Hechos, no palabras

Acertaba Mariano Rajoy al afirmar, tras una visita al Centro Nacional de Investigaciones Cardiológicas en 2014, que “la generación de conocimiento es esencial para el progreso económico, social, cultural e intelectual de una sociedad”. Entonces anunció una apuesta clara por la ciencia en cuanto se superara la crisis. El problema es que los hechos no se han correspondido con sus palabras. La crisis ha quedado atrás y sin embargo el sistema científico español vive momentos de angustia y depresión. La falta crónica de recursos y una burocracia castradora que llega a límites ridículos están a punto de echar a perder el esfuerzo que se había hecho para reducir la brecha que nos separaba de Europa.

La distancia es cada vez mayor. La inversión en I+D ha retrocedido en España a niveles de hace diez años. Entre 2009 y 2016 ha caído un 9,1%, mientras en Reino Unido o Alemania crecía un 39,3% y un 37,9%, respectivamente. En estos momentos apenas dedicamos un 1,19% de nuestro PIB a I+D, cuando la media europea es del 2,03%. La inversión privada siempre ha sido raquítica en España. Es preciso incentivar la innovación en el sistema productivo, pero mientras tanto resulta de vital importancia aumentar la inversión pública, que desde 2009 ha caído un 12%.

El resultado es que organismos públicos y universidades pierden efectivos y competitividad internacional. De seguir así, nunca podremos equipararnos a nuestros socios comunitarios pese a disponer de uno de los activos más preciados: una comunidad científica bien preparada y con altas capacidades competitivas. La participación de equipos españoles en programas de investigación internacional ha pasado del 32% en 2003 al 46% en 2015. Gracias a ese esfuerzo y a las inversiones anteriores a la crisis, España ha llegado a situarse como octava potencia mundial en investigación, pero esa posición está ahora seriamente amenazada. Con plantillas sobrecargadas y envejecidas, el sistema apenas tiene margen para la reposición y la renovación generacional.

A ello hay que añadir unas trabas burocráticas que agravan la situación. La ciencia debe ser evaluada, por supuesto. Pero la rigidez en el cumplimiento de los objetivos de déficit se ha traducido en unos mecanismos de control del gasto que constriñen el desarrollo científico. El Gobierno ha mostrado una alarmante falta de sensibilidad al clamor de la comunidad científica. Miles de investigadores trabajan con contratos temporales en proyectos sometidos a una gran incertidumbre por las absurdas reglas que Hacienda impone para controlar el gasto. La intervención previa se aplica de una manera tan torpe y rígida que algunos años se han dejado de gastar hasta la mitad de los créditos y fondos asignados. Y algunos equipos están perdiendo financiación externa obtenida en concursos internacionales por esas mismas trabas.

No hay mayor muestra de inutilidad en la gestión que tener pocos recursos y además no saberlos gastar. El Gobierno debe tomar conciencia del daño que esta política está haciendo al sistema científico español y corregir de inmediato una desidia que pagaremos todos muy cara.