Lección de Argentina

La condena a cadena perpetua de varios responsables de los tristemente célebres vuelos de la muerte constituye un importante acto de justicia y a la vez es demostración práctica del porqué toda democracia —en este caso la argentina— debe perseguir incansablemente los crímenes contra la humanidad para evitar que queden impunes.

El macrojuicio celebrado en Buenos Aires —el mayor de la historia del país sudamericano— ha demostrado sin lugar a dudas la participación de 29 de los acusados en un cruel y sistemático exterminio de personas ejecutado durante la dictadura militar argentina (1976-1983). Cada miércoles, presos políticos a cuyas familias no se informaba siquiera de su condición de detenidos, eran drogados, desnudados e introducidos en aviones de carga desde los que, a gran altura, eran arrojados vivos al mar. El juicio ha demostrado 789 casos, pero por la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) de Buenos Aires pasaron alrededor de 5.000 personas de cuya inmensa mayoría no se ha vuelto a saber nada. La espeluznante cifra de desaparecidos de la dictadura ronda los 30.000, y no podemos olvidar que entre ellos se encuentran también ciudadanos españoles.

En los 40 años transcurridos desde los asesinatos se han dado todo tipo de circunstancias que han hecho creer justificadamente a los familiares de las víctimas y a todos los demócratas argentinos que jamás verían a los responsables de estos crímenes rendir cuentas ante la justicia. Además de que algunos de los culpables murieron en este periodo, las leyes de Obediencia Debida (1987) y de Punto Final (1986) constituyeron un golpe durísimo porque permitían que quedaran impunes los ejecutores materiales de los crímenes. Es de justicia reconocer al expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) su empeño en corregir esta situación al lograr que el Congreso argentino otorgase rango constitucional a la Convención de la Naciones Unidas sobre imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad y derogara las polémicas leyes.

Con esa puerta abierta, la Justicia argentina ha podido investigar y realizar un proceso que ha durado cinco años en el que los acusados han gozado de todas las garantías jurídicas que otorga una democracia, algo que ellos negaron a sus víctimas. La sentencia es además muy importante porque demuestra la existencia de un plan sistemático —casi industrial— de asesinato de personas cuyo único delito era la disidencia ideológica y ha mostrado el silencio permisivo, cuando no la connivencia, de numerosos estamentos de la sociedad argentina ante lo que ha sido uno de los crímenes más atroces cometidos en Latinoamérica en el siglo XX.

Nada devolverá la vida a las víctimas ni los años de lucha a sus familiares, pero con esta sentencia Argentina envía un importante mensaje al mundo: no habrá jamás impunidad para los violadores de los derechos humanos.