Pensiones, nuevo aviso

La OCDE acaba de lanzar una advertencia grave sobre los peligros que acechan al sistema español de pensiones. Debido al rápido envejecimiento de la población, a la precariedad laboral y a un sistema de protección en el que los trabajadores dependen poco de los ingresos que obtuvieron durante su vida laboral, es probable que en el futuro las prestaciones caigan y exista una mayor desigualdad en los ingresos de los pensionistas. Es un riesgo de crisis ya diagnosticado —los jóvenes tienen dificultades crecientes para trabajar, los ingresos por cotizaciones disminuyen, las nuevas pensiones son siempre más caras que las anteriores—, pero que la OCDE pone en primer plano con el énfasis de una alarma inminente.

La crisis de las pensiones no afecta solo a España, pero aquí el problema es más grave: es el segundo país más envejecido del mundo (detrás de Japón) y, por lo tanto, el periodo de prestación es largo; la precariedad es más acusada, lo cual favorece un aumento de la desigualdad y eleva el riesgo de pobreza, y la legislación no ha reaccionado con suficiente presteza para afrontar el desafío de la pirámide de edad y de la caída en la calidad del empleo. La reforma del sistema aprobada por el Gobierno es insuficiente; no ha logrado ampliar la edad de jubilación con suficiente contundencia ni frenar la caída de ingresos del sistema. Subir el 0,25% la prestación equivale a transigir con una pérdida sostenida del poder adquisitivo sin garantizar la suficiencia financiera.

Mientras la OCDE lanza su advertencia, las mesas de negociación para reformar el sistema permanecen casi en hibernación. Sus poquísimos avances, lastrados por la situación política, son incompatibles con el empeoramiento acelerado de la solvencia financiera y los ingresos de los pensionistas. El Gobierno y los agentes sociales tienen que entender que las pensiones atraviesan por un momento crítico y actuar en consecuencia.