaptarse a los nuevos tiempos”. Se trata, a nuestro entender, de una invitación inteligente a afrontar algunos cambios más que necesarios. ¿Será 2018 tiempo de reformas? Ojalá.