Combatir la desinformación

Finalmente, y ante la avalancha de evidencias, el Gobierno de Mariano Rajoy ha confirmado el bombardeo de noticias falsas lanzado desde portales de Internet ubicados en territorio ruso y venezolano. El objeto de esta actividad hostil en la Red no ha sido otro que tratar de erosionar los valores y las instituciones españolas y europeas. Un hecho que, desgraciadamente, no es nuevo de un tiempo a esta parte.

Después de suceder en otros países occidentales, desde el pasado 1 de octubre, nuestro país ha sido puesto en el punto de mira del ciberactivismo dirigido. Es fácil de comprobar. La proliferación de noticias tergiversadas sobre Cataluña ha experimentado un incremento tan elevado como sospechoso, tal y como han puesto reiteradamente de manifiesto las informaciones publicadas por EL PAÍS. Ante estos hechos, los ministerios de Exteriores y Defensa de España han recabado datos que avalan la injerencia informativa de redes sociales relacionadas con Rusia para azuzar la llama de la crisis catalana y contribuir así a una peligrosa desestabilización de Europa.

Asistimos a un nuevo e incierto escenario de las relaciones internacionales, en las que Internet está desempeñando un papel cada vez más decisivo y donde reina la confusión sobre los límites en los que empiezan y terminan las responsabilidades de los ciudadanos y de los Gobiernos. Las reglas de juego vigentes durante décadas han cambiado con la irrupción de los medios digitales.

La pasividad simplemente no es una opción. Urge adoptar medidas de protección que impidan, en primer lugar, que este tipo de acciones hostiles sigan sucediendo y, en segundo término, prevenir nuevas estrategias en un futuro próximo. Por eso es particularmente importante que, consciente del impacto de esta estrategia comunicativa rusa, la Unión Europea haya acordado ampliar los recursos económicos para combatir la propaganda difundida por agentes de la zona de influencia del Kremlin.

En paralelo, y dentro de nuestras fronteras, resulta perentorio que —una vez reconocida la existencia de la campaña de noticias falsas sobre Cataluña— el Parlamento investigue debidamente lo sucedido. Se trata de una agresión a la que no puede darse carpetazo sin más.