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Eternos secretos que matan

Mientras en Reino Unido y Suecia el plazo para desclasificar los secretos oficiales es de 30 y 40 años, en España el plazo es eterno

Escombros de edificios destruidos tras un ataque aéreo dirigido por la coalición de Arabia Saudí en Sanaa.
Escombros de edificios destruidos tras un ataque aéreo dirigido por la coalición de Arabia Saudí en Sanaa.

Hoy se cumple un año desde que el Congreso de los Diputados aprobó, con la abstención del PP, Ciudadanos y parte del Grupo Mixto, tomar en consideración una Proposición de Ley del PNV que modifica la Ley de Secretos Oficiales de 1968. La propuesta pretende abrir un melón que no puede seguir cerrado, estableciendo un plazo entre 10 y 25 años para desclasificar las materias que el Consejo de Ministros determine como secretas y reservadas y que el Congreso y el Senado puedan acceder a las consideradas materias clasificadas. Pero esta ley no necesita solo un lavado de cara, sino una reforma integral para adecuarse a los estándares democráticos actuales.

La palabra transparencia no puede estar presente solo en mítines y programas electorales, debe traducirse en medidas concretas, empezando por la reforma de esta ley. La campaña Armas Bajo Control, formada por Greenpeace, Oxfam, Amnistía Internacional y FundiPau, tiene una pregunta para dos partidos a los que les gusta mucho usar la palabra transparencia, PP y Ciudadanos: ¿Por qué no quieren avanzar en transparencia y bloquean el debate de esta iniciativa?

Desde febrero de 2017, la Mesa del Congreso, con los votos favorables del PP y C’s, así como del Grupo Mixto en ocasiones, acuerda prorrogar semanalmente el plazo de presentación de enmiendas. En la práctica, esto hace que no se pueda avanzar y poner fin a una anomalía que impide la transparencia, una rendición de cuentas apropiada y adecuar esta ley a los estándares internacionales de derechos humanos.

Hemos formulado esta pregunta a diversos diputados del PP y C’s a través de la Plataforma OsOigo para que permitan el debate de la reforma de esta ley y acabar con los secretos que matan.

Las oenegés somos conscientes de que los Estados tienen el derecho y la obligación de regular la clasificación de ciertas materias como secretas. Pero, ¿cómo puede ser que haya catalogaciones genéricas y expedientes enteros como la política exterior, de defensa y comercial que puedan ser secretos íntegramente y de por vida?

Hemos presentado propuestas de enmiendas a los grupos parlamentarios para aprovechar esta reforma de la Ley de Secretos Oficiales, de modo que garantice el principio general de transparencia, la legalidad de toda limitación y la interpretación restrictiva de dichas limitaciones, obligando a motivar la consideración de cualquier materia como “secreta” y “reservada” y evitando las catalogaciones genéricas. Además, la reforma debe asegurar que las decisiones gubernamentales sean públicas y recurribles ante la justicia y que no se limita el acceso a información para prevenir, reducir o investigar abusos y violaciones de derechos humanos.

En 1987, el Gobierno español se amparó en la Ley de Secretos Oficiales para declarar secretas las actas del organismo que regula la venta de armas. Así, el Ejecutivo adoptó la vía del secretismo para no rendir cuentas de sus operaciones. Esa decisión impide, por ejemplo, que el Congreso pueda saber por qué España ha vendido armas, incluidos aviones y munición, a Arabia Saudí desde que una coalición internacional empezó a bombardear Yemen en marzo de 2015. Todo ello pese a que se hayan documentado numerosos bombardeos ilegales de mercados, escuelas y hospitales, algunos de ellos presuntos crímenes de guerra. Además de que más de 5.000 civiles hayan muerto en esta guerra, que Yemen se encuentre al borde de la hambruna, la epidemia de cólera desatada por la destrucción de las infraestructuras afecte a casi un millón de personas y siete millones de personas dependan de la ayuda humanitaria a raíz del bloqueo ilegal saudí de Yemen.

En un reciente informe hemos pedido el cese de estas ventas de armas, por el riesgo manifiesto de que se puedan utilizar para cometer atrocidades en la guerra de Yemen. Son exportaciones autorizadas, pero ilegales, porque violan la legislación española, europea e internacional. A menos que las actas del organismo regulador del comercio de armas dejen de ser secretas, es imposible saber cómo evaluó el Gobierno el riesgo de que las armas exportadas a Arabia Saudí se puedan emplear para cometer o facilitar crímenes de derecho internacional.

La reforma de la Ley de Secretos Oficiales es urgente, para dejar de hacer válido aquello de “Ojos que no ven, corazón que no siente”. Con sus decisiones sobre exportación de armas amparadas en esta Ley, España podría ser cómplice de violaciones graves de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, amparadas en un secreto eterno.

María del Pozo, Sara del Río, Jordi Armadans, Paula San Pedro son responsables y Alberto Estévezcoordinador de la campaña Armas Bajo Control en Amnistía Internacional, Greenpeace, Fundipau y Oxfam Intermón.

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