¿Quién teme al Estado federal?

Se debatía en las Cortes de 1931, con la vista puesta en la ya entonces famosa cuestión catalana, la definición del Estado cuando los diputados convinieron en suprimir aquello de que España era una República de “tendencia federativa”, expresión que a Manuel Azaña le parecía una desdicha. “¿Qué es una Constitución que tiende a ser algo y no llega a serlo?”, se preguntaba. Al fin, los diputados optaron por definir la República como un Estado integral, en el que eran compatibles, como dijo Jiménez de Asúa, junto a la gran España, las regiones, cada una de ellas recibiendo “la autonomía que merece por su grado de cultura y de progreso”.

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La experiencia se repitió en los mismos términos y por idéntica cuestión décadas después, cuando en 1977 los diputados de las Cortes autodeclaradas constituyentes acometieron con la técnica empleada por sus predecesores republicanos la tarea de organizar territorialmente el Estado. Distinguieron, a instancia de los diputados catalanes, lo que en 1931 se denominó regiones de las nacionalidades. Como entonces, nadie sabía en qué vendría a acabar aquella segunda experiencia de una Constitución que, sin decirlo, era también de tendencia federativa.

En los años treinta nunca llegaron a saberlo. Ahora, sí; ahora ya lo sabemos. Una Constitución que no define claramente las competencias y que deja la solidaridad entre las comunidades autónomas al albur de las políticas de los partidos, acaba transformándose en una fuente de conflictos y discordias interminables. Primero, entre el Estado que tiende a ser federal pero no llega a serlo y cada una de sus comunidades; y además, entre los partidos que gobiernan esas comunidades, afectados todos del prurito de marcar diferencias identitarias o de alimentar rencores y emulaciones.

Son muchos años y al fin todos los poderes territoriales del Estado están constituidos. Si otros fueran los hábitos políticos, quizá los partidos que hoy se presentan al veredicto de las urnas en Cataluña situarían como cuestión prioritaria abrir el camino de una reforma constitucional que acabara convirtiendo de una buena vez este Estado de tendencia federal en un Estado federal. Capital académico y saber técnico no falta para la empresa, pero, lamentablemente, el empecinamiento de los partidos catalanes en sus posiciones de ruptura y quiebra de la Constitución no permite abrigar ninguna expectativa razonable.