Aclaraciones necesarias

Las inquietantes actividades cibernéticas detectadas en territorio ruso para interferir en la crisis catalana tienen que ser explicadas por el Gobierno español. Y el mejor marco para hacerlo es el Parlamento. Los socialistas han solicitado que los detalles sobre el aluvión de cuentas utilizadas para sembrar la Red de noticias favorables al independentismo se ofrezcan en el seno de la comisión de Gastos Reservados, en la que se informa de los secretos oficiales. Y proponen que sea la vicepresidenta y máxima responsable del CNI, Soraya Sáenz de Santamaría, quien comparezca.

Por su propia naturaleza, esta comisión ofrece el necesario marco de confidencialidad para que los diputados conozcan el alcance de las operaciones alentadas desde portales prorrusos con el propósito de interferir en el procés. El Gobierno tendrá ocasión de desgranar, sin poner en riesgo la seguridad nacional, tanto la procedencia como la finalidad del enorme incremento en el tráfico en las redes sociales con mensajes destinados a emborronar la reputación de España y su credibilidad democrática.

Los ministerios de Defensa y Exteriores han confirmado la injerencia extranjera a través de redes digitales ubicadas en Rusia y Venezuela. Ante la amplitud de la amenaza que para España, y por extensión para toda Europa, supone la circulación en Internet de noticias falsas disfrazadas de aparente veracidad, el Gobierno debería utilizar todos los medios tecnológicos a su alcance para poner al descubierto estas prácticas.

No es suficiente situar el radar en territorio ruso, cuyo régimen utiliza la desinformación como arma de influencia política. Las amenazas pueden llegar desde cualquier país con capacidad para intentar deteriorar los valores democráticos imperantes en Europa. La UE precisa un eficiente escudo defensivo para contener estas oleadas.