El Parlament recurrirá la aplicación del 155 al Tribunal Constitucional

La Diputación permanente del Parlament, el máximo órgano de gobierno de la Cámara en el compás entre dos legislaturas, ha aprobado este miércoles presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la aplicación del artículo 155 que supuso la destitución de Carles Puigdemont y de todo su Gobierno. La decisión ha prosperado con 11 votos a favor (nueve de diputados independentistas y dos de Catalunya sí que es Pot), siete en contra (de Ciudadanos, PSC y PP) y la abstención de la diputada de la CUP. La reunión se ha celebrado a propuesta de Junts pel Sí en base al dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias que, el pasado 6 de diciembre, emitió un informe en el que avaló la convocatoria de las elecciones del 21 de diciembre pero no así el relevo del gabinete al considerar que esa medida es "inconstitucional" por no respetar "los principios de gradualidad y de proporcionalidad".

La decisión adoptada tiene un carácter simbólico al haber presentado ya la coalición Unidos Podemos, justo al principio de la campaña electoral, un recurso contra el mismo artículo. La sesión ha vuelto a reflejar la división de la cámara respecto al conflicto soberanista al sostener los diputados independentistas y los de Sí que es Pot que la suspensión de la autonomía supuso una medida lesiva contra el autogobierno no contemplada en la Constitución mientras los partidarios del artículo 155 han defendido que era la única fórmula para acabar con la vía unilateral.

La Diputación permanente está integrada por 22 parlamentarios de acuerdo con los resultados de las elecciones del 27 de septiembre de 2015 y cuenta con mayoría soberanista. Lluís Maria Corominas, portavoz de Junts pel Sí, ha sostenido que el Gobierno de Rajoy abusó de sus prerrogativas al realizar una lectura extensiva del artículo que no preveía ni la destitución del Govern ni la disolución del Parlament. Corominas ha alegado que el Estado urdió una "conspiración" para acabar con el autogobierno y se refirió a las palabras de Soraya Saénz de Santamaría en campaña cuando afirmó que Mariano Rajoy había "descabezado" a ERC y al PDeCAT: "Han usado el artículo para liquidar el Gobierno y encarcelar a nuestros políticos", ha dicho, aunque las decisiones de dictar prisión provisional para algunos dirigentes independentistas por la posible comisión de delitos fueron dictadas por un juez y son por completo independientes de la aplicación del artículo 155.

Marta Ribas, diputada de Catalunya sí que es Pot, ha dado apoyo en coherencia con el recurso que ya presentó Unidos Podemos y con la máxima que defienden resumida en esta idea: "Ni DUI ni 155". "El 155 no nos ha llevado al diálogo", ha afirmado pidiendo su suspensión inmediata y advirtiendo de que dan apoyo también al recurso ante el riesgo de que el Gobierno aplique la medida contra aquellas comunidades autónomas que no sean complacientes con el Gobierno del PP. Gabriela Serra, de la CUP, atribuyó su abstención a que no creen en el Tribunal Constitucional y afirmó que el Gobierno dio un golpe de Estado. "Este país, con el movimiento de desobediencia más grande que ha habido, cambió el 1 de octubre", ha dicho.

Frente a esta visión, Carlos Carrizosa, portavoz de Ciudadanos, ha lamentado que sea la Diputación permanente y no el nuevo Parlament el que dirima si se debe presentar el recurso al entender que se están ignorando las nuevas mayorías surgidas de las elecciones si bien los grupos independentistas volverán a tenerla en el hemiciclo. "¿Qué había que hacer sino aplicar la democracia y hacer elecciones?", se ha preguntado de forma vehemente. Y ha desplegado el prólogo de su papel en la próxima legislatura como primera fuerza. "No vuelvan a hacerlo. Aprendan la lección. Van a encontrarnos de frente: vamos a pelear por los derechos y la democracia. Y que sea la última vez que se reúne para habar del monotema".

La legitimidad del Constitucional

Miquel Iceta ha utilizado un tono más conciliador que el de Carrizosa y ha celebrado que la legislatura empiece de forma muy distinta que como empezó la anterior: presentando un recurso al Constitucional cuando la que surgió del 27-S se inició negando la legitimidad del Alto Tribunal. "Ante la flagrante violación de las leyes no se cómo se podía haber parado. Esta es una buena manera de empezar la legislatura. Ha habido un fracaso absoluto de la vía unilateral", ha constatado. El popular Alejandro Fernández ha solicitado a los diputados que no se vean como "enemigos" por pensar diferente. "Mi padre es muy de derechas y mi madre muy de izquierdas. Son asturianos y ninguno se niega esa condición", ha puesto a título de ejemplo. Tras acusar a Junts pel Sí de cierto carácter "bipolar" por recurrir a veces al Constitucional y otras denostarlo, Fernández, en la línea de Iceta, ha celebrado que presenten el recurso. "Es un reconocimiento implícito al TC y a su legitimidad".

El dictamen de Garantías Estatutarias, que fue aprobado por siete votos a favor y uno en contra, sostiene que una vez disuelto el Parlament no era una medida "necesaria o indispensable" la destitución del Govern y que, por tanto, el Ejecutivo de Mariano Rajoy podía haber optado por otras menos restrictivas y a la vez compatibles con la eficacia de este mecanismo”. "El Senado", agrega, "no imponía los ceses sino que únicamente los autorizaba y, por lo tanto, el Gobierno no estaba obligado a utilizarlos, y menos aún, de forma inmediata”.

La fecha de la constitución del nuevo hemiciclo la fijará en esta ocasión Mariano Rajoy y debe celebrarse en los 20 días hábiles tras las elecciones. El plazo expira el 23 de enero. En esa sesión se elegirán a los miembros de la Mesa y al presidente de la cámara, que abrirá consultas con los líderes de cada partido y convocará el pleno para el debate de investidura, que deberá celebrarse antes de 10 hábiles desde que se constituya la cámara.